Hace diez años, en 2005, el 55% de la intermediación financiera del Estado español estaba en manos de las cajas de ahorro. Solo el 45% estaba en manos de los bancos. En los dos mandatos de Zapatero que comenzaron con la monserga del «cambio tranquilo» y acabaron en el desastre de la negación de la crisis, hubo dos acuerdos trascendentales entre Zapatero y Rajoy; uno fue la modificación exprés de la Constitución y el otro fue el acuerdo de liquidación del sistema de cajas.

Ciertamente, la corrupción y las irregularidades puestas de manifiesto a lo largo y ancho del Estado en las cajas de ahorros fueron gravísimas e impactantes, pero cabe hacerse la pregunta de si esa corrupción era inherente al sistema o si, por el contrario, surgió o se aceleró con ocasión de la liquidación del sistema de cajas de ahorros. Yo creo que la corrupción y las irregularidades existían, pero que se agravaron, aumentaron y aceleraron con ocasión de la liquidación del sistema por un fenómeno frecuente en la política que es el de vanguardizar el radicalismo para disimular las irregularidades. Para poner un ejemplo de los varios que cabe poner solo en Navarra, basta el de Gabriel Urralburu, que mientras se corrompía a manos llenas lideraba el ataque dialéctico a ETA y Herri Batasuna, porque nadie ha superado aquello de que hay que escupir a los de Herri Batasuna en la cara. Otros le imitaron.

La destrucción del sistema de cajas de ahorros fue un cerco y aniquilamiento legalmente preconcebido y en cuya vorágine la corrupción y las irregularidades aumentaron hasta el escándalo insoportable. Se trata de una maniobra invisible pero que se desarrolló ante nuestros ojos y cuyo objetivo era la liquidación de toda una estructura. Para ello se urdieron toda una serie de mentiras que se repitieron una y otra vez sin sonrojo ni vergüenza.

Era y es mentira la necesidad de la «bancarización»; las cajas en Alemania no se han bancarizado y las cooperativas de crédito de aquí tampoco.

Era y es mentira que la estructura bancaria garantizase la capitalización o imposibilitase la quiebra, como han demostrado las crisis y quiebras bancarias tanto de entidades que antes fueron cajas o de otras que no lo fueron nunca.

Era y es mentira la necesidad de privatización para capitalizarse y mucha mayor mentira la necesidad de la salida en bolsa, como han demostrado las conocidas experiencias nefastas.

Eran y son flagrantes mentiras las de contraponer profesionalización y carácter público de las entidades financieras, o la de la imposibilidad de crecer en parámetros equiparables a la gran banca.

Era y es una gran mentira, además de ser una ofensa a la razón, que las cajas eran entidades privadas, y específicamente que la CAN era una entidad privada; si hubiese sido privada, no podrían ser sus presidentes el o la presidente del Gobierno de Navarra, por simple imperativo de la incompatibilidad legal.

En el cerco y aniquilamiento de CAN aprovechado por los aprovechateguis de siempre para su lucro subyace, sin embargo, una cuestión política, económica y nacional de Euskal Herria. La subsistencia de la CAN solo era posible como tal en el marco de la Federación de Cajas de Ahorro Vasco-Navarras, que constituyó durante siglo y medio la estructura y referencia de las entidades financieras no bancarias ni cooperativas de las cuatro provincias.

Por debajo y por encima de las irregularidades y de la corrupción que se acentuó con ocasión del cerco y aniquilamiento de las cajas de ahorros, existió un debate cuyos términos merece la pena recordar. La transformación de la Federación Vasco-Navarra de Cajas de Ahorros en una entidad financiera no solo era lo lógico desde el punto de vista del entorno económico y social, sino la única salida viable para mantener la naturaleza de cajas, como se ha hecho en otras partes, por ejemplo, en Alemania. La CAV y la CFN deberían haber defendido juntas sus competencias históricas en materia económica-financiera y en concreto en cuanto a las cajas para poder preservar su especificidad.

Lo que ocurrió fue justamente lo contrario. El régimen navarrista se lanzó a tumba abierta a sumarse al cerco y aniquilamiento de las cajas. Pensaban y decían que preferían la unión de la CAN con cualquier entidad, fuese de Zaragoza, Burgos o Canarias, antes que con las cajas vascas. Hasta preferían buscar un neto especulador yanqui –¿no os acordáis de Mister Flowers y el ridículo que todo aquello era?– antes de que se analizasen el entorno financiero-económico, industrial, social y hasta histórico de encuadramiento de la CAN.

Desgraciadamente, tampoco existió la debida altura en la desastrosa gestión de las cajas vascas protagonizada por Mario Fernández, que ha acabado quedando en el ridículo. Mario Fernández y el bizkaitarrismo prefirieron defender la mayoría de la BBK en las tres cajas vascas emprendiendo incluso la alocada compra de una caja andaluza antes que buscar la estructuración razonable que marcaba la histórica Federación Vasco-Navarra de Cajas de Ahorro. Una vez más el bizkaitarrismo y el navarrismo se dieron la mano desde un aparente antagonismo.

El sabotaje a la comisión investigadora de la CAN en la legislatura pasada exige por responsabilidad la reapertura de dicha comisión para analizar las irregularidades y la corrupción aceleradas en los últimos tiempos de la CAN. Pero no ha de olvidarse que en el daño irreparable ocasionado a las navarras y navarros con el saqueo de la CAN existieron también objetivos y fines políticos perfectamente conscientes.