La independencia, una cuestión de poder

Un proceso independentista es una carrera de obstáculos. Requiere capacidad política y social para esquivar golpes, afrontar dificultades y superar límites. Paso a paso, hasta la meta final.

Cataluña avanza en su camino. Con ambición, rumbo a la siguiente estación. Siguiente meta: la desanexión. Toca diseñar el proceso y ejecutarlo, porque así lo ha decidido la mayoría. En estas elecciones no deciden la composición de un parlamento autonómico, se decide sobre su ruptura con el Estado.

El discurso del miedo ha acabado por confundir al propio Rajoy. Madrid no tiene claro si en caso de desanexión serán catalanes, españoles, europeos o vaya usted a saber qué. Ahí está la diferencia. Las catalanas y los catalanes sí lo tienen claro, serán lo que la sociedad catalana decida. Y punto.

Amenazan con que el proceso no es legal, que no respeta los límites de la Constitución. Efectivamente, no se basa en la Constitución, se basa en la voluntad de la sociedad catalana. No es legal, pero sí legítimo. Esa es la clave en los procesos de autodeterminación y secesión según la normativa internacional. Es posible crear un Estado catalán si existe una mayoría que lo apoye. Es posible construir un Estado vasco si así lo decidimos la mayoría del pueblo vasco.

Ahora amenazan con expulsarles de la Unión Europea. El poder económico y político pretende condicionar y cambiar los resultados de las elecciones utilizando el miedo. Síntomas más que evidentes de la mala salud de la democracia europea. No es insignificante lo que dicen, ¿pero es creíble?

Dejar a Cataluña fuera de la Unión Europea es una decisión política, una advertencia que puede resultar creíble en la actual situación. Ahora bien, si las naciones no reconocidas de Europa decidiéramos y lográsemos construir estados propios, la situación cambiaría radicalmente en Europa. Y las decisiones políticas también.

No existen protocolos respecto a los nuevos estados. Tampoco está regulado el procedimiento para echar a los que ya forman parte de la Unión Europea. No hay tratados que prohíban a un pueblo europeo alcanzar mayores cuotas de autogobierno; incluida la soberanía. Y además, ¿por qué vamos a tener problemas quienes pretendemos separarnos y no lo que vaya a quedar de España?

Hay otro punto fundamental. ¿Alguien ha preguntado a las y los catalanes si quieren formar parte de esta Unión Europea? ¿Nos lo han preguntado a los vascos y las vascas?

Cuántas veces habremos oído que «con independencia, a plantar berzas». Aquí seguimos, en el siglo XXI, en el corazón de Europa, protegidas por la marca España. Echemos cuentas: dos de cada diez trabajadores y trabajadoras son pobres, cuatro de cada diez necesitan prestaciones para cubrir las necesidades básicas porque el empleo ya no nos excluye del riesgo de pobreza. La mitad de las personas en paro no tiene ningún tipo de ingresos ni protección. Las mujeres tenemos más dificultades que hace diez años para vivir sin depender económicamente de nadie. Miles de jóvenes obligados a emigrar. Mucha gente tendrá que elegir entre comer verduras frescas o encender la calefacción este invierno. El problema no es la independencia, es el capitalismo salvaje.

Anuncian una «catástrofe económica». Dicen que los bancos se irán, que el capital dejará de invertir. Esa realidad ya existe. El año pasado, en Euskal Herria, la mayoría de las inversiones se realizaron fuera del territorio. Con la liquidación de las cajas han dejado nuestros ahorros en manos privadas; pueden irse cuando quieran. Y ese riesgo no lo hemos creado las y los independentistas, estamos en contra de esa operación financiera. No es independencia, es capitalismo.

Hablaremos de economía, democracia, situación social, pero la independencia es, ante todo, una cuestión de poder. Si un pueblo tiene el poder de organizar y gestionar sus recursos, tiene un futuro mejor. Según el Gobierno de Urkullu, el cumplimiento íntegro del Estatuto supondría 10.000 millones más al presupuesto de la CAV. ¿Y la plena soberanía? Echen cuentas. Solo se me ocurre una razón para renunciar a la soberanía, evitar (robar) las posibilidades que nos ofrece para transformar la realidad actual.

Romper las cadenas y dejar de ser subordinado no es un riesgo para un pueblo que quiere ser libre. La independencia no es una amenaza para el pueblo, lo es para el poder actual. Y es por eso que la élite económica, los especuladores y la CEOE han entrado en campaña.

Los próximos años serán determinantes. Decidirán sobre el modelo territorial. Cataluña afronta ese momento político con un proceso en ebullición. Los españoles, por su parte, con su propio proceso para reformar y perpetuar la unidad territorial. ¿Cómo lo vamos a abordar en Euskal Herria?

El PNV ya se ha posicionado: renuncia a la soberanía. Anestesia el debate con ponencias de autogobierno y negocia en Madrid a espaldas de la sociedad. Todo un fraude.

El independentismo vasco tiene que tener propuestas claras para abordar este momento político. Debemos concretar ofertas para la ruptura, propuestas soberanistas para construir nuevas realidades, iniciativas políticas que den el protagonismo a la sociedad.

La independencia está en el centro del debate, que no lo arrinconen en Euskal Herria. Demos inicio al debate que defina nuestra siguiente meta y diseñemos el camino. Ese es el impulso que necesita el proceso soberanista.