Adiós a la «verdad histórica» sobre el caso Ayotzinapa

El informe elaborado por expertos adscritos a la CIDH pone patas arriba la versión oficial sobre la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, de la que se cumplirá un año el próximo día 26.

Cuando alguien califica de «verdad histórica» unos hechos, de manera implícita descarta cualquier otra hipótesis. Eso fue lo que trató de hacer, precisamente, la Fiscalía mexicana (Procuraduría General de la República, PGR), con Jesús Murillo Karam –ya relevado de su cargo de fiscal federal– como principal valedor, y lo que sin titubear apoyó el Ejecutivo de Enrique Peña Nieto, respecto a la trágica desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, que tuvo lugar la noche del 26 al 27 de setiembre de 2014.

«Esta es la verdad histórica: los normalistas fueron calcinados, están muertos», sentenció Murillo Karam ante la prensa en enero del presente año.

A lo largo de las más de 500 páginas de un informe elaborado tras seis meses de exhaustivas pesquisas, los investigadores independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contradicen palmariamente el relato oficial, que sostenía que los estudiantes atacados en la ciudad de Iguala fueron ejecutados por miembros del cártel Guerreros Unidos y que posteriormente estos incineraron los cuerpos en un vertedero de la cercana localidad de Cocula para después arrojar sus cenizas al río.

La «verdad histórica» de la Fiscalía se apoya en 487 dictámenes periciales, 386 declaraciones y dos reconstrucciones de hechos, aunque los análisis de los restos recuperados en el basurero y en el río realizados en un laboratorio de Austria, solo identificaron genéticamente a dos de los 43 jóvenes, Alexander Mora y Jhosivani Guerrero. La investigación desmiente muchos de los extremos de esa verdad oficial y abre incógnitas y vías para seguir indagando y avanzar en el camino de la verdad y la justicia.

Sin evidencia científica de la incineración. El informe del GIEI se basa en el peritaje realizado por el peruano José Torero, de la Universidad de Queensland (Australia) y experto en incendios, quien realizó trabajo de campo, examinó pruebas y contrastó declaraciones de los presuntos autores. Afirma que «no existe ninguna evidencia que apoye la hipótesis generada, en base a testimonios, de que 43 cuerpos fueron quemados en el basurero municipal de Cocula».

Torero sostiene que no hay pruebas de que hubiera un fuego de magnitud suficiente «para la cremación inclusive de un solo cuerpo». Es más, señala que para incinerar 43 cuerpos al aire libre deberían haberse empleado 30 toneladas de madera y 13.000 kilos de neumáticos. El fuego tuvo que haber ardido durante 60 horas, con una llama que debía haber alcanzado siete metros y un penacho de humo de 300, lo que sin duda hubiera llamado la atención de los habitantes de localidades cercanas.

«Ese evento tal y como ha sido descrito no pasó», remarcó doctor en sicología social Carlos Beristain, integrante del GIEI.

El papel del Ejército y la Policía Federal en los hechos. En una comparecencia pública el 27 de enero de este año, Murillo Karam afirmó categóricamente que no existía «ni una sola evidencia» de la implicación del Ejército en los terribles hechos de Iguala.

Sin embargo, la investigación de los expertos prueba que tanto la Armada como la Policía Federal tuvieron en todo momento conocimiento de lo que estaba sucediendo y, además, cuentan con testimonios que refieren que hubo integrantes del Ejército en al menos dos de los escenarios donde los estudiantes fueron atacados por policías municipales. Otros testimonios indican que uno de los autobuses que transportaba a parte de los jóvenes fue detenido por policías federales.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes solicitó entrevistarse con miembros del 27 Batallón de Infantería del Ejército, con sede en Iguala, algo a lo que se ha opuesto el Gobierno mexicano. Incluso la ONU ha instado recientemente al Ejecutivo de Peña Nieto a permitir que los investigadores se entrevisten con los uniformados.

No está claro si la Armada o la Policía Federal tuvieron alguna responsabilidad en los ataques y en la desaparición de los estudiantes, pero queda probado que al menos hubo omisión y negligencia, ya que no hicieron nada por evitar los ataques.

El centro de comunicación y control que enmudece. Todos los cuerpos de seguridad estuvieron informados a tiempo real, a través del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) de lo que aconteció en Iguala la noche de los hechos, durante la cual los estudiantes fueron objeto de nueve ataques que, de acuerdo con la investigación, se llevaron a cabo de manera organizada y coordinada.

Curiosamente, según recoge un documento oficial de Protección Civil de Chilpancingo, la capital de Guerrero, en «ciertos momentos» de esa noche, las comunicaciones en el C4 estuvieron «intervenidas» y «restringidas» por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), es decir, por el Ejército.

El entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, detenido junto a su mujer, María de los Ángeles Pineda, como presunto autor intelectual de los hechos, telefoneó aquella noche más de diez veces a su secretario de Seguridad Pública –Felipe Torres, también arrestado–, cuando inicialmente aseguró que la noche de los ataque estaba dormido. Además, los datos de los teléfonos que hicieron o recibieron llamadas coinciden en hora y lugar con los incidentes registrados.

El misterioso quinto autobús. De acuerdo con la versión oficial, aquel 26 de setiembre fueron atacados cuatro autobuses en los que viajaban los estudiantes de Ayotzinapa –uno de los autocares transportaba al equipo de fútbol Los Avispones de Chilpancingo, que nada tenía que ver con los normalistas–.

La PGR sostuvo que los jóvenes fueron reprimidos porque se dirigían a reventar un acto de Pineda, esposa del entonces alcalde y que pensaba sucederle en el cargo. Entonces habrían sido confundidos con miembros de Los Rojos, una organización rival del cártel Guerreros Unidos, que tenía el control de Iguala y estaba infiltrado en las autoridades locales.

Aunque de ser cierto hubiera sido también un escándalo por lo desproporcionado e indiscriminado de la agresión, los investigadores afirman que los estudiantes, que obviamente estaban desarmados, llegaron a Iguala después de que terminara el acto y que, por tanto, no fue esa la razón por la que fueron atacados.

El GIEI se ha formado su propia hipótesis, que no ha sido barajada ni estudiada por las autoridades a pesar de las distintas evidencias existentes: el transporte de heroína entre Iguala y la ciudad estadounidense de Chicago, realizado con frecuencia en autobuses, podría estar relacionado con el móvil de la desaparición y aquel nivel de violencia contra los estudiantes, que pudieron haber tomado el vehículo equivocado.

La ocupación de autocares por parte de escuelas de escasos recursos, como la de Ayotzinapa, para realizar sus actividades es frecuente en México. Aquella noche, los jóvenes salieron de Tixtla con rumbo a Iguala para recolectar fondos que les permitieran viajar al Distrito Federal y participar en la marcha de conmemoración de la matanza de Tlatelolco (2/10/1968).

Como en otras ocasiones, se apoderaron de autobuses para viajar y, sin saberlo, pudieron haberse cruzado «con dicha existencia de drogas ilícitas (o dinero)» en uno de ellos.

«Las informaciones proporcionadas al GIEI señalan que Iguala era un centro de tráfico muy importante. (...) Algunos autobuses son utilizados para transportar heroína y cocaína y el dinero obtenido de este tráfico entre Iguala y Chicago. A pesar de esto, esta línea de investigación no se ha explorado hasta ahora», señala el informe.

De manera aparentemente inexplicable, pese a que distintas pruebas y testimonios apuntaban a cinco autobuses, la existencia de un vehículo de la compañía Estrella Roja no figura en la investigación.

Los expertos se mostraron preocupados por la destrucción u ocultación de otras pruebas.

Recomendaciones. Pese a haber arrojado en seis meses más luz que las instituciones mexicanas en un año, los investigadores lamentaron no poder ofrecer un diagnóstico definitivo de lo sucedido.

No obstante, los expertos emitieron 20 recomendaciones sobre el caso dirigidas al Estado mexicano, referentes a la investigación de los hechos, sobre las diversas responsabilidades en los mismos, las relativas la búsqueda de los jóvenes y las ligadas a la atención a las víctimas.