El fin del conflicto depende de tres cosas: de que lleguemos a un acuerdo razonable en materia de justicia y víctimas; de armas, verificación y condiciones de seguridad; y de una voluntad compartida por todos de implementar lo que acordamos en La Habana.

La pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿Cuál es la paz que queremos? La primera es que va a ser una paz pactada. Va a ser el producto de un acuerdo entre el Gobierno y las FARC y de un acuerdo entre toda la sociedad. Lo que sí tenemos que entender es que cada quien tiene que poner de su lado. Las FARC se han movido con dificultad hacia el reconocimiento de las víctimas, pero se han movido. También necesitamos gestos de reconocimiento de nuestro propio lado.

Una segunda característica es que será una paz territorial. Una tercera, que tiene que ser una paz justa. Una paz que ofrezca seguridad jurídica a los combatientes, incluyendo a los miembros de las FFMM, y que ante todo responda a los derechos de las víctimas y a las expectativas de justicia de la sociedad. Y por último, debe ser una paz eficaz. Una paz que lleve a cambios reales en los territorios. El Gobierno no se metió en este proceso para dejar las cosas como están.

El cambio principal es romper el ciclo histórico de violencia y venganza. Cuántas veces no hemos oído historias de jóvenes que ingresaron a la guerrilla porque los paramilitares asesinaron a sus padres, o viceversa.

Esto requiere que al final hagamos un ejercicio de rendición de cuentas. No por casualidad el ciclo de venganza y violencia que describe Esquilo en “La Orestíada” termina con la creación de un tribunal, que reparte imparcialmente culpas y permite cerrar el ciclo. Algo así tenemos que hacer aquí: establecer un tribunal especial para la terminación del conflicto que administre justicia, con suficientes garantías para todos. Este mecanismo, que es necesario, no es sin embargo suficiente. La justicia penal no puede dar cuenta de todo lo ocurrido. En este punto es donde entra la verdad como un complemento necesario a la justicia y una garantía de rendición de cuentas.

¿Dónde está el valor agregado de una comisión de la verdad en Colombia? El mayor valor agregado en la participación, no se puede reducir a un diálogo entre unos comisionados muy prestigiosos y muy inteligentes y unas víctimas. Tiene que convocar a toda la sociedad para que tenga un efecto de no repetición. Por eso debe incluir a todos quienes participaron en la guerra: a los combatientes, para que respondan a las víctimas y para que den su visión de lo ocurrido. Y también a quienes los apoyaron. Aquí es definitivo el concepto de dignidad. Está ante todo la dignidad de las víctimas, pero está también la dignidad del combatiente. Sin dignidad no es posible terminar un conflicto. El segundo valor agregado es promover el reconocimiento de responsabilidad.

En Colombia tenemos mucho conocimiento, pero tenemos muy poco reconocimiento. No podemos pensar que de nuestro lado no hay culpas. No podemos decir, como le encanta decir a la extrema derecha aquí y en todas partes, que somos unos demócratas impolutos, que toda la culpa está del otro lado y que del nuestro no pasó nada.

La paz no la podemos construir solo mirando hacia atrás. Tenemos que enfrentar el legado de violaciones, pero también tenemos que mirar hacia adelante. Si hay esa disposición a reconocer, los demás detalles de la justicia transicional, por más jurídicos y difíciles que sean –¿cuáles son las penas aceptables ? –, serán menos importantes. Esa es la tarea que tenemos ante nosotros. Esta oportunidad que nos ofrece el fin del conflicto de construir un consenso alrededor de una fórmula legítima de justicia para todos no la podemos dejar pasar. Porque no hay opción. O mejor, la opción es caer en un proceso interminable de acusaciones y recriminaciones mutuas en los tribunales nacionales e internacionales los próximos veinte o treinta años. Eso no le sirve a nadie, ni le sirve al país.