Carlos Antonio Lozada, miembro del Secretariado de las FARC-EP, está al cargo de la subcomisión técnica nombrada por la delegación de paz para analizar junto a altos cargos militares el fin del conflicto armado. Y junto al general y delegado del Gobierno Oscar Naranjo integrará el grupo de referencia que, junto a otras dos estructuras acordadas por la mesa de conversaciones el pasado viernes, deberá iniciar los trabajos de limplieza y descontaminación de minas antipersona, artefactos explosivos improvisados, municiones sin explotar y restos explosivos de guerra. Este plan piloto se comenzará a aplicar en los departamentos de Antioquia y Meta.

Lozada, quien ha vivido en carne propia los bombardeos contra campamentos de la guerrilla, asegura en respuesta al cuestionario remitido por GARA vía e-mail que la presencia en La Habana de destacados militares «es decisiva» y que «es más fácil el intercambio entre quienes han estado enfrentados en el campo de combate y hablan un mismo lenguaje».

¿La suspensión de los bombardeos durante un mes allana el camino hacia un cese bilateral?

La decisión del presidente Juan Manuel Santos de suspender por un mes los bombardeos a los campamentos de las FARC-EP, prorrogable si así lo considera, tiene más un sabor a chantaje que a otra cosa. No se trata de un gesto humanitario, ni de desescalamiento del conflicto como ha sido calificado por algunos medios de información. Durante el ciclo 33 de las conversaciones, las FARC presentaron ante los países garantes un documento donde se detallan 15 gestos unilaterales de paz realizados con un claro sentido humanitario, entre los que podemos mencionar la suspensión definitiva de las retenciones con fines económicos; la liberación del general Alzate y la de varios soldados capturados en combate; la entrega al CICR de menores de edad adiestrados por las Fuerzas Armadas oficiales para infiltrarlos en la guerrilla con el fin de asesinar comandantes y realizar acciones de sabotaje. Estos hechos que debieran ser respondidos con reciprocidad por parte del Gobierno han sido desconocidos y, en cambio, se nos quiere someter a ese inaceptable chantaje mensual de amenazarnos con reanudar los bombardeos, si las guerrillas responden a las continuas operaciones militares contra sus fuerzas.

Tras sobrevivir a varios bombardeos, ¿cómo los describiría?

Contra nosotros se ha aplicado el uso desproporcionado de la fuerza por parte del Estado, lo que constituye una clara violación del Derecho Internacional Humanitario, toda vez que la insurgencia no cuenta con aviación o armamento antiaéreo. Este tipo de ataques, realizados contra las unidades guerrilleras en horas nocturnas, mientras duermen, además de cobardía, demuestran el nivel de degradación al que ha llegado la clase dominante colombiana. A pesar de la brutalidad de dichos ataques, hemos sabido asimilar los golpes recibidos y adecuar su táctica para evitar ser sorprendidos. Este tipo de bombardeos indiscriminados generan pánico y terror entre la población, lo que a su vez provoca desplazamientos y daños sicológicos irreparables, además de las consecuencias sobre el medio ambiente y las especies animales que caen víctimas de la explosión de centenares de kilos de TNT.

La confianza es clave en un proceso de diálogo. ¿A día de hoy, es lo suficientemente sólida como para hacer frente a previsibles incidencias?

Un proceso de paz es un complejo ejercicio de tejer confianza mutua entre dos partes que han estado enfrentadas a muerte. Eso hace muy difícil avanzar, sobre todo en los inicios del proceso; por esa razón, cada paso que se va dando debe ser valorado suficientemente por las partes y cuidado como un patrimonio del proceso. A tres años de haberse iniciado, el proceso de La Habana tiene en su haber tres acuerdos parciales sobre el tema de desarrollo agrario, la ampliación de la democracia y una nueva política antidrogas; además del reciente acuerdo sobre descontaminación de minas, artefactos explosivos improvisados, municiones sin explotar y restos de explosivos de guerra. Todo esto sumado da un saldo positivo que hace que cada vez sea mayor la credibilidad y confianza entre las partes, lo que a su vez es un gran activo para enfrentar los momentos difíciles.

¿Es más fácil el diálogo entre quienes combaten?

La presencia de altos oficiales de la Fuerza Pública en La Habana, es un hecho sin precedentes en anteriores procesos de paz en Colombia, su aporte será decisivo para el éxito del proceso y así lo confirma el hecho de que en las primeras reuniones entre combatientes el ambiente reinante es de mucho respeto, cordialidad y reconocimiento mutuo. Sin duda, es más fácil el intercambio entre quienes han estado enfrentados en el campo de combate y hablan un mismo lenguaje; además porque el haber compartido los rigores de la confrontación los aproxima y permite, en los momentos de receso, rememorar situaciones de guerra donde unos y otros han estado involucrados, sin saber que años más tarde irían a estar sentados alrededor de una mesa de conversaciones.

¿Ve cercana una Colombia libre de minas?

El acuerdo contempla además de las minas antipersona, los artefactos explosivos improvisados, municiones sin explotar y los restos explosivos de guerra; y como ya se dijo, es apenas el comienzo de un proceso que, según los entendidos en el tema, de ponerse fin al conflicto debe llevarnos a que en unos años podamos declarar a Colombia libre de este tipo de artefactos.

¿Cómo afrontan las FARC-EP los problemas éticos que genera el uso de minas?

Contra nosotros se ha descargado el peso de una poderosa máquina de guerra que involucra no solo el elevado presupuesto militar del Estado, sino que incluye la ayuda militar norteamericana que ascendió a más de diez mil millones de dólares en los últimos años, a lo que hay que agregar asesoramiento, información y todos los adelantos tecnológicos con que cuenta el complejo militar industrial de EEUU e Israel. A esa fuerza descomunal la hemos enfrentado con los exiguos recursos de una guerrilla proletaria, incluido el armamento popular. Lo antiético e inhumano es lanzar semejante desproporción de medios contra un pueblo que lo único que clama es paz con justicia social, democracia y soberanía. La rebelión armada no solo es un derecho, es también un deber de los pueblos subyugados.

¿Cómo valora el hecho de que guerrilleros, sin uniforme, y militares trabajen conjuntamente en el desminado?

Ese hecho, que pronto será una realidad en Colombia, muestra la madurez que va logrando el proceso de La Habana.

¿Puede esta cooperación ayudar a sentar las bases de una futura reconciliación?

Sin lugar a dudas, que las partes que han estado enfrentadas por más de 50 años se puedan poner de acuerdo para trabajar conjuntamente en un mismo propósito humanitario, sin haber concluido aún el conflicto, es una señal muy promisoria de lo que puede llegar a ser el reencuentro de la familia colombiana. A ese propósito le apuestan todos sus esfuerzos las FARC-EP.

Han propuesto la creación de una comisión integrada por guerrilleros, militares y personal del CICR para buscar a los caídos en combate. ¿Qué acogida ha tenido esta propuesta?

Desafortunadamente, hasta el momento no hemos logrado acordar con la delegación gubernamental los términos para la construcción de este acuerdo humanitario que permitiría aliviar el dolor de muchas familias de militares y guerrilleros que no han podido dar sepultura digna a sus seres queridos. Esperamos que pronto podamos dar esa buena noticia.

¿Cómo se pasa a un escenario de paz tras un conflicto caracterizado por las masacres, torturas, descuartizamientos…?

De llegar a un acuerdo definitivo, este será solo el comienzo de un largo proceso histórico, en el que el pueblo tendrá que encontrar las formas de sanar sus heridas y que debe comenzar por realizar las transformaciones estructurales que dieron origen al conflicto. La paz no será posible si, además de verdad, justicia y reparación integral, a las víctimas no se les brindan garantías de no repetición, y eso solo es posible si los acuerdos apuntan en dirección a superar las causas económicas, políticas, sociales y de dependencia que dieron origen al enfrentamiento armado. Allí está el secreto para poder pasar esa dolorosa página.

Expertos en resolución de conflictos como el británico Jonathan Powell afirman que se deben tomar «decisiones difíciles e impopulares». El líder republicano Gerry Adams confesó en sus memorias que «la negociación más dura es la que hace uno con los suyos». ¿Comparte estas reflexiones?

A esas reflexiones por demás válidas, podríamos agregar que siempre será más difícil hacer la paz que continuar la guerra. Durante los primeros intentos por hallar una salida política al conflicto, un comisionado del Gobierno, pionero de estos esfuerzos, el doctor John Agudelo Ríos, quien ya falleció, acuñó una frase que las FARC adoptamos como propia, porque sintetiza de alguna manera la complejidad de estos procesos. Decía que unas conversaciones de paz se parecen al arte de ensartar perlas en el mar.

«Las víctimas no piden venganza»

Las FARC han propuesto un «perdón colectivo social y político» y aseguran que no aceptarán un acuerdo que implique un solo día de cárcel. ¿Están las víctimas dispuestas a dar ese paso?

Son más de 60 las propuestas que hemos formulado relacionadas con el tema víctimas, a lo que habría que agregar otras 140 presentadas por las víctimas en distintos foros y en las audiencias con las delegaciones en La Habana. El denominador común fue la exigencia a las partes de continuar adelante con el proceso hasta su culminación exitosa para evitar nuevas victimizaciones; pero también para garantizar la no repetición. No hubo en ningún momento un solo pronunciamiento que pidiera venganza o algo parecido; todo lo contrario, la característica de todas intervenciones fue la generosidad que brota de corazones que han padecido el dolor de una larga y cruenta guerra. Pero además, las audiencias sirvieron para establecer las múltiples responsabilidades de los distintos sectores de la sociedad colombiana en esta tragedia. Esa realidad es la que da sustento a nuestra propuesta de llegar a un gran acto público de reconocimiento y perdón colectivo social y político, como un primer paso en dirección a la reconciliación nacional y la dignificación de las víctimas. No se trata de reducir este punto de la agenda al tema de castigo y más exactamente de cárcel para una de las partes del conflicto. El Estado no puede pretender ser juez y parte; menos aún, cuando la justicia en Colombia ha llegado a un estado de postración frente a las mafias y la corrupción. Y agregamos: siendo la rebelión un derecho reconocido por la ONU no estamos dispuestos a ir a la cárcel por haber hecho uso legítimo de ese derecho.A. LERTXUNDI