Eutanasia: dignidad individual y valores comunitarios

Los casos del médico de Hazparne Nicolas Bonnemaison y el de la niña gallega Andrea han reabierto el debate sobre la muerte digna, la asistencia sanitaria a la muerte y la eutanasia. El tema de la enfermedad y la muerte afecta a las personas de manera íntima e individual, pero tiene una dimensión comunitaria muy fuerte. Es triste que el debate solo se reavive socialmente con escándalos judiciales puntuales, cuando en la vida de miles de personas y de familias las perspectivas de gestionar lo más humanamente posible el proceso de una enfermedad que conllevará la muerte de un ser querido es un tema cotidiano y, a menudo, más trágico de lo moralmente aceptable.

Esa vivencia particular, privada, es en todo caso común a todas las personas y la manera en que se puede gestionar política y culturalmente es pública. Los cambios sociales en torno a la salud y la enfermedad, desde la longevidad actual hasta la dependencia de las estructuras familiares a consecuencia de unas políticas públicas deficientes, marcan las tendencias a medio plazo, pero no alcanzan la agenda política, no parecen prioritarias y no forman parte del debate público.

Bonnemaison, un caso simbólico

En el segundo juicio en su contra, esta vez realizado en Angers, Bonnemaison fue condenado ayer por un jurado a dos años de prisión. Un castigo que, sin embargo, no deberá cumplir. El médico había sido absuelto de «envenenar» a siete de sus pacientes en el proceso anterior, que tuvo lugar en Pau.

Tal y como señala su defensa, el proceso ha buscado a toda costa una condena que resulta incongruente con la justicia: si practicó homicidios al margen de su labor médica, tal y como sostiene la Fiscalía que ha promovido este segundo juicio, las peticiones y el castigo debían haber sido mucho más duras; mientras que si Bonnemaison trató a sus pacientes terminales dentro de sus funciones médicas para que no sufrieran más de lo necesario, no hay razón alguna para perseguirlo penalmente como se ha hecho.

La condena a Bonnemaison es simbólica en todos sus sentidos. Con el castigo el Estado francés señala que no va a permitir avanzar tan fácilmente en este terreno. El consenso social y médico tendrán que esperar al político y, en consecuencia, al jurídico. No obstante, al ser una condena que no conlleva pena de cárcel, se asume que la ley no se corresponde con la realidad social. François Hollande lo llevó en su programa, pero esa reforma permanece estancada en la burocracia parisina.

En este contexto, los reaccionarios piden mano dura, los reformistas cercanos al Gobierno y al PSF temen que el debate les afecte y quienes quieren avances sustantivos y reales en favor del derecho a una muerte digna no explotan un caso que tampoco resulta del todo ejemplar. Sin ir más lejos, las familias de los enfermos que murieron estando bajo la atención de Bonnemaison han aparecido divididas en el juicio.

Un coste demasiado alto

Mientras tanto, en los hospitales y en los hogares de Euskal Herria, miles de personas ven día tras día que no existen recursos públicos suficientes para garantizar unas condiciones de vida digna a todos los enfermos en estado degenerativo avanzado o terminal, que en la enfermedad las clases sociales adquieren una nueva dimensión, que en general desconocen sus derechos y sus opciones, que los mecanismos oficiales que existen no son suficientes para garantizar esa muerte digna, que dependen en gran medida de la voluntad del personal sanitario que les atiende a ellas o a sus familiares. Es en esa interlocución entre profesionales de la salud y los pacientes en la que se forman consensos sociales que las instituciones deberían ser capaces de traducir en normas y recursos públicos.

El coste emocional y económico de este tema es demasiado alto como para que no encuentre un hueco en las agendas de los medios y los políticos. Los debates que se den hoy y las decisiones que se tomen ahora perfilarán la clase de sociedad que tengamos en tres, cuatro y cinco décadas. Euskal Herria ha pasado en un periodo histórico bastante corto de ser una sociedad clerical y conservadora a una más progresista y pluralista. Ese impulso a favor de los derechos, a favor de la emancipación y de la libertad individual y colectiva, debe perdurar y reforzarse a través de pasos concretos. El miedo a la muerte es bastante natural entre nosotros, pero el miedo a la vida es socialmente inducido y no se debe ceder ante él. El derecho individual a una muerte digna es un signo más de una vida colectiva saludable.