Además de incumplir la ley al no dar por recibidas las actas de los ayuntamientos remitidas en euskara, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Donostia ha fallado recientemente que «no parece razonable que transcurridos 35 años desde la aprobación del Estatuto de Gernika y 32 años de la Ley de Normalización del Euskara, un poder público» como «la Administración General del Estado» en la CAV rechace escritos remitidos en este idioma, como si no los entendiera, puesto que «está obligada a recibir, tramitar y responder en euskara las solicitudes que los ciudadanos de la comunidad le presenten en esta lengua».

En un auto que no es recurrible, el juez da la razón al Ayuntamiento de Irura frente a un recurso de la Abogacía del Estado en nombre de la Delegación de Carlos Urquijo, que tiene la práctica de dar por «no recibidas» las actas municipales remitidas solo en euskara. Recuerda que hay que distinguir entre la obligación de un ayuntamiento de comunicar con la ciudadanía en los dos idiomas, de las relaciones entre instituciones que tienen ambas la imposición legal de expresarse en euskara y castellano.

No es lengua subordinada

El juzgado determina que no dar validez a un escrito remitido en una de las lenguas oficiales de un territorio es «desconocer su oficialidad», lo que «les está proscrito en el País Vasco».

A esto añade el auto número 28/2015, que dar validez al euskara solo si está acompañada del castellano, como hace la Delegación del Gobierno de Urquijo, sería «subordinarla a un lugar que en ningún caso puede derivarse» de las leyes del Parlamento de Gasteiz y de la doctrina del Tribunal Constitucional.

La no aceptación de actas solo en euskara y su recurso está siendo objeto de pleitos con numerosos municipios vascos.