Madrid oculta información a Suiza al pedir la entrega de Txapartegi

Nekane Txapartegi, detenida en Suiza en abril de este año, aguarda la vista en la que se analizará la demanda de extradición realizada por el Estado español. Sus autoridades ocultaron información a las suizas en su escrito de alegaciones. Por ejemplo, aseguraron que los jueces tomaron declaración a los guardias que la torturaron. No fue así.

El Gobierno español ocultó información a la Justicia suiza al hacerle llegar sus alegaciones durante el proceso que se sigue en el país helvético en relación a la petición de extradición de Nekane Txapartegi. No solo se trata de la ambigüedad con la que el ministerio del Interior respondió a la pregunta de si sus agentes habían operado sin permiso de Suiza para identificar a la refugiada vasca, al negar que la Policía española tuviese algo que ver pero ignorar a Guardia Civil y CNI. A la hora de tratar de desacreditar las denuncias de torturas formuladas por Txapartegi tras ser arrestada en 1999, los letrados españoles incurren en varias incorrecciones cuando no en abiertas mentiras. Está previsto que la vista que aborde la demanda de expulsión de la asteasuarra, encarcelada en Suiza desde abril de este año, tenga lugar el próximo mes de setiembre.

En sus explicaciones, el Gobierno español calificó de «infundadas» las denuncias presentadas por Txapartegi, que relató haber sido incluso violada en comisaría de la Guardia Civil. En primer lugar, afirma que no fue hasta noviembre de 1999, una vez puesta en libertad, cuando la refugiada vasca interpuso la querella por maltrato. No es un dato acertado, ya que la demanda se interpuso en junio, tres meses después de ser arrestada y cuando todavía se encontraba en prisión.

En este punto cobra especial relevancia la concordancia de su testimonio con el de Mikel Egibar, también arrestado en la misma redada y coincidente por completo con el de Txapartegi, pese a que nunca pudieron hablar entre ellos tras el arresto.

Para desacreditar las denuncias de tormento y argumentar que estas fueron correctamente investigadas, las autoridades españolas aseguran que los guardias civiles que participaron en el arresto de Txapartegi fueron interrogados por orden de un juez. No es cierto. En realidad, el único que tuvo que responder a las preguntas de un magistrado fue el mando a cargo de la operación y ni siquiera tuvo que pasar por el despacho del togado ya que la diligencia se practicó por videoconferencia.

Al mismo tiempo, Madrid argumentaba que los abogados de Txapartegi habían recurrido la toma de declaración al forense del caso en el juzgado de Instrucción. Lo que hicieron los letrados fue protestar porque no se había deducido testimonio del resto de testigos que se habían propuesto.

La «estrategia» de ETA

El principal argumento esgrimido por el Estado es el de que «los miembros de ETA denuncian torturas sistemáticamente». En este caso, esa teoría también se cae. Txapartegi no fue condenada como miembro de la organización armada sino como colaboradora , a pesar de que en los papeles españoles aparece en todo momento como integrante. Además, de los 45 procesados durante el macrosumario político 18/98 únicamente cuatro denunciaron torturas. Y eso que muchos de ellos recibieron duras condenas siguiendo la teoría del «todo es ETA».

No es la primera vez que el Gobierno español intenta engañar a instituciones europeas para lograr su colaboración en la represión del independentismo. Quizás una de las más sonadas en los últimos tiempos es la afirmación de que con la derogación de la denominada «doctrina Parot» también sería excarcelado Ismael Miquel Gutiérrez, el último preso de los GAL. La realidad es que llevaba en tercer grado una década.