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Somos conscientes que en los Estados español y francés no hay voluntad política para resolver la vuelta a casa de las personas presas y refugiadas, de la misma manera que no la hay para reconocer a Euskal Herria sus derechos políticos. Esta lógica obedece a consensos y estrategias de Estado que sobrepasan la voluntad de tal o cual partido con opciones de gobierno.

Para abordar las consecuencias del conflicto tendrían que admitir la raíz política del mismo, algo que ni reconocen ni a corto plazo tienen intención de hacer. Por ello, no podemos quedarnos a la espera de gestos que no llegan, es tiempo de dar pasos, por tímidos que sean, para materializar y acelerar su vuelta a casa.

A día de hoy, las vulneraciones de los derechos de presas y presos, con sus diferencias, son una realidad cotidiana en ambos estados. Sus gobiernos consideran que solucionar las consecuencias del conflicto o mostrar algún gesto en ese terreno, no ofrece rédito alguno pese a que en Euskal Herria existe una incomprensión generalizada sobre el hecho de que todavía sigan existiendo personas presas o huidas por razones políticas.

Aún más incomprensible es que se mantenga la dispersión pese a la existencia de una mayoría social vasca favorable a la repatriación, que se impida la excarcelación de las presas y presos con graves enfermedades, que se denieguen los derechos y beneficios penitenciarios que la legalidad admite o el código penal reconoce. Inadmisible es que se siga persiguiendo, criminalizando, procesando y encarcelando la solidaridad y el trabajo en favor de los derechos de las personas presas y de su vuelta a casa.

Urge abordar la situación de las cárceles y el exilio superando todo tipo de posturas de resignación, pero también evitando el numantismo de posiciones tan puramente coherentes que no ofrecen soluciones más allá de una bilateralidad que ni llega ni se le espera a medio plazo. Por eso, no podemos quedarnos en la mera reivindicación de lo que en una fase pasada correspondía a los estados aceptar (amnistía) y debemos situar el retorno a casa de presas y refugiadas dentro del contexto actual, dentro de un proceso político que debemos acelerar unilateralmente.

Poner en marcha el proceso independentista y pisar el acelerador de esa estrategia hará que estén antes entre nosotras. Sin embargo, tampoco podemos confiar todas la cartas ni a la rapidez ni a la eficacia de la estrategia independentista para solucionar las excarcelaciones mas urgentes, las de las personas gravemente enfermas y las que por desgracia lo estarán mañana, las de mayor edad y las de quienes llevan largos años de prisión y a las que la salud y la vida se les escapa.

En cualquier caso, hasta que vuelvan a casa, el como abordar su excarcelación y su regreso es y debe seguir siendo una prioridad. Sus derechos y su vuelta a casa son un terreno para la lucha en el campo de los derechos humanos pero también en el ámbito político. Les queremos entre nosotras cuanto antes y por eso, abordar las excarcelaciones y el regreso hoy, nos obliga a actuar con determinación y audacia política porque no podemos esperar ni a la amnistía ni a la independencia para sacarles de las prisiones o traerles del exilio.

Es momento de redoblar la denuncia, el compromiso, el trabajo y la movilización pero también el momento de valerse de los resquicios que ofrecen la legalidad penitenciaria para acelerar su vuelta a casa en libertad. Cada militancia privada de libertad que saquemos de las cárceles, cada excarcelación que consigamos adelantar, es una aportación individual a la salida colectiva de todas las demás. Cuanto antes consigamos las primeras liberaciones, antes allanaremos el camino para la salida del resto.

Urge eliminar cuanto antes todas las medidas excepcionales que vulneran sus derechos, poner fin a la dispersión, el alejamiento, el aislamiento y la manipulación nauseabunda de la ley. Estamos persuadidas de que nuestra obligación es seguir peleando por todo ello, pero también estamos convencidas que no podemos exigir a las represaliadas que no den pasos mientras no se desactiven totalmente las legislaciones y medidas de excepción, que no están ni en nuestra mano ni en la de ellas. Por ello, con los único limites delimitados colectivamente por EPPK y EIPK (arrepentimiento y delación), no impediremos ni dejaremos a nadie impedir que den los pasos que consideren oportunos. Daremos cobertura política y social a todas las decisiones adoptadas o por adoptar para estar cuanto antes en casa o para acelerar su excarcelación haciendo valer sus derechos en el marco de la vigente legislación y desde la actual política penitenciaria.

Animaremos todo movimiento social o institucional, toda iniciativa y acuerdo que ayude al proceso de su excarcelación y reintegración a la sociedad vasca. Somos conscientes, como lo son ellas, que ese proceso de reintegración habrá de iniciarse siguiendo las vías jurídicas y los pocos cauces legales que ofrece la retorcida legalidad actual. Igualmente, también inicialmente, obedecerá a una aplicación individualizada, pero no dejaremos de perseguir en todo momento las excarcelaciones condicionales anticipadas y la necesidad de su aplicación generalizada.

EPPK ya asumió la existencia de un daño multilateral causado en un conflicto político que durante años se expresó con violencia. Al contrario que los estados, que nunca han asumido el daño causado, EPPK dio un paso adelante asumiendo su parte de responsabilidad derivada de una actividad política militante, expresada o no con las armas. Pero asumir el daño causado y renunciar a utilizar en el futuro los métodos utilizados en el pasado no tienen absolutamente nada que ver ni con la delación ni con renegar de su pasado militante. Asumir sus acciones y las consecuencias derivadas de las mismas les hace personas mucho más dignas que a aquellas otras que, situadas en el otro lado, nunca asumieron ni sus acciones ni sus consecuencias, y también mucho más dignas que otras que, aparentemente situadas en la misma trinchera, nunca arriesgaron nada y se dedican a expedir certificados de coherencia y dignidad. Les queremos en casa cuanto antes, les queremos como militantes a nuestro lado porque el conflicto que enfrenta a Euskal Herria con los estados español y francés sigue sin haber sido solucionado aunque políticamente se exprese hoy de otra manera, aunque se atenga hoy a nuevos parámetros. Les queremos aquí y les queremos ya, porque siguen siendo un capital humano y político necesario para seguir pelando por la independencia y el socialismo, por lo mismo que les/nos llevó a la cárcel y el exilio.

En definitiva, es necesario enfrentar la excepcionalidad de la actual legislación al tiempo que se trata de abordar la situación de las personas presas y refugiadas a través de la implementación de medidas jurídicas que puedan acelerar su vuelta. Evidentemente, el cuando y el como de la utilización de la vía ligada al ámbito jurídico y penitenciario, les corresponde a ellas. A las y los demás, nos queda la tarea de arropar políticamente sus decisiones, movilizarnos y presionar para desmantelar esas arquitecturas jurídicas que en la mayoría de los casos imposibilitan transitar las vías legales.

Reclamar la desactivación de las leyes de excepción es un acto político, reclamar la aplicación de los derechos humanos también lo es y reclamar que a todas las personas presas se les apliquen ya los derechos que recoge legislación ordinaria, también es un acto político de primer orden. Estas tres reclamaciones la sociedad vasca las entiende, la comunidad internacional las entiende y en torno a ellas se debe acumular fuerzas. Pero, mas allá de ello, el domingo 17 de abril a las 12 del mediodía, tenemos cita en Bilbo para, en el día internacional de las personas presas por motivos políticos, revindicar el carácter político de las presas vascas y aunar fuerzas para su vuelta a casa cuanto antes.

* Firman también los siguientes ex-presos: Iñigo Akaiturri Irazabal, Begoña Uzkudun Etxenagusia, Joseba Artola Ibarretxe “Txakur”, Itziar Arrizabalaga Osa, Jose Ramón Martinez de la Fuente “Txori”, Jokin Etxeberria Lagisquet, Kai Saez de Egilaz Murgiondo.