Aun cuando me parece injusto que de la tan noble palabra «puchero» se haya derivado la de «pucherazo» (fraude electoral: engaño, manipulación, apaño, adulteración...), lo cierto es que no he encontrado nada mejor para definir lo que está siendo la política del Gobierno del PP en éste su último tramo de la legislatura.

Pocas cosas habrá que llenen más la boca del Presidente del Gobierno y sus ministros que hacer referencia a lo que denominan «el mandato que nos han dado los españoles». Aluden con ello a aquellos casi once millones de votos conseguidos en las elecciones de 2011 (44,62%) que les permitieron copar 186 de los 350 escaños del Congreso madrileño. Crecidos por ello, sus andares, miradas e intervenciones al comienzo de la legislatura reflejaban el poderío de quien, sabiéndose dueño y señor de la plaza –Congreso y Senado–, se disponía a hacer fácil y jaleada faena.

Pero aquello ya pasó. Sus otrora arrogantes miradas han perdido el brillo de antaño y, tal como ocurre con el pescado un tanto pasado, sus ojos aparecen ahora tibios y apagados. Hacen esfuerzos por sonreír y aparentar que nada pasa, pero sí pasa. Las sonrisas «ji-ji, ja-ja» de los primeros días van mutando a muecas cada vez más tensas en las que tan solo de vez en cuanto aparece ahora algún que otro «ji» o «ja», pero ya de manual.

No es para menos. La avalancha de casos de corrupción que han cosechado son de guinness y a pesar de contar con un ADN genéticamente adaptado a estos trances, sus efectos se han hecho notar. Por otro lado, su reiterada política de recortes sociales y las respuestas ciudadanas y populares levantadas ante éstas ha terminado por percutir seriamente en su propia base electoral. Una buena parte de aquellos que les votaron en rechazo a las medidas adoptadas por Zapatero ante la crisis (primera reforma laboral, recortes en el régimen de pensiones y en los presupuestos sociales...) se han sentido traicionados por quienes han hecho todo aquello que antes criticaron.

Hace tiempo ya que todas las encuestas, además de los propios resultados de las elecciones andaluzas y las recién celebradas municipales y autonómicas, les dan un descenso electoral que no baja por lo general del 30%. No es este, además, un dato puntual, sino una tendencia que se ha ido consolidando a lo largo de esta legislatura. Por eso se puede afirmar hoy con total rotundidad que el Congreso y el Gobierno no representan ya en modo alguno aquello que le pudo dar razón de ser en su día. Desde un punto de vista estrictamente democrático se puede afirmar que, a día de hoy, unos sesenta congresistas del PP posan glúteo en escaño indebido y que el Gobierno en su conjunto carece de legitimidad para ejercer las funciones que viene realizando.

Para nosotros y nosotras, aquí en Euskal Herria, el actual Gobierno del PP nunca ha sido gobierno legítimo alguno. En aquellas mismas elecciones en las que el PP consiguió a nivel estatal un 44,62% de los votos, en nuestro pueblo, unidos sus votos a los de UPN en Nafarroa, no llegó siquiera al 23% (tras estas últimas elecciones no alcanza ni el 15%). A pesar de ello, no han dudado lo más mínimo en imponernos desde Madrid cuantas leyes y recortes han querido, sin importar la oposición de las grandes mayorías sindicales, sociales y políticas de nuestro pueblo, e incluso en ocasiones, el rechazo de nuestros propios Parlamentos: reforma laboral, pensiones, Lomce...

Pero no es tan solo que nos hayan impuesto lo que rechazamos, sino que, a su vez, en Nafarroa se han recurrido y suspendido nada menos que quince leyes aprobadas por nuestro Parlamento Foral relativas al copago sanitario, el fracking, los desahucios, las pagas de los funcionarios, el IBI a la Iglesia, la atención sanitaria a inmigrantes sin papeles... En resumen, respeto nulo a nuestra ciudadanía, sus instituciones y sus leyes.

¿Y qué decir de la actitud obstruccionista y belicosa llevada a cabo por el Gobierno del PP en relación al proceso participativo y de consulta llevado a cabo en Catalunya, respaldado por la gran mayoría de su Parlament, más del 96% de sus municipios y 4.000 entidades cívicas y sociales de todo tipo? Pues otro tanto de lo mismo: pura imposición antidemocrática e ilegítima.

El problema, sin embargo, lejos de atemperarse, va a más. Al igual que la legislación de excepción que desde hace varias décadas padecemos en Euskal Herria ha acabado por cruzar el Ebro y extenderse al resto del Estado (Ley «Mordaza», reforma del Código Penal, Ley «Antiyijadista»), lo mismo está sucediendo con la política antidemocrática del Gobierno.

El PP está aprovechando sus últimos meses de legislatura para tramitar y aprobar todo un arsenal de leyes que van a cambiar substancialmente importantes temas democráticos, sociales y medioambientales. Junto a la Ley «Mordaza», Código Penal y Ley «Antiyijadista» antes comentadas, el PP está tramitando a destajo otras referidas a hidrocarburos, ferrocarriles, carreteras, sector público, mutuas laborales, inspección de trabajo, formación profesional, enjuiciamiento criminal, partidos políticos...

Se trata, en definitiva de rebañar el plato de la gran contrarreforma global que ha llevado a cabo en estos años. La jugada, además, es un tanto maquiavélica, porque si bien aprobar estas leyes con la mayoría absoluta actual del PP no plantea ningún problema, dar marcha atrás y conseguir mayorías en el nuevo escenario que se abra tras las próximas elecciones estatales resultará ser bastante más difícil.

El PP, por razones tan solo de higiene democrática, hace tiempo que debía haberse ido tras entregar en la Fiscalía Anticorrupción todas sus cuentas, desde la «B» hasta la «Z». Por bastante menos que su inacabable ristra de casos de corrupción (Madrid, Valencia, Baleares, Galicia... Bárcenas, Púnica, Caja Madrid, Gürtel...), José María Aznar se pegó todo un año papagayeando aquello de «¡Váyase Vd., Sr. González!».

A lo anterior se suma ahora lo que, sin duda alguna, solo puede calificarse de desvergonzado pucherazo de mal perdedor que convierte al Gobierno del PP en un Gobierno ilegítimo asentado únicamente en la usurpación, el fraude y el marrulleo.