«Lo más importante es venir a votar, elegir a los que nos van a gobernar». Lilia Pogoshyan, maestra, sale convencida del colegio electoral de Shushi, una localidad a 10 kilómetros de Stepanakert, la capital de Nagorno Karabaj. En este pequeño municipio todavía son visibles las consecuencias de la guerra entre Armenia y Azerbaiyán pese a que el alto el fuego se firmó en 1994. Por ejemplo, las dos mezquitas agujereadas y sin minaretes, recuerdo del paso de la comunidad azerí, o edificios de los que solo queda el esqueleto. La restauración, al menos de las viviendas, es cosa del Gobierno. Por eso a Poroshyan lo que le preocupa son las urnas. Y la pregunta sobre qué siente al votar en unas elecciones no reconocidas por la comunidad internacional le suena a chino. Para ella, como para sus vecinos, la realidad es que el Estado existe, que tiene sus instituciones y que el candidato que salga elegido mandará durante los próximos cinco años. «Nuestro objetivo es el reconocimiento, pero lo prioritario es venir a votar», señalaba. Aunque Artsakh (nombre armenio del territorio caucásico) no exista en el mapa oficial ayer celebró elecciones.

«Nos piden democracia pero no reconocen las urnas», se queja Tevan Poghosian, diputado en Yerevan (capital armenia) pero karabají de nacimiento. Llama la atención sobre la contradicción de exigir estándares democráticos pero luego ignorarlos. En realidad, los comicios, los cuartos en el territorio desde el colapso de la URSS y los procesos de independencia, tienen dos vertientes. Por un lado, de legitimación de cara al exterior. Pero, por otro, mirando hacia casa. «Naturalmente que los comicios tienen un componente internacional orientado hacia el reconocimiento, pero este supone una pequeña parte», afirma Bakú Sahakyan, presidente de Nagorno Karabaj. Con la cuestión del estatus y la «seguridad» (sinónimo de estar alerta ante la posibilidad de una guerra) formando parte del consenso, el debate se limita a cuestiones domésticas como empleo o servicios sociales. Con la dificultad de no estar validado en el mapa.

Lógica en la «real politik»

La posición oficial de la comunidad internacional llegó través del Grupo de Minsk, formado por EEUU, Rusia y Estado francés y encargado de vigilar el cumplimiento del alto el fuego. El texto, calculadamente ambiguo, reconocía el «rol» de los karabajíes a la hora de ejercer su derecho a decidir. Sin embargo, dejaba claro que no lo reconocen como Estado y que los resultados de las urnas tampoco afectarían a su estatus legal. Un equilibrio que permite que en Bakú, capital de Azerbaiyán, se insista en la «ilegalidad» mientras que en Stepanakert se pone énfasis en lo obvio: que por mucho veto que exista, la «realpolitik» obligará a negociar con los cargos electos, lo que implica un reconocimiento «de facto».

En este contexto de medida diplomacia, el Gobierno español entró como elefante en cacharrería, a través de un comunicado en el que rechazaba tajantemente la «validez» de las urnas. «Con observadores vascos y catalanes es lógico», ironizaba un miembro de la administración karabají en referencia a la presencia de representantes de EH Bildu en la supervisión de los comicios. «No votamos para los españoles ni para los europeos», afirma el todavía primer ministro, Arayik Harutyunyan. Aunque no es un secreto que la UE es una aspiración para el Estado que, oficialmente, no existe.