Hemos comenzado el nuevo año, como es tradicional, con la subida de precios en consumos y servicios que, por lo general, poco o nada tienen que ver con la carestía ni de materias primas ni de otras coyunturas. Caso de los seguros, peajes, servicios bancarios y demás que suben sin justificación alguna. Por otra parte, el Real Decreto-Ley 8/2023 del 27 de diciembre recoge un paquete de medidas económico-sociales, y que sus autores llaman de “choque” (por eso lo de escudo social) para continuar los intentos de paliar la cascada inflacionista devenida por los conflictos bélicos y la sequía impenitente.

De momento, y como el papel oficial todo lo aguanta, el Decreto-Ley marca la pauta en muchos ámbitos esenciales para las personas vulnerables (desahucios, transportes públicos, bonos sociales de electricidad y gas, o interrupción por impago de suministros energéticos...).

Es reseñable el que se amplíe a 2024 la suspensión de todas las comisiones de amortización anticipada de créditos hipotecarios a tipo variable y la conversión a tipo fijo y se amplía la gratuidad a las conversiones de tipo variable a mixto. Una vez que finalice esta medida, se extenderá el techo permanente del 0,05% que limita las comisiones aplicables a cambios de hipotecas de tipo variable a fijo, de forma que incluyan también los cambios a hipotecas a tipos mixtos. Asimismo, se eliminan las comisiones por retirada de efectivo en ventanilla para mayores de 65 años y personas discapacitadas, a través de la modificación del artículo 35 del Real Decreto-ley 19/2018, del 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera.

Queda por saber cuándo van a intervenir en el sector de la alimentación que, pese al Decreto anterior, las grandes distribuidoras han elaborado a su gusto en su particular menú de dieta sin aceite, carne o pescado.