Las revisiones puestas en marcha por la actual Diputación de Gipuzkoa tras detectar los primeros indicios de trabajos falsos pagados en la AP1 se han convertido en una caja de sorpresas sin fin. A la denuncia inicial de 3,4 millones por el depósito de tierra de Basagoiti-2 se sumó recientemente una ampliación de la querella por otros 10,2 millones en obras no ejecutadas o infladas. Ahora, tirando de ese mismo hilo, en el tramo anexo de la AP1 aflora una nueva irregularidad que implica además a la parte alavesa y pone bajo sospecha 40,7 millones de euros abonados por Bidegi. Y todo se hizo en el mismo día, en la reunión del consejo de administración del 17 de junio de 2011, solo seis días antes de que Markel Olano (PNV) fuera relevado por Martin Garitano (EH Bildu) al frente de Diputación.

Era conocido que en aquella liquidación final por el tramo Eskoriatza-Arlaban se pagaron 40,7 millones de euros extras a las constructoras (con lo que en total recibieron de Bidegi 297, un 55% más del precio de adjudicación). La cuestión llamaba la atención dado que la obra concluyó realmente dos años antes: fue inaugurada en abril de 2009. Así que la Diputación de Gipuzkoa decidió revisarla y se ha topado con una situación que la diputada Larraitz Ugarte tildó ayer de «insólita»: a tenor del desglose de partidas y puntos kilómetricos, de esos 40,7 millones de más abonados por Bidegi 10,1 corresponden a trabajos realizados en Araba y que por tanto debía sufragar Arabat, dependiente de la Diputación alavesa (entonces dirigida también por el PNV).

Ante tal constatación, la Diputación de Gipuzkoa se ha puesto en contacto con la de Araba, explicó Ugarte. Y tras el análisis de los técnicos esta ha concluido que las obras realizadas en la parte alavesa «fueron íntegramente abonadas en 2009», por lo que los pagos de 2011 no están justificados.

En este punto hay que matizar que resulta normal que cuando una obra atraviesa dos territorios sea una de las partes la que se encargue de la licitación y adjudicación. Lógicamente en este caso fue Bidegi la promotora, dado que de los 10,8 kilómetros del tramo únicamente 1,3 se situaban en la parte alavesa. Como es norma habitual, se suscribió un acuerdo para que cada herrialde abonara su parte y se creó una comisión mixta formada por las dos diputaciones, Bidegi y Arabat. La certificación final de los gastos se realizó en mayo de 2009 y consta en documentos que Ugarte mostró ayer a la prensa. Hasta aquí, todo normal. Pero es ya en junio de 2011 cuando se acomete otra liquidación final en la que el pago a las constructoras crece más que sospechosamente, tanto en la parte guipuzcoana como en la alavesa. La tabla adjunta muestra cómo se incrementaron las mediciones y partidas (en dos de los ocho casos aparecen desde cero).

Ugarte –acompañada del director de Carreteras, Joseba Altube, y el director de Movilidad, Unai Erroitzenea– añadió que llegados este punto se abrían dos hipótesis sobre lo ocurrido. La primera es que «dichos trabajos fueron realizados, pero por razones no conocidas las autoridades guipuzcoanas decidieron abonar parte de las obras realizadas en Araba». La segunda, que «a la hora de abonar la liquidación las mediciones fueron artificiosamente infladas, incluidas las relativas al tramo alavés». Sin embargo, una vez constatado que todas las partes estuvieron de acuerdo en la liquidación de 2009 y que Araba ha confirmado a Gipuzkoa que las obras pagadas en 2011 no se corresponden con lo realizado, la primera hipótesis decae. «Queda descartada», subrayó Larraitz Ugarte. Y en consecuencia la sombra de pagos por trabajos falsos vuelve a aparecer.

Dicho de otro modo, la introducción de pagos por Araba en esta liquidación viene a ser la señal que delata la irregularidad. Y mientras, ¿qué pasa con los restantes 30 millones abonados a las constructoras por la parte guipuzcoana? Ugarte indicó que se están realizando las comprobaciones correspondientes, pero el tema llevará su tiempo. Cabe recordar por ejemplo que hubo que realizar catas en los túneles para comprobar que se había pagado más hormigón del realmente colocado entre Arrasate y Eskoriatza.

Goia, Apraiz y Urkola

La diputada Ugarte recordó que en su día un periodista le preguntó si lo ocurrido en el tramo Eskoriatza-Arrasate era algo puntual y no supo responderle. Ahora sí está convencida de que «estos hechos no son aislados», sino que existió un procedimiento «sistemático» para aumentar el pago a las constructoras. Señala a quienes firmaron aquellos documentos: «Borja Jauregi [ya fallecido], Eneko Goia, Luis Mari Apraiz y Félix Urkola». Goia, entonces diputado de Infraestructuras, es hoy cabeza de lista del PNV a la Alcaldía de Donostia, y Urkola, que era director general de Gestión y Planificación, lidera la lista al Ayuntamiento de Lazkao.

El PNV respondió con una nota en la que evita entrar en detalles del caso e insiste en que todo fue correcto y contó con los avales técnicos preceptivos. Habla de «nueva falsa acusación» y concluye que «la izquierda abertzale está intentando suplir su incompetencia en la gestión con un ataque sin precedentes contra el PNV, buscando el enfrentamiento».

Cronología

MARZO DE 2009

El tramo Eskoriatza-Arlaban de la AP1 queda finalizado. Se inaugura en abril y se liquida en mayo con la certificación final, firmada por los responsables de Bidegi (Gipuzkoa) y Arabat (Araba). Arabat paga por el coste de la obra en su territorio 36,3 millones. Las mediciones de la empresa Euroestudios dan la conformidad técnica, acreditando que eso es lo ejecutado.

ENERO DE 2011

Se disuelve la Comisión Mixta creada al efecto entre Gipuzkoa y Araba. En el documento correspondiente se subraya que la aportación económica de Araba ha concluido y que «corresponderá en todo caso a Bidegi el pago íntegro de cualquier reclamación posterior que pudiera producirse».

FEBRERO DE 2011

Bidegi acuerda con la UTE una liquidación final con un pago extra de 40,7 millones de euros. Se afirma que son trabajos en el tramo «entre la linde de Gipuzkoa y Eskoriatza norte». Sin embargo, 10 se refieren a obras realizadas en Araba.

JUNIO DE 2011

En vísperas del cambio de gobierno, el consejo de administración de Bidegi aprueba el pago de 40,7 millones a las constructoras. Se justifica con nuevas mediciones y presupuestos a los dos lados de la muga.