La mayoría de los torturadores condenados en firme por torturar a ciudadanos vascos detenidos por motivos políticos han sido indultados por el Gobierno y bien pocos han sido los no indultados a quienes han aplicado realmente las penas impuestas.

Sirva como ejemplo lo sucedido en el caso de la ya fallecida Ana Ereño, conocida militante feminista y trabajadora de “Egin”, que fue detenida el 28 de abril de 1982, cuando tenía 55 años. Ereño fue puesta en libertad tras estar incomunicada diez días en dependencias policiales y los informes forenses no dejaron lugar a dudas sobre el trato que sufrió, ya que reflejaron las muy numerosas contusiones, equimosis y hematomas que presentaba.

Como en la gran mayoría de los casos de torturas, los torturadores hicieron todo lo posible para que el proceso judicial se eternizara y finalmente quince años después, en 1997, la Audiencia de Bizkaia condenó a cinco agentes por torturar a Ereño. Una condena que se hizo firme tras ser ratificada por el Supremo en 1999.

El Gobierno indultó de inmediato a dos de ellos, y en el caso de los otros tres se sirvieron de todo tipo de subterfugios para evitar aplicar la pena, que conllevaba su inmediata expulsión de la Policía. A dos les concedieron la jubilación anticipada y al tercero le han aplicado la pena con más de catorce años de retraso, cuando ya estaba en condiciones de acceder normalmente a la jubilación.

Los dos agentes a quienes se concedió la jubilación anticipada fueron Antonio Santos, que era jefe de una unidad especial de la Policía, y José Paz Casas quien, cuatro años después de que la sentencia fuera firme, seguía siendo secretario general de la Jefatura Superior de Policía de Galiza. Así lo denunció en el Congreso el entonces diputado del BNG Carlos Aymerich el 26 de marzo del 2003. Cinco días después, lejos de ejecutar de una vez por todas la sentencia, lo que hicieron fue concederle la jubilación anticipada quince años antes de que alcanzara la edad reglamentaria.

Fue, más o menos, lo mismo que hicieron en el caso de Felipe Bayo y Enrique Dorado, dos de los guardias civiles del cuartel de Intxaurrondo condenados por secuestrar, torturar, asesinar y enterrar en cal viva a los refugiados Lasa y Zabala, la primera acción de los GAL.

En el caso de Dorado, “El Mundo” contó que «ante las amenazas de este de confesar toda la presunta implicación de Intxaurrondo en la guerra sucia», le concedieron una pensión vitalicia «con el 200% de su sueldo». Para ello pretextaron que sufría una invalidez total por supuestos problemas psíquicos derivados de su «labor profesional», e hicieron otro tanto en el caso de Felipe Bayo.

El único agente al que sí se ha aplicado la pena por torturar a Ana Ereño también estuvo involucrado en la guerra sucia. Se trata de Leoncio Castro y el motivo de haber ejecutado dicha pena con tantos años de retraso parece evidente, el miedo a que revelara detalles sobre el terrorismo de estado. En concreto, sobre lo que se afirmaba en el artículo “El inspector Leoncio Castro era el jefe de operaciones del GAL”, publicado por el diario “El Mundo” el 10 de octubre de 1995. Según dicho artículo, Leo Castro «pagaba de su bolsillo y en metálico –con dinero procedente de los fondos reservados– entre 5.000 y 30.000 pesetas a policías de Pamplona que viajaban al sur de Francia para marcar etarras. Ayudaba mucho la colaboración, pagada también con fondos reservados, de policías franceses».

Dichas actividades se realizaban «Con el conocimiento y el apoyo económico de la Delegación del Gobierno, encabezada por Luis Roldán», que transmitía las informaciones al Ministerio del Interior, donde «se daba la luz verde para los atentados y se enviaban los fondos reservados necesarios para cada operación, aproximadamente 20 millones de pesetas».

Leo Castro no fue, además, el único condenado por torturar a Ana Ereño que estuvo implicado en la guerra sucia. También lo estuvo uno de los agentes indultados, Julio Hierro, quien fue asimismo condenado en el caso del secuestro de Segundo Marey, la primera acción de guerra sucia reivindicada con las siglas GAL. Hierro recibió el indulto en ambos casos, el de torturas y el de guerra sucia, y tras dejar la Policía fue muchos años jefe de seguridad en España de una de las grandes marcas de automóviles francesa, Peugeot.

Significativamente, la seguridad de la principal marca francesa, Renault, estuvo también a cargo de otro famoso torturador, José Antonio González Pacheco Billy el Niño, del que se ha hablado mucho a raíz de que la jueza argentina María Servini pidiera su extradición a causa de su terrible historial torturador durante el franquismo, y el Gobierno español la negara.

Como se ve, en el caso de Ana Ereño, de cinco torturadores condenados en firme, dos recibieron el indulto y a otros dos nunca se les aplicó la pena, ya que se les acordó la jubilación muchos años antes de la edad reglamentaria. Así, tan solo se ha aplicado la condena a uno, con casi quince años de retraso.

En el resto de casos de tortura relacionados con el conflicto político que sufre Euskal Herria en los que ha habido condenas firmes ha pasado tres cuartos de lo mismo. La mayoría de los torturadores han sido indultados, casi el 60%, y bien raras han sido las ocasiones en que se han ejecutado realmente las sentencias cuando no ha habido indultos. He ahí otra flagrante prueba de la impunidad y los privilegios de que han gozado y siguen gozando los torturadores en el Estado español.