Sindicatos y organizaciones de izquierda han reaccionado con fuertes críticas a la inédita sentencia pronunciada por el Tribunal Correccional de Amiens, que ha condenado a ocho extrabajadores de la sociedad Good Year, sita en la misma ciudad del norte del Hexágono, a sendas penas de dos años de cárcel, de los cuales 9 meses serán de obligado cumplimiento.

El Tribunal los ha condenado por el «secuestro» de dos directivos de la conocida empresa de neumáticos en enero de 2014, cuando ocuparon la fábrica en pleno conflicto laboral por el anuncio del cierre del centro de trabajo, que contaba con 1.143 personas empleadas.

Se da la circunstancia que los dos directivos retiraron sus denuncias pero la Fiscalía mantuvo las acusaciones solicitando dos años de cárcel para cada uno de los acusados.

Los afectados han manifestado que «el Gobierno ha querido utilizarnos para dar ejemplo y advertir a la gente de que tengan cuidado y vean lo que les puede pasar si luchan por su puesto de trabajo», por lo que consideran que se trata de una sentencia «puramente política».

Un «escándalo»

A la cohorte de reacciones se ha sumado la de LAB, que ha expresado su solidaridad con los trabajadores condenados. El sindicato abertzale estima que el fallo es «simple y llanamente un escándalo que demuestra, una vez más, que los trabajadores que exigen respuestas a sus patronos deberán, desgraciadamente, afrontar una justicia a dos velocidades, ya que quienes cierran ilegalmente las empresas son protegidos».

Otro tanto ocurre, según LAB, con los responsables de accidentes mortales «a quienes nunca se condena aunque el Código de Trabajo prevé penas» para esos casos. «Todos los años mueren entre 300 y 400 personas en el trabajo y jamás se ha condenado a la cárcel a ningún patrono», subraya.

Añade que lo que resulta «violento» es el cierre de las fábricas que «condenan a miles de trabajadores a la precariedad, al paro e, incluso, impulsan a algunos al suicidio», al tiempo que denuncia al Gobierno que «anima a los patronos a despedir, intimida a los trabajadores enojados, como en el caso de Air France, y condena injustamente a los ochos trabajadores de Good Year».

También la CGT, sindicato mayoritario en la empresa de Amiens ha tenido duras palabras para una sentencia «inaceptable» que «es el arma que Hollande, Valls, Taubira y el conjunto del Gobierno han decidido utilizar para intimidar a los trabajadores que luchan por sus empleos y sus derechos». Ha lanzado una campaña de solidaridad a nivel estatal para exigir «el cese de la represión antisocial del Gobierno».

Diputados del PS, como Yann Galut, han manifestado su incomprensión por la sentencia. El portavoz del FG en la Asamblea Nacional, André Chassaigne, la ha tildado de «abyecta».