El director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional, Alejo Vargas, subraya en respuesta al cuestionario remitido por GARA que para su generación, que «nació y vivió en medio del conflicto», el cierre de las negociaciones de La Habana entre las FARC-EP y el Gobierno colombiano era «algo impensable y soñado». Afirma que «una vez terminada la euforia», los colombianos se enfrentan a un doble desafío; la refrendación de los acuerdos en el plebiscito convocado para el 2 de octubre y la implementación de lo pactado. Advierte de que una hipotética victoria del «no» provocaría «un aumento y escalamiento de la confrontación».

¿Cómo valora el cierre del Acuerdo Final y cómo vivió el anuncio después del intenso cónclave vivido en La Habana?

Personalmente me alegró inmensamente este esfuerzo para cerrar los acuerdos que ponen punto final al conflicto armado con las FARC. Para mi generación, que nació y vivió en medio del conflicto armado, esto era algo impensable y soñado. Pero terminado el momento de euforia se plantea, de manera realista, el desafío de la refrendación, por un lado, y de la implementación de los Acuerdos, por otro, dentro de un contexto donde la renuencia a renunciar definitivamente al uso de la violencia, está presente en algunos núcleos de la sociedad colombiana.

Entrados ya en la campaña por el «sí» y el «no» de cara al plebiscito del 2 de octubre, ¿qué se juegan los colombianos más allá del presidente Santos y de las FARC? El jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, ha advertido de las consecuencias impredecibles en caso de que gane el «no» y de que no hay margen alguno para la renegociación. Ambas partes y también los delegados de Cuba y Noruega aseguran que se trata del mejor acuerdo posible.

Es una apuesta grande la que estamos haciendo los colombianos, porque si gana el ‘sí’, como así lo espero, continuará el desarrollo de los acuerdos como está previsto; pero si llegara a ganar el ‘no’, tendríamos una situación de gran incertidumbre y, muy seguramente, un aumento y escalamiento de la confrontación armada con consecuencias imprevisibles. Uno de los grandes problemas es que la mayoría de la población colombiana está ubicada en el mundo urbano y no ha vivido las consecuencias del conflicto armado y es la que va a pesar más en el resultado del plebiscito.

El expresidente y senador Álvaro Uribe y su partido, el Centro Democrático, harán campaña por el «no». ¿Qué supone el rechazo de un sector tan importante como el uribismo?

Considero que es mejor que el uribismo y su líder hayan decidido optar por el ‘no’ por dos razones; por el estímulo a la participación electoral y porque legitima el proceso de refrendación. Creo que haber optado por la abstención hubiera sido más perjudicial. Ahora bien, ¿cuánto pesa electoralmente el uribismo? Creo que sigue siendo una minoría poderosa y ruidosa, pero finalmente una minoría.

Sin embargo, Uribe no quiso trasladar la imagen de que está en contra de la paz. ¿Cuál es el verdadero trasfondo político y alcance de su lema de campaña «Sí a la paz, no al plebiscito»?

Justamente lo que evidencia es que la amplia mayoría de los colombianos apoya la paz, por ello optan por decir que ese ‘no’ significa ‘renegociar’ algunos aspectos de los Acuerdos de La Habana, con lo cual están aceptando, al menos parcialmente, su validez; eso sí, planteando un imposible fácil de rebatir (no hay paces perfectas) y difícil de implementar.

Ahora bien, ¿qué pasaría si ganara el «no»?

Esa es una pregunta que lleva a señalar que sería desechar lo trabajado por las dos delegaciones durante cuatro años y volver a una especie de punto cero. Veo muy difícil renegociar los acuerdos como lo señala el uribismo. Tampoco está claro qué pasaría distinto a lo que han dicho algunos dirigentes de las FARC en el sentido de que ellos han tomado la decisión política de ir hacia la política sin armas.

¿Qué coste tendría para las FARC y para el propio Santos?

Obviamente, el coste político para el presidente sería muy grande en términos de legitimidad y eso es lo que buscan los opositores, volver el plebiscito sobre Santos y su Gobierno. Las FARC, igualmente, verían debilitado su futuro político, pero pierden menos teniendo en cuenta el poco nivel de aceptación que tienen en la Colombia urbana, por lo menos, que es la que miden las encuestas.

Uno de los acuerdos de La Habana es sobre participación política y recoge una serie de compromisos y medidas para garantizar la pluralidad, la vida e integridad de opositores, defensores de derechos humanos, exguerrilleros... Sin embargo, la Fiscalía ordenó detener a Carlos Arturo Velandia, exdirigente del ELN, por un sumario del año 2000, cuando él ya estaba en prisión. ¿Qué lectura hace de lo ocurrido?

El llamado a juicio de Carlos Arturo Velandia y Francisco Galán por un hecho cometido por el ELN en el año 2000, cuando para ese entonces ya llevaban varios años en prisión, responde más a la aplicación de una teoría de penalistas alemanes que para combatir a grupos del crimen organizado no contempla el principio de individualización  de la responsabilidad sino que todos los que tengan algún nivel de mando responden por todos los hechos. El presidente Santos los nombró ‘gestores de paz’ para quitarles esa persecución transitoriamente, pero eso evidencia la importancia de que los casos contemplados en la Justicia Especial para la Paz pasen a ser cosa juzgada, como efectivamente está previsto. El problema con el ELN es que no hay un proceso en curso con esta insurgencia y la situación se torna más complicada.

En una carta dirigida a Timochenko, el comandante primero del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista, le desea «los mejores éxitos», pero deja claro que no comparte «la esencia» de lo pactado en Cuba. ¿Qué factores han propiciado esta postura?

La posición del ELN es muy compleja de valorar, a mi juicio, porque es verdad que el tema del secuestro no quedó consignado como precondición en la agenda con el Gobierno, pero igualmente es verdad que la sociedad colombiana mayoritariamente y la comunidad internacional no entenderían que se comenzara a conversar con una guerrilla que no haya tomado esa decisión, más cuando las FARC tomaron unilateralmente esa decisión al inicio de sus conversaciones. Lo real es que eso ha entrabado el inicio de las conversaciones y el riesgo de que los Acuerdos con las FARC y la convocatoria del plebiscito dejen a unas conversaciones con el ELN sin mucho margen de maniobra. Y si a eso se le agrega el débil apoyo de opinión que reflejan las encuestas no parece que el presidente tenga un gran margen de apoyo político para iniciar un proceso con el ELN. Esto deja muchos interrogantes: ¿Qué tanto afectará al cese al fuego y de hostilidades la importante presencia que tiene el ELN en algunas zonas? (Arauca, Catatumbo, Sur de Bolívar, Costa Pacífica, Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño). Un ELN en armas no se puede convertir en un estímulo para miembros de frentes de las FARC que tengan dudas sobre los Acuerdos.

Por ahora, estamos repitiendo la vieja historia de Colombia de hacer paces a pedazos; no importa si esta vez es con el pedazo más grande, pero finalmente es una paz parcial y le quitaría gran impacto a un cierre del conflicto armado como el que sería un acuerdo con las dos insurgencias. Ese creo que es uno de los grandes dilemas del Gobierno Santos.

Aunque Santos y Timochenko han proclamado el fin de la guerra, en Tumaco han matado a cuatro líderes indígenas y la Diócesis ha denunciado la aparición de panfletos firmados por grupos autodenominados «Gente del orden» y Organización Sicarial del Pacífico. ¿Teniendo en cuenta lo acordado en materia de garantías, hay mecanismos efectivos para impedir el genocidio de la Unión Patriótico?

Ese es uno de los grandes desafíos que tienen la Fuerza Pública y el Estado colombiano: ser capaz de formular e implementar una eficaz política de seguridad pública y controlar de esta manera a grupos paramilitares o de defensa privada al servicio de intereses oscuros y que si no son controlados, pueden poner en grave riesgo el resultado de los Acuerdos.