«La desobediencia desde las instituciones es la crónica de un bloqueo anunciado»

Además de catedrática en la Universitat Autónoma de Barcelona (UAB), Mercé Barceló (Barcelona, 1962) es Coordinadora del Col·lectiu Praga, que agrupa a numerosos juristas en defensa del derecho a decidir. Sin pelos en la lengua, lamenta más de un error del independentismo y receta calma y paciencia. «Esto no se hace en 18 meses», asegura.

Es independentista, pero carga con dureza contra la declaración del 9N, así como contra las prisas. Critica la desobediencia institucional, pero ensalza la civil, sin hacerse ilusiones respecto al estado actual de las entidades soberanistas. Sin casarse con nadie, así ve Mercé Barceló un proceso catalán en horas bajas que, sin embargo, considera que puede remontar en cualquier momento.

381 municipios investigados, la actividad parlamentaria fiscalizada por el TC... Se dice que el Estado no está haciendo nada con el proceso catalán, pero no parece así...

Tenemos que tener muy claro que el poder judicial es parte del aparato del Estado, que no tiene ninguna gana de ayudar a un proceso de secesión y que utilizará todos los instrumentos que estén a su alcance, incluidos los tribunales. No nos puede extrañar.

¿Cree que pueden llegar al punto de bloquear las instituciones catalanas?

Claro. Porque desde el Estado autonómico no se puede hacer un Estado independiente, es una contradicción pretenderlo. Harán todo lo posible para bloquearte.

¿Qué alternativas existen?

Para mí hay dos, y no son incompatibles. La primera es negociación, negociación y más negociación para conseguir un referéndum sobre la independencia. Nada de distorsiones sobre un Estado federal que al final solo reclama un 13% de la población, incluyendo a Unió. Que no se confunda nadie, el referéndum debe ser sobre un Estado independiente. Si siendo independientes nos queremos federar, ya haremos otro referéndum.

La otra alternativa que, insisto, no es incompatible, es la desobediencia civil. Y repito: civil. Porque si la desobediencia es institucional, se te bloquearán las instituciones, tal y como está ocurriendo. La desobediencia desde las instituciones, cuando además la explicas con pelos y señales, es la crónica de una muerte anunciada o, como poco, la crónica de un bloqueo anunciado.

¿Considera por tanto un error la Declaración de desconexión del 9N?

Un error estratégico absoluto. Primero, porque la desobediencia no se dice, se hace. Y segundo, porque la Declaración explicaba en qué consistiría dicha desobediencia, de la A hk la Z. Además, con la reforma de la ley del Tribunal Constitucional no consigues ni plantear un conflicto. Me explico: el 9N se aprobó una declaración de desobediencia con un anexo que dice todo lo que se iba hacer. El Tribunal Constitucional la anuló. A partir de aquí, todo lo que vayas haciendo no lo tendrán ni que recurrir, porque con la reforma, el propio TC te puede anular todas las actuaciones. No obligas al Gobierno a recurrir cada paso, a estudiarlo, etc. Evidentemente, todo nos lleva al mismo resultado, pero la vía más catastrófica es la que se ha elegido: anunciar que desobedecerás y anunciar qué desobedecerás. Se lo has servido en bandeja. Eso está condicionando cosas como los trámites de las leyes del proceso. En vez de presentar proposiciones de ley directamente, están obligados a crear ponencias conjuntas para salvar, precisamente, la nulidad inmediata.

En cualquier caso, todos los caminos conducen al mismo resultado final: paralización absoluta del proceso desde las instituciones. ¿La alternativa que yo veo? Que el proceso sea conducido a partir de ahora por la sociedad civil de forma organizada.

¿Ve fuerza social suficiente ahora mismo? Desde fuera se intuye cierto desgaste...

Es muy difícil mantener el grado de movilización. De hecho, es tan difícil que no se está consiguiendo. Pero ya veremos, porque ya sabemos que esto es cíclico, cada año pasa lo mismo. Creo que este 11 de setiembre será clave para ver si se supera este desánimo que comentas y del que participamos muchas personas. Todo dependerá de cómo nos motiven esta vez la Assemblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural.

¿Cuál es la manera de reactivar el campo social? ¿El tantas veces mentado y poco concretado proceso constituyente?

Es una buena fórmula. Nos faltan dos cosas: ensanchar la base favorable a la independencia y saber qué número de personas está a favor. Es decir, saber si tenemos la mitad más uno de los posibles votantes. Porque con eso ya está, aquí no hay mayoría cualificada que valga, porque entonces valdría más el voto del ‘no’ que el del ‘sí’. Teniendo estas dos finalidades, efectivamente, un proceso constituyente que sea capaz de vincularse con el cinturón de Barcelona es interesante.

Entonces, ¿el referéndum de validación de dicho proceso constituyente serviría como referéndum de independencia?

En un plano ideal te diría que no, que no sirve, porque volveríamos a tergiversar el resultado. Yo discierno entre si me gusta o no me gusta un texto constitucional y entre si quiero la independencia de Catalunya o no. Por tanto, estamos volviendo a tergiversar, reuniendo en una misma cita dos cuestiones que son muy diferentes, igual que hicimos el 27 de setiembre. Dicho esto, ¿qué hacemos si la negociación, negociación y más negociación siguen sin dar resultados? Ante la disyuntiva, seguramente es más positivo hacer este referéndum sabiendo que lo estás ligando a una opción que te puede tergiversar el resultado, que no hacerlo. Pero yo insisto en que el Estado tiene la obligación, no moral o política, que también, sino obligación constitucional de hacer el referéndum. Hay una obligación constitucional que va ligada a la formulación del derecho a decidir como un derecho que se deriva de la Constitución española. Si España quiere seguir siendo un país democrático, legitimado ante la comunidad internacional, el referéndum es obligatorio.

Eso sí, lo que no puede ser es que nos hagan votar muchas más veces, porque la ciudadanía quiere ser tomada en serio. No puede ser que te llamen a votar un 9 de noviembre, que sea un éxito y que después no sirva de nada. Nadie capitalizó aquello y eso provoca decepciones, tiraron los resultados a un pozo. Y después montas otras elecciones que son plebiscitarias, pero que luego se presentan los partidos y claro, la gente también vota izquierda o derecha, por suerte, no solo independencia ‘sí’ o ‘no’. Así que acabas mezclando dos opciones que hacen que puedas perder, y así pasó. Porque mucha izquierda se fue del voto independentista.

Todo parece llevar a un callejón sin salida: es necesario volver a contarse en un referéndum, pero las instituciones no pueden desobedecer, lo que obliga a negociar con un Estado que no quiere saber nada. ¿Dónde está la salida?

Sí, ya lo sé. Hasta Podemos ha renunciado al referéndum como línea roja. Estamos en un callejón sin salida, efectivamente. Y el Derecho ya no da más de sí. Hemos defendido que hacer el referéndum es perfectamente plausible en el seno de la Constitución española, que permite algo así y que, es más, es una obligación política del Estado. Pero el Derecho ya no da muchos más instrumentos. Deben ser políticos y sociales. Es la gente la que debe plantarse. Pero claro, cuando tocas el bolsillo ya es otra cosa. Cuando empiezas a decir que tenemos que pagar los impuestos aquí en Catalunya y que seremos sancionables por ello, las cosas cambian. Porque claro, si lo hacen 100 personas, serán sancionadas, pero si lo hacen millón y medio, el problema lo tendrá el que tiene que sancionar. Es la desobediencia civil, si la organizas bien, la que tiene caminos y sirve para forzar la negociación. Porque es un tema político, no jurídico.

¿Cómo ve a los partidos en este camino?

Con buena voluntad, pero faltos de recursos. Tengo la sensación de que estamos repitiendo el error que hicimos con la reforma del Estatut, que es confiarlo todo al Derecho. Como si el Derecho solucionase problemas políticos, cuando es al revés: el Derecho es un procedimiento que se pone al servicio de la solución política. Tu elígeme una solución y yo te pondré el Derecho después. Tengo la sensación de que algunos no tienen las ideas muy claras de a dónde va, porque ya están viendo que lo de los 18 meses no es plausible. Los de la CUP sí lo tienen muy claro, han asumido un papel más rompedor, pero saben que nunca tendrán poder real, por eso pueden decir lo que dicen.

Si no deben desobedecer, ¿qué papel deben jugar las instituciones?

Deben ayudar, coadyuvar, dar apoyo y, al mismo tiempo, forzar a Madrid al referéndum. Pero sigo pensando que las instituciones, con aquella Declaración del 9N, se sentenciaron. Ellas mismas se cerraron la puerta.

Uno puede decir que no hay nada más que negociar, que no sirve de nada. Bueno, no sé. Lo que sí sé es que la independencia no la conseguiremos pasado mañana, ni en 18 meses. Hemos cogido una prisa que en estos procesos, cuando además no tienes ningún tipo de apoyo internacional, puede llevar a un lugar muy incierto. En primer lugar porque la frustración es un peligro y, segundo, porque en un país como este, donde si se consigue la mayoría será por el 50% y poco más, hay que tener cuidado. Tenemos que pensar qué hacemos con el otro cuarenta y pico por ciento, igual que ellos deben pensar ahora qué hacer con nuestro 40 y pico por ciento. Sea cual sea la solución, inclusive la independencia, debe ser pactada.

Por lo tanto, ¿calma, buenos alimentos y paciencia?

Calma, trabajar mucho y fuera las prisas. Porque, además, esta es una cuestión de convencer, no de vencer. Lo que no podemos hacer son procesos tan frustrantes para todos, que cuando sale bien una actuación no la utilizamos y que decimos que haremos cosas que después no hacemos.