Barrena: «Que sea una herramienta para desactivar la ley de excepción»

Ninguno de los 35 militantes independentistas juzgados dentro del sumario 04/08 tendrá que volver a prisión. Las partes llegaron ayer a un acuerdo de conformidad que implica penas de entre dos años y año y medio. Un pacto inédito que implica su sentencia por «integración» pero que ellos confían en utilizar contra las leyes de excepción.

Los 35 militantes independentistas que estaban siendo juzgados en la Audiencia Nacional desde diciembre no tendrán que volver a prisión. Las partes (Fiscalía, acusaciones populares ejercidas por AVT y Dignidad y Justicia y las defensas) llegaron ayer a un acuerdo de conformidad que implica condenas de entre dos años y año y medio de cárcel (e inhabilitación para cargo público por el tiempo de la condena) para cada uno de los acusados en el sumario 04/08, que deriva de la redada de Segura y las actuaciones contra EHAK y ANV. «Este acuerdo tiene como objetivo fundamental que ninguno de los encausados vuelva a ingresar en prisión. Se ha conseguido. Nuestro deseo es que sea una herramienta para terminar de una vez por todas con la aplicación de leyes de excepción», remarcaba Pernando Barrena en el exterior de la Audiencia Nacional, cuando ya se había firmado el pacto que pone fin a un proceso judicial que ha durado casi una década. Todos los encausados se enfrentaban a penas de diez años de cárcel, aunque muchos ya permanecieron entre varios meses y más de dos años en prisión.

Según el acuerdo, los 35 ciudadanos vascos asumen las imputaciones en los términos que formulaba el ministerio público, por lo que son condenados a un delito de «integración en organización terrorista» que se basa en su actividad política. A ello se le suma un texto firmado por los encausados que señala: «Reconociendo su participación en los hechos, asumiendo que su conducta fue contraria a la legalidad vigente, y quieren añadir su compromiso con la renuncia a cualquier actividad relacionada con el uso de la violencia, queriendo que este reconocimiento contribuya a la reparación a las víctimas del terrorismo por el daño y sufrimiento que se les ha causado».

El acuerdo es muy novedoso ya que, hasta el momento, ninguno de los macrosumarios políticos se había cerrado de conformidad. Todos terminaron vistos para sentencia con amplias condenas, como el 18/98, o con absoluciones casi unánimes, como los dos últimos juicios al movimiento juvenil, que concluyeron con 66 exonerados de los 68 procesados. Nunca, sin embargo, se había logrado pactar y evitar condenas de cárcel, lo que puede apuntar a un cambio de estrategia por parte de Fiscalía y acusaciones.

Para la reducción de las penas y su suspensión se han aplicado dos elementos jurídicos básicos. Por un lado, un atenuante por dilaciones indebidas, ya que han pasado más de cinco años desde que se formuló el escrito de acusación hasta el inicio del juicio oral. Por otro, la aplicación del artículo 79 bis 4 del Código Penal que permite rebajar en uno o dos grados las condenas por «terrorismo» cuando el hecho cometido sea «de menor gravedad». Este artículo, que se incluyó en la reforma aprobada por el Gobierno español en 2015, ya fue empleado recientemente por el Tribunal Supremo en la sentencia en la que condenaba a dos años de cárcel a Ibon Esteban y Ainhoa Villaverde, sentenciados en el último macrojuicio contra el movimiento juvenil vasco.

El macrojuicio, iniciado en diciembre, era consecuencia de la reacción del Estado al frustrado proceso de diálogo con ETA entre 2004 y 2006. Además venía marcado por el proceso derivado del sumario 35/02, donde el Tribunal Supremo ratificó el fallo de la Audiencia Nacional, condenó a 20 militantes independentistas, avaló el expolio de más de 100 locales y apuntaló la causa general contra la izquierda abertzale impulsada en su día por Baltasar Garzón.

Por eso, Barrena quiso reivindicar su labor política. Defendió el proyecto independentista, insistió en que su actividad siempre ha buscado la resolución del conflicto vasco y reiteró la apuesta por las vías «exclusivamente pacíficas y democráticas». Con su vuelta a Euskal Herria ponían fin a otro ejemplo del «todo es ETA» que aún no se ha cerrado definitivamente.

Un operativo que ocupó portadas y un fallo que pasa desapercibido

Nadie en el Estado prestó atención al acuerdo que condenaba a los 35 militantes independentistas pero que evita su reingreso en prisión. La escasa atención mediática y política evidencia que el orden de las prioridades ha cambiado y que asuntos como un macrojuicio político, que antes 0cupaba durante días las portadas de los medios españoles, queda ahora muy abajo entre las preocupaciones de rotativos y políticos. Es posible que la fecha acompañase. Todas las miradas estaban puestas en el Congreso español, donde se constituía la Cámara y no había interés en señalar que a unas decenas de kilómetros, en San Fernando de Henares, 35 ciudadanos vascos eran juzgados por su actividad política.

También es cierto que, habitualmente, quien más ruido hace tras cualquier sentencia que no implique altas condenas son los lobbys vinculados a determinadas víctimas de ETA y que, en esta ocasión, ejercían como acusación popular. Tanto la AVT como Dignidad y Justicia emitieron un comunicado conjunto (algo paradójico teniendo en cuenta la mala relación que existe entre sus directivas) en el que explicaban su posición. Acostumbrados al habitual ruido, daba la sensación de que en el escrito, tanto Ángeles Pedraza como Daniel Portero trataban de excusarse por no haber sido «más duros». «Dicho acuerdo lo hemos hecho velando siempre por el mejor interés de las víctimas del terrorismo», cerraban.

Ninguna fuerza política española dijo tampoco nada. Y eso que PP, PSOE, Podemos o Ciudadanos estaban reunidos tanto en el Congreso español como en el Senado. También es cierto que el impacto en Euskal Herria es más mediático que político. Únicamente Eusko Alkartasuna, integrada en la coalición EH Bildu, emitía una nota en la que confiaba en que el modo de resolver el macrojuicio político fijase «un antecedente muy importante en el camino hacia la paz y la normalización». Además, insistía en «su compromiso de continuar trabajando por la resolución, la pacificación, la memoria y la defensa de todos los derechos humanos». Está previsto que los acusados ofrezcan hoy una valoración en profundidad que complete las primeras palabras pronunciadas ayer por Pernando Barrena. De cara al futuro, caber recordar que este mismo sumario todavía tiene una pieza separada en la que están imputadas 24 personas (de las 27 que han declarado esta semana). Además, Hasier Arraiz tiene el caso en el TSJPV.A.P.

Cronología

octubre 2007

La Policía española desarrolla una redada en Segura por orden del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y detiene a 23 militantes independentistas. 17 de ellos son enviados a prisión.

febrero 2008

Nueva redada de la Policía española contra militantes independentistas que se salda con 14 detenidos (11 de ellos a prisión).

setiembre 2008

El Tribunal Supremo español ordena la ilegalización de EHAK y ANV, acusándoles de haber sido «utilizadas por Batasuna para seguir los dictados de ETA».

marzo 2009

Baltasar Garzón procesa a 44 militantes de la izquierda abertzale a los que acusa de ser miembros de Batasuna, EHAK y ANV.

diciembre 2015

Comienza el juicio por la redada de Segura con 35 imputados. Un mes después se cierra con el acuerdo entre las partes.

Las condenas

2 años de cárcel

Marisa Alejandro, Anjel Mari Elkano, Marije Fullaondo, Jon Garai, Gorka Etxeberria, Aner Petralanda, Juan José Petrikorena, Joana Regueiro, Arantza Santesteban y Mikel Zubimendi.

1 año y 8 meses

Nuria Alzugarai, Aitor Aranzabal, Karmele Aierbe, Iñigo Balda, Pernando Barrena, Gorka Díaz, Mikel Etxaburu, Maite Fdez de la Bastida, Ino Galparsoro, Mikel Garaiondo, Asier Imaz, Eusebio Lasa, Aurore Martin, Patxi Urrutia y Joseba Zinkunegi.

1 año y medio

Haizpea Abrisketa, Jesus Agirre, Egoitz Apaolaza, Alazne Arozena, Karmele Berasastegi, Nekane Erauskin, Antxon Gomez, Iñaki Olalde y Juan Carlos Ramos.