El Banco de España (BdE) ha proporcionado recientemente datos que apuntan el incremento de los hogares que recurren a créditos al consumo para afrontar sus compras, ante el contexto actual de inflación persistente, tanto para hacer frente al coste de las vacaciones, costumbre cada verano, como para afrontar pagos habituales, deudas pendientes o acceder a bienes y servicios básicos.

Muchos de esos hogares, a no dudar, están teniendo que recurrir a un endeudamiento mayor que el que pueden soportar, y aún no se ha iniciado el curso. Pero también hay hogares en los que se recurre a los créditos porque este recurso ha formado patrones consumistas en épocas de “bonanza” cuando se alentaba a la adquisición de productos y servicios dando la falsa idea de que todo es una necesidad.

Ahora la clase política anda con “pies de plomo” con sus mensajes futuristas, aunque eso sí, evita en lo posible augurar malos tiempos para las economías domésticas por las posibles subidas de tipos de interés, por la continuidad de la economía de guerra en Europa, que se sabe cuando empezó pero no cómo ni cuando acabará, y por los desastres que la cambiante climatología están marcando tendencia. Cuesta, cuesta mucho alertar a las familias a que bajen sus niveles de consumo, y que, como las hormigas, ahorren lo que se pueda. Y es que cualquier sector afectado les salta a la yugular, vean sino el triste ejemplo con el rebote por el Real Dº sobre ahorro energético.

El BdE ya alertó en mayo del 2020 (en pleno confinamiento) que las familias afectadas por la crisis del covid 19 iban a dejar de pagar sus créditos financieros, y en efecto, se acentuó más el número de personas que pasaban a situación de “vulnerabilidad y de pobreza”. Y es que no aprendemos. Esta nueva situación del 2022 podría comprometer la capacidad de pago de las deudas pendientes de las familias por todo lo expuesto más arriba y si bien es demandable al Gobierno español y gobiernos autonómicos que promuevan medidas de apoyo para las familias con rentas más bajas, al resto nos toca frenar ante ciertos consumos no básicos, porque las consecuencias jurídicas en caso de impagos o retrasos son demoledoras.