Cuenta atrás en marcha para decidir el futuro de Catalunya

El president, Artur Mas, firmó a última hora de ayer el decreto de convocatoria de las elecciones del 27 de setiembre, que servirán de plebiscito para decidir sobre la independencia.

Ya no hay marcha atrás posible. El president, Artur Mas, firmó ayer al atardecer el decreto de convocatoria para las elecciones del 27 de setiembre, disolviendo para ello el actual Parlament y convirtiéndose él mismo en president en funciones. La decisiva cita con las urnas, planteada por el soberanismo catalán como el referéndum sobre la independencia que el Estado español prohíbe por tierra, mar y aire, es ya oficial.

A las 21.00, en el Saló Mare de Déu de Montserrat del Palau de la Generalitat –el mismo en el que firmó el decreto de la consulta del 9 de noviembre– y bajo la atenta mirada de la presidenta del Parlament, Irene Rigau, de la vicepresidenta, Neus Munté, del conseller de Presidència, Francesc Homs, y de la consellera de Governació, Meritxell Borràs, Mas firmó el decreto de unas elecciones que «serán muy diferentes», según señaló él mismo en la declaración institucional que siguió a la firma.

«En circunstancias normales, estas elecciones deberían haberse celebrado a finales del año que viene, pero Catalunya no vive en condiciones normales», apuntó el ya president en funciones, quien añadió que «cuando una mayoría de un país quiere ejercer su derecho a decidir y se le niega constantemente ese derecho, significa que estamos ante una situación excepcional que requiere decisiones también excepcionales».

Mas invitó a las fuerzas políticas a que presenten «sus proyectos para el futuro de este país», así como a «respetar lo que los ciudadanos decidan y asumir el compromiso de encontrar las vías políticas y legales para implementar el mandato democrático de las urnas». «Pienso, humildemente, que podemos hacer del próximo 27 de setiembre una fecha señalada en nuestra historia», añadió un president que, en tono solemne, sentenció que «la democracia es ahora la protagonista» y que remató su intervención con un «¡Visca Catalunya!».

La firma del decreto llegó tras un día entero jugando al gato y al ratón, ya que el de ayer era el último día hábil para convocar las elecciones (la Ley requiere una antelación mínima de 54 días). Todos daban por descontado que en algún momento u otro llegaría la firma del dichoso decreto, pero no hubo ningún tipo de convocatoria formal ni anuncio oficial hasta bien entrada la tarde, lo que hizo que el nerviosismo se instalase en más de una redacción.

La razón, más o menos oficial, para semejante secretismo y para agotar hasta el último minuto la firma del decreto fue evitar que el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, adelantase también las elecciones para el 27 de setiembre. Una opción rechazada por Rajoy en público, pero que hace algunos meses corrió con fuerza en círculos políticos barceloneses y madrileños. Aunque remota e improbable, era una opción. Ahora ya resulta imposible, ya que Catalunya, al carecer de Ley electoral propia, se rige según la norma general del Estado, por lo que la fecha límite de 54 días vale tanto en el Palau de la Generalitat como en la Moncloa. De todos modos, no faltó quien apuntó razones menos épicas para retrasar la firma precisamente hasta las 21.00, hora en la que comienza el noticiario con más audiencia de la televisión pública catalana, que ayer emitió el acto en directo.

Un decreto ordinario

Sea como sea, lo que cuenta en Catalunya es que la convocatoria del 27S ya es firme. El decreto firmado ayer por Mas, cuidadosamente redactado, no contiene ninguna referencia al carácter plebiscitario de las elecciones, con el objetivo de evitar cualquier impugnación previa por parte del Estado, que sigue con lupa cada paso catalán. Es decir, el decreto de convocatoria es igual que cualquier otro decreto de convocatoria de unas elecciones ordinarias. Formalmente solo servirán para elegir 135 nuevos diputados para el Parlament, que serán los encargados de elegir a un nuevo president de la Generalitat.

Serán los partidos políticos, y eso se ha repetido hasta la saciedad desde la Generalitat, los que le den el carácter plebiscitario a la cita. Lo harán, evidentemente, los partidos independentistas, con programas netamente secesionistas, pero lo están haciendo también, a veces sin quererlo, los partidos contrarios a la independencia. Formalmente, PP, PSC, Ciutadans y Catalunya Sí que es Pot (Podemos e ICV-EUiA) insisten en el carácter ordinario de las elecciones, pero todos son conscientes ya de que la cita será cualquier cosa menos ordinaria. Así lo indican, de hecho, las declaraciones de candidatos como el del PP, Xavier García-Albiol, que calificó los comicios como «los más importantes» de la historia catalana, o el del PSC, Miquel Iceta, que situó la barrera del éxito soberanista en superar los 71 escaños que suman ahora CDC y ERC.

Un otoño vertiginoso

Es esperable que, una vez oficializada la convocatoria del 27S, la política catalana se tome un respiro necesario. Pero no durará mucho, ya que el calendario se presenta muy apretado. Los partidos tienen ahora 10 días para informar a la autoridad electoral de las coaliciones que piensan formar (lo tendrán que hacer CDC y ERC, por un lado, y Podemos e ICV-EUiA por otro), antes de que, en la última semana de agosto, se publiquen las candidaturas en el boletín oficial de la Generalitat.

Todo quedará entonces preparado para la campaña electoral, que arrancará, probablemente, con una imponente demostración de fuerza por parte del independentismo. Así será si la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural consiguen llenar la avenida Meridiana de Barcelona en la Diada del 11 de setiembre. Punto de partida para una campaña electoral de dos semanas en las que habrá que seguir de cerca también la acción del Estado.

Y tras el 27S, el veredicto de las urnas. Sea cual sea el resultado, el nuevo Parlament será constituido entre el 28 de setiembre y el 26 de octubre. Si en dicho Parlament hay una mayoría independentista, la legislatura arrancará con la aprobación de una declaración solemne en la cual, la mayoría de diputados legítimamente electos, informará al Govern, al Estado español, a la Unión Europea y a la comunidad internacional del inicio del proceso de secesión que deberá concluir, según la hoja de ruta pactada por CDC, ERC y las entidades soberanistas, en un periodo máximo de 18 meses.

La Moncloa avisa de que seguirá con lupa el proceso electoral

«Que nadie tenga la menor duda de que en España, y en Catalunya expresamente, rige la Ley de Régimen Electoral General. Nosotros, en cualquier acto de este proceso, lo que pediremos y lo que vigilaremos es el cumplimiento estricto de la ley». La vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, despachó con estas palabras las preguntas sobre la posición del Ejecutivo ante la convocatoria electoral del 27 de setiembre decretada ayer por el president, Artur Mas. La vicepresidenta le recordó que solo tiene competencia para convocar elecciones autonómicas ordinarias, «nada menos y, sobre todo, nada más».

«Desde la Generalitat uno tiene que mantener siempre el respeto para todos los ciudadanos porque, aunque no se note mucho, gobierna para todos», añadió Sáenz de Santamaría, quien reclamó a Mas «respeto a la legalidad y la neutralidad». En un tono que da cuenta de la línea dura adoptada por el PP ante la cita electoral catalana (la elección de Xavier García-Albiol como candidato es toda una declaración de intenciones), la número dos del Gobierno español calificó de «fracaso» que Mas adelante elecciones por segunda vez en tres años y consideró que el Govern «no ha sabido dar respuesta a las necesidades y los problemas de los catalanes y ha fracturado a la sociedad catalana». «Es para hacérselo mirar», sentenció.

Un argumento, el de la fractura social en Catalunya, que también empleó ayer, sin importarle su falta de correspondencia con la realidad, Patxi López. El secretario de Acción Política, Ciudadanía y Libertades del PSOE, además de exlehendakari, consideró que Mas convocó las elecciones «para romper en dos a la sociedad catalana». Tampoco tuvo problemas para añadir, en nombre del partido que recortó el Estatut antes que el Constitucional, que en cinco años el president «no ha querido ver, ni entender, ni resolver los problemas reales de los ciudadanos de Catalunya». «Y para que no se note que no ha hecho nada de lo que le correspondía no le ha importado crear otro enorme problema de convivencia y de cohesión social», zanjó López.B.Z.