Fiscalía pide apartar al juez De Prada por cuestionar los informes policiales

La Fiscalía de la Audiencia Nacional española se suma a las presiones de la AVT y pide apartar de dos casos al juez José Ricardo de Prada por criticar los informes policiales y reconocer la práctica de la tortura.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional española se pliega a las exigencias de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y apoyará la recusación de José Ricardo de Prada de los juicios contra Jorge Olaiz (que ya se ha celebrado y cuya sentencia se ha bloqueado, a pesar de que el iruindarra se encuentra en libertad) y contra Jean Claude Agerre y Xabier Larralde, una parte todavía pendiente del proceso derivado de la redada de Segura y que concluyó con un acuerdo que permitió que nadie de los imputados entrase en prisión. El origen del intento de apartar al magistrado está en la charla que este ofreció en abril en Tolosa junto a Iñigo Iruin, Carmen Lamarca y Garbiñe Biurrun. Ahí aludió a la práctica de la tortura, así como la falta de base jurídica para la aplicación de leyes de excepción.

Aunque las recusaciones son diferentes, en ambos casos los fiscales Pedro Rubira, Vicente González Mota y José Perals se aferran a la misma tesis: el juez De Prada admitió la vulneración de derechos fundamentales (entre ellos, reconoció el uso no investigado de la tortura) y consideró que se habían producido «patologías» en el tratamiento judicial de la izquierda independentista vasca. En especial, hizo énfasis en el tratamiento como «terrorista» de casos que «no pueden ser considerados como tales». Unas consideraciones que, en opinión de los representantes del Ministerio Público, pueden ser entendidas como «prejuicios», lo que en su opinión invalida al togado para estar presente en ambos juicios.

«Valoración muy negativa»

Pero el elemento al que más se aferra la Fiscalía para sumarse a la recusación de De Prada es el cuestionamiento de los informes periciales «de inteligencia» elaborados por policías. Se trata de documentación que interpretan los propios agentes en su calidad de funcionarios públicos pero como «expertos» y que han sido reiteradamente criticados en numerosos juicios políticos. En opinión de Fiscalía, De Prada realizó «una valoración global muy negativa, llegando incluso a afirmar que tratan de suplantar el propio razonamiento del juez, que ofrecen conclusiones muy dudosas, y los tacha incluso de ser informes interesados, crítica que extiende a los jueces que valoran esos informes periciales de inteligencia».

Este razonamiento lleva a pedir su exclusión de ambos procesos. En aquel que está todavía por desarrollar, el que sentará en el banquillo a Jean Claude Agerre y Xabier Larralde como parte del sumario originado por la redada de Segura, los informes periciales-policiales tienen gran relevancia. Así lo admiten los representantes del Ministerio Público, que recuerdan que «una de las pruebas propuestas por el Ministerio Fiscal para demostrar el factum acusatorio y la calificación jurídica del mismo como terrorismo es precisamente la prueba pericial de inteligencia, muy habitual en este tipo de procesos». Lo mismo ocurre con el caso de Olaiz, en el que un policía español y un guardia civil ejercieron como «expertos» en la vista oral. La AVT también reclamaba que se expulsara de estos juicios a De Prada por haber admitido la práctica de la tortura. En el caso del 04/08, el de Agerre y Larralde, los fiscales consideran que no tiene relación con el sumario. En referencia a Olaiz, ni siquiera se menciona, quizás porque el iruindarra sí que denunció malos tratos cuando fue detenido en 2001.

Sentencia absolutoria

El caso de Jorge Olaiz es relevante ya que se encuentra en libertad desde abril. A pesar de que la acusación de intentar atentar contra el exedil de UPN, Miguel Ángel Ruiz Langarica, fue archivada en 2002, la aparición de un fantasmagórico testigo casi tres lustros después de los hechos llevó a reabrir la causa y provocó que volviese a ser encarcelado (previamente había estado en prisión por «integración en ETA»). El hecho objetivo de que quedara en libertad ya aventuraba una sentencia favorable, pero únicamente se ha conocido que es absolutoria a partir de este proceso de recusación.

No hay precedentes de que se recuse a un magistrado cuando la sentencia ya está redactada. No obstante, el fiscal alega que todavía no había sido firmada. Cabe recordar que entre los togados que deberían suscribir el fallo se encuentra Concepción Espejel, quien ya dilató otra sentencia que aceptaba el recurso presentado por la defensa de Alex Bustindui.

«Existen razones objetivas para pensar que el Magistrado exteriorizó un juicio no jurídico, refiriendo puntos de vista a título personal, pero referidos a su experiencia como Magistrado, que proyectan la imagen de tener predeterminado por razones de política criminal la respuesta al asunto planteado en autos sobre el carácter terrorista de tales entornos políticos, manifestaciones que por su contundencia proyectan una apariencia de tener en estos procedimientos una opinión ya formada», argumentan los fiscales para defender la recusación del juez del caso de Agerre y Larrarte. El mismo razonamiento, casi calcado, se utiliza al referirse al juicio contra Olaiz.

Ahora será la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional quien decida si se pliega a las presiones de la AVT y aparta a un juez que cuestionó sus prácticas.

Apoyo de Jueces para la Democracia

Jueces para la Democracia ya denunció la falta de investigación de las denuncias por torturas en España y consideró una «vergüenza» que «la actuación de órganos jurisdiccionales españoles haya merecido la calificación de vulneradora de derechos humanos», incidiendo en las «repetidas condenas» en el TEDH y haciendo mención a la última, que daba la razón a Xabier Beortegi.

En este sentido, Jueces para la Democracia manifestó su «más firme apoyo» al magistrado de la Audiencia Nacional española José Ricardo de la Prada, que tras denunciar que en el Estado «la tortura se ha producido de manera clara» ha sufrido, según remarca este colectivo, «injustos ataques» por parte del ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, y de miembros de asociaciones de víctimas de ETA «que han motivado la apertura de unas diligencias» por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).GARA