La nueva Ley de Seguridad Ciudadana propuesta por el Ministro de Interior Jorge Fernández Díaz es una ley totalmente antidemocrática y ad hoc contraria a los movimientos sociales. Según el ministro de Interior, gracias a esta nueva Ley se defenderán mejor los derechos civiles y libertades públicas de la ciudadanía y se garantizará mejor la seguridad de las personas, además de impedir la realización de actos ilegales, violentos y vandálicos.

Para poder asegurar los objetivos marcados por la nueva Ley, se han definido, entre otras cosas, tres niveles de faltas y 45 tipos de comportamientos, todos ellos castigables. El análisis de las propuestas deja claro que todos corresponden a diferentes tipos de acciones concretas organizadas por los organismos populares y presentes habitualmente en el desarrollo de las protestas sociales. Cabe destacar las relativas a la no comunicación de las concentraciones y manifestaciones; a la ocupación de instalaciones públicas, edificios institucionales o de interés artístico; la escalada o el asedio de las mismas, dificultando la salida y entrada a las mismas; a las que ponen en peligro la seguridad ciudadana, los escraches a personalidades, el insulto a los trabajadores públicos, especialmente a los dependientes de las Fuerzas Armadas y FSE; impedir o condicionar la celebración de actos públicos u oficiales así como filmar y emitir imágenes de las actuaciones de la Policía.

Resumiendo, quieren anular toda disidencia y todo recurso a la desobediencia civil. La nueva Ley castiga la libertad de expresión y deja en manos de la policía la interpretación delictiva o no de los hechos.

La conclusión es clara, la mencionada Ley es un nuevo instrumento para la imposición de un modelo social cada vez más injusto. De manera resumida, podemos afirmar que es una ley que fomenta la conculcación de los derechos civiles y políticos fundamentales, da más poder a la Policía y, además, fortalece su inmunidad. En dos palabras, es un arma dura y expansiva en contra de toda disidencia, diseñada para limitar nuestras actitudes, nuestros métodos de lucha y la construcción de un nuevo modelo social al que aspiramos.

Esta Ley fortalecerá la conculcación de los derechos civiles y políticos que venimos sufriendo durante los últimos años, especialmente la relativa al derecho de protesta y construcción de un modelo social alternativo al impuesto como son: el derecho a libre reunión, manifestación y organización, el derecha a la libre expresión, el derecho a recibir un trato digno, el derecho a decidir…

Y todo ello es debido a que frente a la fuerte reacción social generada por la crisis global del sistema, este, en lugar de buscar garantizar los derechos individuales y colectivos, pretender garantizar únicamente su «seguridad». En lugar de fomentar una legislación garante de los derechos civiles y políticos, está desarrollando una «política preventiva» que los limita y reduce Y, muchas veces, todo ello se realiza en nombre de la denominada lucha antiterrorista.

Es una vulneración de derechos que viene produciéndose en todas las democracias occidentales, especialmente después del 11S. Pero esa crisis es aún mayor en el caso del Estado español, donde a la crisis general hay que sumarle la suya propia.

Durante estos últimos años es cada vez más habitual encontrar en la Audiencia Nacional, además de los grupos de vascos y vascas inculpadas en los macrosumarios políticos, a ciudadanos y ciudadanas vascas también inculpadas personalmente por haber participado en huelgas, por trabajar en la defensa de los derechos de los presos y presas, por haber dado alguna rueda de prensa con acusaciones contra la corrupción, por haber solicitado algún permiso de manifestación o haber participado en alguna de las celebradas en contra del TAV, por haber creado un medio de comunicación alternativo e informar a la ciudadanía, por haber defendido la articulación de la desobediencia, por no haber leído suficientemente los límites en algún artículo de opinión, por haber participado en actos de Eleak o Libre…

Están haciendo enormes esfuerzos para desactivar la calle como espacio público de protesta. Quieren que la calle deje de ser el espacio para la comunicación, para la lucha, para las relaciones. La calle ha sido históricamente el espacio utilizado por la ciudadanía para poner límite al poder institucional o ha sido el lugar para fortalecer la transformación de la realidad social. Y así debe de seguir siendo.

Por todo ello, consideramos que en Euskal Herria es más necesario que nunca fortalecer el movimiento social en defensa de los derechos civiles y políticos. Y, para ello, debemos potenciar el debate y la reflexión. Solo conseguiremos nuestro objetivo si luchamos y trabajamos todos y todas juntos de manera colectiva y activa también en la calle.

Tenemos que recuperar entre todas y todos nuestros instrumentos de lucha, la libertad de expresión, de manifestación, de reunión… a la manera en que cada uno o cada una lo considere más oportuno.

En ese camino, el movimiento Eleak y las personas que a nivel local están trabajando en las dinámicas de Libre, y que así lo han deseado, estamos realizando un debate que concluirá el próximo día 11 de abril en Donostia, en el marco del Konpromiso Eguna, en el II Aniversario del Aske Gunea, con el objetivo de fortalecer el movimiento vasco en defensa de los derechos civiles y políticos, fusionando el trabajo de todos. Es tiempo de poner freno al desmantelamiento de los derechos y de los instrumentos sociales que nos pertenecen creando un muro popular. Un muro popular firme, alegre y combativo que haga frente a ello, a esta política. La nueva Ley de Seguridad Ciudadana nos brinda una nueva oportunidad para ello. Nos encontraremos en el camino. El 11 de abril, todos y todas a Donostia.