Cuando, durante la noche electoral, escuché a los seguidores del Partido Popular, frente a su sede en Madrid, gritar «¡Sí se puede!», se abrieron paso en mi mente dos reflexiones. La primera, que el Estado español está muy lejos de poder democratizarse –había vuelto a ganar el partido de la corrupción y los recortes, el partido fundado por siete ministros franquistas...–. La segunda fue constatar, una vez más, que en las naciones sin Estado como Cataluña o Euskal Herria la voluntad democrática y democratizadora de su ciudadanía alcanzaba un enorme respaldo popular.

Al salir de prisión, tuve ocasión de llamar la atención sobre cómo este Estado y las políticas de sus diferentes gobiernos nos han empobrecido, lastrados por una estructura socioeconómica decadente y sin futuro, inhibiendo no solo nuestras capacidades generadoras de riqueza, sino incluso imposibilitándonos el reparto más justo de la misma. Hoy quiero llamar la atención sobre el empobrecimiento cultural e intelectual al que nos someten unas élites económicas y políticas que solo conciben la cultura como negocio y la política como espectáculo e instrumento para el saqueo económico. Seguir soportando este estado de cosas no puede ser una alternativa para nosotros y nosotras, ni como país ni como personas.

Hoy, también, quiero poner en valor que el pueblo vasco, independientemente de sus diferentes ideologías y proyectos, ha sostenido históricamente una voluntad política diferenciada, significativamente reconocible con respecto a la de la sociedad española. Las últimas elecciones no han sido una excepción. El mandato democrático surgido de las urnas en el conjunto del Estado y en nuestras naciones es radicalmente distinto, incluso podríamos afirmar que es radicalmente opuesto. A medida que la crisis del modelo de la Transición se acrecienta, nuestra sociedad se muestra políticamente más divergente respecto a la de ese Estado. Esta afirmación no debe obviar que todavía amplios sectores de nuestro país siguen pensando que un cambio primero en la configuración política e institucional del Estado español es la condición imprescindible para un cambio también en nuestro propio país. Nuestros pobres resultados electorales son un fiel reflejo de lo que digo. Pero, ese cambio no se ha producido, y está muy lejos de poderse producir.

Frente a la realidad de este Estado, las potencialidades sociales y políticas de nuestro pueblo se han reforzado y desarrollado en muchos aspectos, aunque en muchos otros permanezcan limitadas o incluso amputadas por unas estructuras antidemocráticas creadas mediante la concertación entre unas élites económicas y políticas, que, al calor de la transición, hicieron de la unidad de España la clave de bóveda de su proyecto de dominación. Esta percepción divergente entre amplios sectores de la sociedad vasca sobre el origen mismo de la llamada «democracia española» es también una constante a la hora de valorar el relato histórico de los últimos años. El informe sobre la tortura realizado por el Gobierno de Lakua es otro ejemplo de lo que digo, y debería abrir las puertas a la construcción de un relato que se ajuste a la verdad y no a los deseos de determinadas élites políticas. Las decisiones estratégicas tomadas por el conjunto de la izquierda abertzale, incluido el cese de la violencia política, van en esa misma dirección. También la autocrítica sincera por el daño que nuestras acciones o nuestra parcialidad ética hayan podido generar a conciudadanos nuestros y, en general, a la sociedad. El esfuerzo conjunto por construir un país en el que todas las personas tengan garantizados todos sus derechos es vital para mejorar como sociedad. Ese escenario de justicia, paz y democracia requiere de un compromiso firme, acordado y sostenido entre las fuerzas vascas. En este terreno nosotros y nosotras prometemos responsabilidad, empatía y audacia.

Desgraciadamente, la historia reciente demuestra que el Estado español no tiene ningún interés en abordar nuestros problemas nacionales y sociales en términos democráticos. Es más, el Estado español ha demostrado que no es capaz de respetar nuestras propias decisiones, como ha ocurrido con las diversas iniciativas legislativas que sobre el fracking, la vivienda, u otros temas han sido aprobadas por los Parlamentos de nuestro país.

La victoria electoral del Régimen refuerza el esquema de que cualquier impulso democratizador tendrá sus únicos epicentros en Iruñea, Gasteiz y Barcelona, no en Madrid. Las dinámicas sociales y políticas no siguen los mapas de las carreteras «nacionales» de un Estado centralista como este, sino que responden a las luchas populares y a los acuerdos políticos de las realidades nacionales que, como la vasca o la catalana, tienen no solo un acentuado sentido de pertenencia, sino que además plantean con claridad proyectos sociales que sitúan a las mayorías en el centro de sus preocupaciones.

Consideramos que la nuestra es una sociedad que tiene valores progresistas, que tiene una conciencia feminista creciente, que tiene una conciencia clara sobre el desafío que representa el cambio climático y el consumo desenfrenado, y que además tiene la conciencia de que se debe garantizar la pervivencia y el desarrollo del euskara, y que todo ello exige un programa concreto de acción política, social, económica y cultural que se sitúe en el epicentro de las necesidades actuales y futuras de nuestro país. Queremos construir un Estado que cuide de su gente, del empleo, de la naturaleza, de la igualdad de género, de los derechos sociales; queremos un país que eleve el nivel cultural de su gente; queremos, en definitiva, reivindicar nuestro derecho a vivir en una República digna.

El camino que propongo no es sencillo ni está exento de graves obstáculos. La falta de sensibilidad que el Gobierno Vasco ha demostrado en el tema de los convenios colectivos con la mayoría sindical vasca o las reservas manifestadas por Podemos hacia las consultas organizadas por Gure Esku Dago van precisamente en la dirección contraria a lo que estoy planteando.

Pero más allá de las posiciones del PNV, Podemos o EH Bildu, necesitamos un compromiso que englobe además de a estos tres, al conjunto de agentes sociales, para sacar a nuestro pueblo de la situación de impasse en la que se encuentra, para que avance, para que se mueva, y quiero recalcar que es importante que eso lo hagamos de manera colectiva, situando la voluntad democrática y democratizadora de nuestro pueblo en el epicentro de toda la actividad política. Esta voluntad democrática radical que manifiesta nuestro país pasa, a mi modo de ver, por hacer frente a la urgencia de elaborar una hoja de ruta que comience a recuperar nuestra soberanía nacional y social. Esta voluntad democrática pasa, también, por abordar todas las cuestiones pendientes que en materia de convivencia democrática restan por solucionar, como es el caso de nuestros conciudadanos y conciudadanas presos, huidos o deportados.

Quiero hacerme eco, finalmente, de los sentimientos de decepción que he observado en nuestro pueblo por la impotencia y la frustración generada tras los resultados electorales en el Estado español. La evidencia de que el cambio no es posible se ha abierto paso y lo ha hecho, además, de manera transversal. A todos esos conciudadanos y conciudadanas me dirijo, para decirles que hay esperanza, que el cambio es posible, que el cambio es necesario y que ese cambio puede empezar a materializarse en las próximas elecciones de otoño. Porque aquí, en Euskal Herria, sí se puede, desde el soberanismo y la izquierda.