Alertan de los efectos perversos del macroproyecto minero Muga

La mina de potasas que Geoalcali tiene previsto explotar en una amplia zona que va desde Iruñerria hasta las Cinco Villas aragonesas provocará graves daños medioambientales y un cambio en las formas de vida, según denunciaron ayer en el Parlamento navarro.

Integrantes de la Plataforma Unitaria Contra las Minas de Potasa en la Val d’Onsella y la Sierra de Erreniega comparecieron ayer en la comisión de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Parlamento navarro, a petición de Eduardo Santos (Podemos), para alertar del proyecto Muga, impulsado por la empresa Geoalcali que tendría efectos perversos en una amplia zona que va desde la sierra de Erreniega en Iruñerria hasta las comarcas aragonesas de Altas Cinco Villas y Chacetania pasando por localidades navarras como Irunberri o Zangoza.

Manuel Velasco, integrante de la plataforma, explicó que los vecinos de la zona afectada se agruparon hace unos cinco meses para denunciar este proyecto «que cambiaría la forma de vida» de todas estas comarcas. Junto a ello, alertó de que Geoalcali es una empresa nacida expresamente para desarrollar este proyecto. Su capital social es mínimo –alrededor de 4.000 euros– y pertenece al 100% a la australiana Hightfield Resources. Ninguna de las dos empresas tiene experiencia previa en la minería.

Su compañera Marta López explicó que la solicitud de permisos de investigación y de explotación se realizan en base a la Ley de Minas de 1973, que no contempla aspectos hoy considerados básicos como la protección medioambiental o la participación ciudadana.

En este sentido, López recordó que el proyecto consta de 5.000 páginas e incluye 150 planos y denunció que el plazo de exposición pública se limitó a treinta días. Además, no se facilitó la documentación en soporte informático, sino que era preciso acudir a la Administración para acceder al papel. «No daba tiempo ni a leerlo», destacó.

En cuanto a los problemas medioambientales, López denunció que estas minas generarán montañas de residuos salinos de 47 metros de altura y que ocuparán 49 hectáreas, provocando daños en los acuíferos del entorno de la explotación durante años.