Miles de colombianos han tenido que redefinir su proyecto de vida: salir adelante sin el cariño del hijo que falleció, buscar nuevas rutinas de supervivencia al perder el trabajo habitual, aprender a utilizar prótesis o materiales ortopédicos, superar la estigmatización a la que a veces la sociedad los relega, en lo que constituye una clara violación a los derechos humanos y una infracción al derecho internacional humanitario. Por eso, el pasado marzo nos llenó de alegría y esperanza el acuerdo del gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC-EP para «solicitar a la organización Ayuda Popular Noruega (APN) liderar y coordinar la implementación de un proyecto de limpieza y descontaminación» de este tipo de aparatos. Según se explicaba en el comunicado conjunto, uno de los propósitos del acuerdo es «contribuir a generar condiciones de seguridad para los habitantes que se encuentran en zonas de riesgo».

No será un proceso fácil, pero el hecho de que los grupos de trabajo en terreno estén compuestos por representantes tanto del Gobierno como de la guerrilla contribuirá, sin duda, a traer confianza entre las partes y, sobre todo, la población civil. Son los colombianos de a pie quienes más habían solicitado este tipo de compromisos y ellos serán los más beneficiados.

Se empezará en tres puntos de los departamentos de Antioquia y Meta, dos de los más afectados en el país. En San Carlos, un pueblo del oriente de Antioquia, conocen bien el proceso. Fue reconocido como el primer municipio de Colombia libre de sospechas de minas antipersonal. A comienzos de este siglo, los sancarlitanos tuvieron que desplazarse masivamente por los continuos combates entre la guerrilla y los paramilitares. Los grupos armados se apoderaron del lugar y lo llenaron de minas. Nadie quería volver hasta que el Gobierno comenzó el desminado humanitario.

Poco a poco, las familias retornaron a sus tierras, retomaron proyectos productivos y siguieron la vida en el campo, como siempre habían querido. Allí, hace un par de años, las víctimas de desplazamiento forzado recibieron por primera vez las indemnizaciones a las que tienen derecho, como parte de las medidas de reparación integral que comenzaron a entregarse después de la aprobación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Hoy, San Carlos es un ejemplo de la convivencia que queremos para Colombia.

En la medida que avance el desminado, aumentarán las condiciones de seguridad para que las familias desplazadas por la violencia puedan retornar a sus territorios y recuperar las tierras que les fueron despojadas. Para eso sirve el desminado y así se relaciona con la reparación de las víctimas y la paz. De ahí que otro de los objetivos del acuerdo sea «dar garantías de no repetición a las comunidades» Es indispensable comenzar el desminado lo antes posible y evitar la revictimización. No queremos más campesinos heridos cuando tratan de cultivar la tierra, ni infancias rotas transitando un camino cualquiera por la vereda hacia la escuela.

Hasta el momento, 6.178 víctimas de MAP, MUSE y AEI cuentan con plan de atención, asistencia y reparación, que es el instrumento utilizado por la Unidad para las Víctimas –la entidad del Gobierno encargada de proveer reparaciones– para identificar necesidades en materia de asistencia y reparación, y así gestionar el acceso a los recursos disponibles con las entidades que conforman el sistema nacional encargado de la política pública para las víctimas.

Cuando los colombianos, enfrentados por años, se sientan a debatir de manera pacífica y a cimentar un futuro donde la convivencia armónica sea la regla, se construye una democracia mejor, más duradera. En gran medida, esto se lo debemos a las víctimas. 60 de ellas se convirtieron en altavoz de miles de personas que demandan reconocimiento, verdad, justicia y reparación, que exigen a las partes no acabar el diálogo hasta lograr un acuerdo final. Su participación en la mesa de conversaciones puso en evidencia un liderazgo y un compromiso con la paz admirables.

Su implicación en el progreso socioeconómico de Colombia es demasiado importante como para dejarla pasar por alto. Estoy convencida de que reparar a las víctimas, independientemente de si están dentro o fuera de las fronteras colombianas, es construir paz. Ya se han indemnizado a más de 482.000, otras 107.000 han accedido a diferentes programas de atención psicosocial y se han reconocido 303 grupos y comunidades como sujetos de reparación colectiva.

Todo esto nos ayuda a crear las condiciones necesarias para la reconciliación (ni ésta ni el perdón se pueden imponer) y nos invita a pensar que la continuidad de la política de reparaciones irá más allá de los posibles acuerdos que se alcancen en La Habana. Bienvenidas todas las iniciativas que nos ayuden a dejar atrás la violencia que tantas víctimas ha causado, porque solo así aprenderemos a superar las diferencias a través del diálogo y la tolerancia. Este 9 de abril, Colombia conmemora el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas. Queremos encender en varios momentos de la jornada una luz en señal de esperanza, de reconocimiento a quienes han sufrido la guerra.

Gracias a los rostros, las palabras y los silencios de las víctimas, los colombianos vamos conociendo el daño que nos hemos ocasionado como sociedad. Tendremos que escuchar las verdades que no sabemos y las víctimas nos guiarán con su resistencia en nuestra búsqueda de una Colombia en paz.