En la carretera, grandes carteles informan a los visitantes sobre la naturaleza del territorio en el que se adentran. «Aquí seguimos construyendo la Nueva Colombia», anuncia uno de ellos. De fondo, imágenes de hombres y mujeres vestidos con uniformes verde oliva. Todos llevan la misma firma: “Bloque occidental Jacobo Arenas”, nombre de la unidad militar perteneciente a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) que actúa en la zona. Ni la Policía ni el Ejército están presentes en el lugar. Por todas partes, hombres y mujeres jóvenes portan discretamente un arma cuya empuñadura sobresale de sus pantalones vaqueros. Son milicianos, las unidades urbanas de la guerrilla. «Bienvenidos a este territorio liberado», anuncia con toda seriedad Tomás, miembro de la organización armada.

Estamos en la vereda de Betulia, a varios kilómetros de Popayán, la capital regional del Cauca (sur de Colombia). En esta zona tuvieron lugar, en diciembre de 2023, las negociaciones entre Bogotá y la guerrilla de las FARC-EP conocida como el EMC (Estado Mayor Central), el mayor grupo disidente aún activo tras los acuerdos de paz firmados en 2016. En marzo de 2023, el presidente Gustavo Petro anunciaba la apertura de negociaciones con este grupo liderado por Iván Mordisco. La organización rebelde seguía así los pasos del Ejército de Liberación Nacional (ELN), con el que Bogotá había iniciado conversaciones en 2022. Primer líder de izquierdas que llega al poder por las urnas en Colombia, Gustavo Petro tiene entre sus muchos proyectos el ambicioso plan “Paz Total”, que pretende negociar una salida política para todos los grupos armados del país, incluidas las guerrillas políticas, los cárteles de la droga y los paramilitares. El objetivo es sacar a Colombia de la espiral de violencia que lo asola desde hace varias décadas.

SEGUNDA MARQUETALIA Y EMC

Dos grupos insurgentes se proclaman herederos de las históricas FARC-EP en el país. Está el autodenominado grupo Segunda Marquetalia, que tiene la particularidad de reunir a antiguos firmantes de los acuerdos de paz, en particular a Iván Márquez, quien lideró las negociaciones en La Habana. Y luego está el EMC. Este último es el más antiguo de los grupos disidentes y el que ha crecido más rápido. Las autoridades calculan que actualmente cuenta con unos 3.500 miembros repartidos por 22 de los 32 departamentos de Colombia.

«El EMC es un apodo que nos han puesto los medios de comunicación, nosotros somos las FARC-EP», corrige amablemente Sebastián Martínez, miembro de la delegación de paz de la guerrilla el pasado diciembre. Y explica que «hubo una ruptura con el anterior secretariado de las FARC-EP por un desacuerdo con el anterior proceso de paz, que llevó a una separación, pero seguimos siendo los mismos, con el mismo funcionamiento interno». Aunque sostiene que hay continuidad, Sebastián Martínez reconoce que la organización está en una fase de «reconstrucción». «En 2016, muchos guerrilleros salieron de zonas que luego fueron ocupadas por paramilitares o el ELN, y ahora se trata de volver a posicionarnos en esos territorios donde estaba nuestra base social».

Hasta ahora, el principal objetivo de la guerrilla ha sido retomar todas las facciones “disidentes”, aún activas en el territorio, e integrarlas bajo un mando único cuyo máximo representante es ahora Iván Mordisco -cuyo verdadero nombre es Néstor Gregorio Vera Fernández-. Esta labor de unificación se ha intensificado en los últimos años, mediante alianzas y violencia, pero sigue inconclusa. El EMC, alias FARC-EP, sigue siendo una amalgama de diferentes estructuras armadas vinculadas entre sí.

Además de esta búsqueda de homogeneidad, la organización también se ha repolitizado al haber perdido a muchas de sus figuras intelectuales tras los acuerdos de La Habana. Caicedo Ríos, que ahora tiene 50 años, ingresó en la guerrilla cuando era un adolescente. Figura de autoridad, insiste en que el EMC conserva la brújula política de antaño. «Somos un Partido Comunista en armas». Ríos señala que el estudio sigue siendo obligatorio para todos los nuevos reclutas guerrilleros, la mayoría muy jóvenes, y es que no solo es importante la preparación física o militar. «Es lo que llamamos el guerrillero integral», dice. A esto se suma el trabajo dirigido a las poblaciones rurales que forman la base de apoyo a la organización. «¿Qué hacemos en las regiones? Construimos hospitales, carreteras, escuelas y proyectos agrícolas. Todo, junto con las comunidades».

En la propia Betulia, los guerrilleros actúan como máxima autoridad. Una mañana convocan a todos los habitantes a una reunión en el salón más grande del pueblo para responder a las diversas quejas que han recibido. Tras hacer una lista de los presentes, comienza la reunión y las discusiones se centran en la gestión cotidiana: la recogida de basuras, la construcción de un canal de agua, el aparcamiento de coches y la hora de cierre de los bares. «La música hasta altas horas de la noche no es aceptable, hay niños que duermen y van al colegio al día siguiente», argumenta uno de los representantes del grupo armado en el estrado. Muchos de los milicianos de la organización son jóvenes, inexpertos e indisciplinados, de ahí que se insista en que incluso los guerrilleros deben acatar las normas. No se admiten excepciones: «Si alguien dice que conoce al comandante, que no hay problema, que pueden seguir vendiendo alcohol porque él está allí... ¡no es verdad! No hay ningúna excepción», aseguran.

¿Por qué los actuales dirigentes del EMC han decidido negociar con Bogotá tras rechazar el proceso de paz de 2016? «Nunca hemos abandonado la idea de una solución política negociada; es un principio consagrado en nuestros estatutos», afirma Sebastián Martínez. Sin precedentes, la guerrilla se enfrenta ahora a un Gobierno de izquierdas. Aunque este acercamiento ideológico crea «un ambiente más propicio para el diálogo», como reconoce el combatiente, también coloca a la guerrilla en una posición delicada frente a su propio campo político. «El Gobierno de Petro es reformista, pero nosotros somos revolucionarios», señala Martínez, que añade: «Cuando la izquierda llega al poder tiende a anestesiar al movimiento social, que tiene miedo de estorbar al Gobierno».

LA DIFERENCIA ESTÁ EN EL DESARME

Por otro lado, Martínez afirma que el papel de la guerrilla es mantener la presión sobre el nuevo Gobierno para conseguir las reformas más profundas posibles, «pero la cuestión principal es hasta dónde permitirá la derecha que llegue este Gobierno con sus reformas». ¿Cuál es la diferencia entre las negociaciones de hoy y las de 2016? Las armas. A diferencia de la experiencia anterior, el EMC no se desarmará antes de asegurarse que se respetan los acuerdos. «El fusil y el uniforme no nos pertenecen, son del pueblo», señala Caicedo Ríos, «no tenemos derecho a ponerlos en juego, esas armas son garantías».

A diferencia del equipo negociador creado por el presidente Juan Manuel Santos hace unos años, integrado esencialmente por personas próximas al partido en el poder, Petro ha creado un equipo variopinto compuesto por personas de izquierdas e importantes personalidades de la derecha colombiana y del mundo empresarial. Es una forma de neutralizar las críticas que recibe del sector conservador, que a menudo le recuerdan su pasado insurgente, cuando él mismo formó parte de la guerrilla del M-19.

«Con toda la animadversión que se expresa contra él, Gustavo Petro ha pagado un precio político muy alto por haber liderado este proyecto de paz», argumenta Yezid Arteta, miembro del equipo negociador del Gobierno para los diálogos con las FARC, quien nos dio cita en un pequeño local de Bogotá. A sus 64 años, este hombre conoce bien la organización. Perteneció a ella durante un tiempo y estuvo preso 10 años por rebelión. «Los primeros acuerdos de paz fueron buenos, el problema es que no se aplicaron», resume. Más de 350 excombatientes han resultado muertos desde 2016, según la ONU. En cuanto a los demás, muchos sobreviven en condiciones precarias o en aislamiento, lo que ha alimentado un sentimiento de abandono o incluso de «traición» por parte de las autoridades.

Yezid Arteta prosigue: «Lo principal de mi trabajo es convencer a las FARC de que esta vez la voluntad de paz del Gobierno va en serio y de que el Estado puede llevar a cabo la transformación que desean». Arteta reconoce que la situación es «frágil». El EMC ya había decidido retirarse de la mesa de negociaciones en noviembre de 2023, acusando al Gobierno de incumplir sus compromisos. A pesar de este incidente, las negociaciones se reanudaron a los pocos días y, desde el 9 de enero de 2024, han entrado en su tercera ronda. Por su parte, el ELN concluyó en diciembre en México su quinta ronda de conversaciones con Bogotá. Sin embargo, la mayoría de los observadores señalan el mismo problema: el tiempo. Elegido en 2022, el mandato de Gustavo Petro terminará en 2026. Es un periodo demasiado corto para poder llegar a un acuerdo con todos los grupos armados y consolidarlos. Preocupado, Yezid Arteta advierte: «Si las negociaciones no prosperan, quien gobierne después tendrá una situación más complicada, y los gobiernos anteriores han demostrado que la respuesta militar no funciona para aplastar a las guerrillas; por el contrario, las alimenta».