AVT y DyJ no quieren para Arraiz el acuerdo de la AN de enero

Fiscalía y defensa están de acuerdo en rebajar la petición de cárcel a Hasier Arraiz a dos años y que no vaya a prisión. Pero DyJ y AVT rehusan el mismo acuerdo cuatro meses después.

Cuatro meses después de que el acuerdo alcanzado por Fiscalía y los letrados de la AVT y Dignidad y Justicia permitiera que 35 encausados en el sumario de Segura no ingresaran en prisión, la acusación popular ejercida por las mismas organizaciones defendió ayer en la Audiencia Provincial de Bizkaia una petición de 10 años de prisión y otros tantos de inhabilitación especial para el presidente de Sortu y parlamentario de EH Bildu, Hasier Arraiz, encausado exactamente en el mismo procedimiento pero juzgado en el TSJPV (Tribunal Superior de Justicia del País Vasco) dada su condición de aforado.

Al inicio de la vista, el fiscal superior de la CAV, Juan Calparsoro, hizo público el acuerdo alcanzado con la defensa por el que se rebaja la petición de pena de cárcel e inhabilitación de seis a a dos años, al admitir a Arraiz el relato de hechos calificado jurídicamente como «pertenencia a la organización terrorista ETA». Se trata de 19 reuniones de la Mesa Nacional, tres actos políticos (dos en Gasteiz y uno en Laudio), dos manifestaciones, una entrevista en Radio Vitoria, dos concentraciones y una rueda de prensa, tal y como recordó el letrado de la defensa, Iñigo Iruin.

La rebaja en la pena supondría que Hasier Arraiz no tendría que ingresar en prisión, en concordancia con la resolución adoptada el pasado enero en la Audiencia Nacional tras el acuerdo alcanzado por Fiscalía, defensa, AVT y DyJ.

Remarcó Calparsoro el reconocimiento de los hechos por parte de Hasier Arraiz, su renuncia al uso de la violencia y su compromiso a contribuir a la reparación de las víctimas, y puso sobre la mesa otra cuestión: el hecho de que en el tiempo transcurrido desde su procesamiento hasta hoy, ETA ha abandonado su actividad armada.

El representante de la AVT, por contra, mantuvo la petición de 10 años de cárcel, aunque con una petición alternativa de 5 años de prisión. Lo intentó justificar citando la responsabilidad de Arraiz como «de mayor envergadura» por figurar como «responsable de Batasuna» en Araba y aludió a la complejidad de la causa En el mismo sentido, la letrada de DyJ apuntó a la existencia de «circunstancias extraordinarias» que distinguen a los otros imputados de Arraiz y atribuyó los retrasos a la «especial complejidad» de una causa en la que se investigó a 40 personas.

Incoherencia

A la intervención de los dos letrados que ejercen la acusación popular respondió el letrado de la defensa, Iñigo Iruin, reconociendo algunas de las cuestiones expuestas por AVT y DyJ como la referente a la complejidad de la causa. Pero apostilló que es exactamente igual de difícil ahora que hace cuatro meses, cuando todas las partes alcanzaron un acuerdo y en la mismísima Audiencia Nacional. Remarcó que los hechos por los que se juzga a Hasier Arraiz son los mismos por los que otras 35 personas han tenido condenas de dos años y puso el acento en el hecho de que pese a calificarse el delito como «de pertenencia a organización terrorista», las actividades por las que la acusación popular mantiene su petición de ingreso en prisión en nigún caso tienen un carácter violento ni amenazante.

Iruin, que hizo un repaso por jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo para avalar su defensa, manifestó a la sala que hay una «flagrante incoherencia» en las pretensiones de la acusación popular, atendiendo a que según su posición actual «hace cuatro meses era aplicable una cosa y no otra».

Apuntó el letrado, asimismo, que la misma acusación popular «ni hace cuatro meses ni ahora» ha afirmado que el acuerdo alcanzado en la AN fuera contrario a derecho.

Destacó además Iruin el peso de la atenuante por la dilación registrada en el procedimiento, que tildó de «extraordinaria e indebida». Según recordó, la próxima semana se cumplirán once años del inicio de esta causa» y «la instrucción, eso que era complejo, acabó en 2009, hace más de seis años». Mencionó en su argumentación que de igual forma que por el hecho de ser parlamentario no deben existir privilegios, tampoco tendrían que desprenderse perjuicios, como ocurre con Arraiz.

«Avanzar en la paz»

El último en intervenir ante la sala, que estuvo presidida por Juan Luis Ibarra, fue el propio Hasier Arraiz, para «dejar claro» cuál fue la actividad política que ayer le llevó a sentarse en el banquillo ante peticiones de condena de hasta 10 años. Se refirió al contexto en el que realizó esa actividad política por la que está encausado, recordando que se produjo en «un escenario político perverso», en el que muchas personas veían que se perseguían ideas políticas y se ponía en peligro «un proyecto independentista de izquierdas», ante lo que «entendimos que continuar con nuestra actividad no era una opción sino una obligación ética».

Arraiz apuntó que en ese recorrido llegó un «cambio de escenario» al que contribuyeron él y otros encausados. «Lo realmente importante es seguir avanzando en la paz y consolidación democrática», concluyó.

Apoyo de cargos de EH Bildu y saludo de Ortuzar antes de la vista

Cargos públicos de EH Bildu y representantes de la dirección de Sortu se concentraron ayer ante el TSJPV antes del inicio del juicio contra Hasier Arraiz, que se inició a primera hora de la mañana.

Tras una pancarta con el lema “Epaiketa politikorik ez” se pudo ver a Arnaldo Otegi, Rufi Etxeberria, Pernando Barrena y Maribi Ugarteburu, entre otros, junto a parlamentarios de la coalición, entre los que se encontraban Pello Urizar, Oskar Matute o Xabier Isasi, por citar solamente algunos.

En declaraciones a los medios, Barrena destacó que el de ayer es el «enésimo juicio político» que tienen que soportar los militantes independentistas por desarrollar «una actividad política totalmente legítima y amparada bajo cualquier respeto a los derechos fundamentales» y recordó que la causa que se sigue contra Arraiz en el TSJPV por su condición de aforado al ser parlamentario, es la misma basada en la redada de Segura de otoño de 2007 que se cerró con un acuerdo entre las partes en la AN el pasado mes de enero. Recordó Barrena que este tipo de acuerdos son una buena herramienta para cerrar los juicios políticos, «de manera que nadie más tenga que ingresar en prisión en este país por razones políticas» y como dinámica para «acabar con la excepcionalidad política y jurídica que representan».

El secretario general de EA y parlamentario de EH Bildu, Pello Urizar ,destacó por su parte «el intento y esfuerzo público por la paz y la convivencia realizado por Hasier Arraiz y denunció que se utilice a los tribunales para «mantener a Euskal Herria anclada en el pasado«.

A la movilización se acercó desde la cercana Sabin Etxea –sede del PNV– el presidente del EBB, Andoni Ortuzar. El dirigente jelkide saludó a Hasier Arraiz, con quien habló durante unos minutos, mientras se encontraba acompañado de su abogado, Iñigo Iruin, antes de su entrada a la vista. Otras fuerzas políticas declinaron acudir a este acto de apoyo al parlamentario independentista.N.G.

Izko denuncia la política de «venganza» tras el procesamiento de 47 solidarios con los presos

«A lo que la Guardia Civil y el Estado agreden es a un escenario de paz y resolución», Amaia Izko, portavoz de Sortu y una de las 47 procesadas en el macrosumario que instruye la Audiencia Nacional española contra la solidaridad con los presos políticos vascos, denunció ayer la política de «venganza» que a su juicio subrayace tras los operativos policiales desarrollados desde setiembre de 2013. En total, 47 personas pasarán por el tribunal de excepción entre ayer y hoy. Todas ellas están acusadas de «integración en organización terrorista» debido a su labor con los presos. Entre los encausados se encuentran miembros de Herrira, de Etxerat, de Jaiki Hadi o abogados que asisten a los represaliados.

«Golpearon el movimiento Herrira, por su trabajo para aunar fuerzas por los derechos humanos de los presos. También actuaron contra el propio Colectivo de Presos, que mantiene posiciones a favor de un escenario de soluciones», advirtió Izko. En su opinión, para «ahogar» a Euskal Preso Politikoen Kolektiboa «atacaron su voz en la calle, la solidaridad económica y jurídica, la asistencia médica y familiar». El auto, que se hizo público hace un par de semanas, les acusa de actuar bajo las órdenes de ETA. En su primer folio, el magistrado da por buena esta tesis policial sin apoyarla en ningún dato. Posteriormente dedica las otras 103 páginas a explicar el trabajo público que los acusados desarrollaban a favor de los prisioneros.

«Este proceso también tiene componente de venganza, por nuestro trabajo durante años defendiendo los derechos humanos de los presos», indicó Izko. Como ejemplo, recordó la situación de la abogada Arantza Zulueta, que permanece en prisión desde hace más de dos años y medio, a más de mil kilómetros de Euskal Herria (se encuentra encarcelada en Puerto III) y bajo un «feroz sistema de aislamiento».

Ayer pasaron por la Audiencia Nacional tanto algunos de los abogados (además de la propia Izko, se encuentran procesados Aiert Larrarte, Alfonso Zenon, Kepa Mancisidor, Eukene Jauregi, Ane Ituiño, Ainhoa Baglietto, Arantza Aparicio, Onintza Ostolaza, Haizea Ziluaga, Jaione Karrera, Atxarte Salvador y Jon Enparanza, aunque algunos de ellos declararon por videoconferencia), como otros activistas por los derechos de los presos como Fran Balda o Jon Mintegiaga. Todos ellos cumplieron con el trámite de darse por enterados del auto de acusación y reiteraron ante el juez que rechazan las acusaciones formuladas por la Guardia Civil.

Hoy está previsto que el resto de encausados pasen ante el magistrado. Los 47 procesados fueron arrestados en las redadas contra Herrira, así como en los operativos denominados por el Instituto Armado como «Jaque», «Mate» y «Pastor» contra la solidaridad con los presos vascos.A. PRADILLA