La versión policial describe una red típica de dopaje
La Guardia Civil habla de mensajes irrastreables, pagos a terceros o reuniones en lugares sospechosos.
En la tercera sesión del juicio por el “caso Estrobo” cogieron la palabra varios agentes de la Guardia Civil que intervinieron en la investigación. Según la versión policial, los acusados utilizaban medidas de protección para evitar ser controlados y usaban un argot habitual entre quienes recurren a sustancias prohibidas en el deporte.
Según relataron, durante la investigación se detectó que el club había recibido en agosto de 2010 dos paquetes desde Córdoba –uno de ellos con el entonces presidente como destinatario y el otro con destino a la sucursal bancaria donde trabajaba–, «en concordancia» con dos pagos realizados en fechas próximas por un importe de 2.400 euros.
La remitente era una identidad ficticia que, según se pudo comprobar posteriormente, correspondía a la esposa del excliclista Antonio Arenas, quien ya reconoció en la primera sesión que había remitido al club tres paquetes, uno de los cuales se perdió, que contenían EPO y Aranex, tras recibir un encargo de parte de Marcos Mainar.
Según los policías, la remitente de los paquetes les explicó que, una vez abierta la investigación, se pusieron en contacto con ella desde el club para advertirle de que la policía judicial estaba «detrás» y que «había que buscar alguna coartada», tras lo que ella indicó que un familiar suyo tenía una tienda de bicicletas y se podían «justificar los importes con facturas» del comercio –esa es precisamente la versión del entrenador José Manuel Francisco–.
La investigación permitió detectar dos pagos en agosto y septiembre a un número de cuenta de la esposa de Marcos Mainar, así como dos envíos desde la Universidad de Extremadura, donde es profesor. También llamó la atención la adquisición por parte del club vizcaino de «una barbaridad de Venofix, las mariposas que se compran para tomar vías».
En cuanto a las comunicaciones intervenidas, dijeron que «en muchas ocasiones» solicitaban líneas de teléfono o faxes «seguros» y que se enviaban mensajes con un mismo e-mail compartido en el que «dejaban las conversaciones escritas en borrador» para que no hubiese «intercambio de datos». También hubo seguimientos a dos reuniones en Burgos (con el médico Javier Lolo Velarde) y Talavera (con el propio Mainar).