El ministro del Interior español en funciones, Jorge Fernández Díaz, insistió ayer en defender la política penitenciaria que se aplica a los prisioneros vascos y, en concreto, la dispersión a la que son sometidos desde hace casi tres décadas. También rechazó la posibilidad de que se produzca una transferencia de la competencia sobre prisiones al Gobierno de Lakua.

Tras inaugurar un curso de verano de la Universidad Complutense sobre yihadismo, el ministro reconoció de hecho que el Estatuto, Ley Orgánica en teoría de obligado cumplimiento, incluye entre las competencias que debe tener el Gobierno autonómico la gestión de las cárceles de la CAV, pero insistió en su rechazo argumentando que la actual política penitenciaria está siendo «eficaz» en manos de la administración española. A este respecto, insistió en que para que se traspasen las prisiones debe haber la «voluntad concurrente y compartida de las dos administraciones», circunstancia que, es evidente, no se da en absoluto. Fernández Díaz también pidió que «no se le pida al Gobierno una responsabilidad que no le corresponde y que haga dejación de una política que pretende que se cierre bien ese periodo dramático de 40 años de la historia de España».

Mayoría de la sociedad vasca

Desde el mismo escenario pero con una visión opuesta a la del ministro, el secretario general para la Paz y la Convivencia del Gobierno de Lakua, Jonan Fernández, expresó su acuerdo a la petición formulada la víspera por varios representantes políticos vascos para que se acabe con la dispersión. Desde El Escorial y como ponente en el curso de la Universidad Complutense sobre la convivencia en nuestro país en el nuevo escenario, Fernández constató que «hay una mayoría social y también política importante en Euskadi que plantea la necesidad de una nueva política penitenciaria que incluya el acercamiento de los presos a cárceles cercanas». «Es algo legal, de sentido común y en esta nueva etapa en la que entramos eso debería tenerse en cuenta», insistió.

El representante del Ejecutivo también sostuvo que las competencias de instituciones penitenciarias deben ser transferidas por el Estado a la CAV. «Es una transferencia pendiente recogida en el Estatuto de autonomía que sería un elemento más para la normalización y que el Gobierno Vasco viene reclamando desde hace mucho tiempo», recordó.

Asimismo, defendió la intervención realizada el lunes por Iñigo Urkullu y defendió que el mandatario autonómico «hizo un planteamiento muy amplio con un abanico de propuestas realmente integral, una hoja de ruta para avanzar en materia de paz y convivencia».