«Las FARC ya habían previsto esto y defenderán el Acuerdo»

Enrique Santiago, abogado madrileño, es asesor jurídico de la delegación de las FARC y, como tal, ha tenido un papel destacado en la construcción del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.

Enrique Santiago, asesor jurídico de la delegación de paz de las FARC-EP y pieza clave en todo el proceso, participó ayer en Bilbo en unas jornadas organizadas por Sabino Arana Fundazioa sobre «transformaciones políticas y sociales en Latinoamérica». En entrevista con GARA sobre el impacto del plebiscito y el estado de las conversaciones, afirma que tras el «no» y la alta abstención (del 62%) se esconde una «brutal distorsión» de los acuerdos, una «manifestación vengativa» de sectores urbanos que no han padecido el conflicto en sus carnes y una «propaganda de guerra» aún sin desactivar. Asegura que las FARC «van a hacer todos los esfuerzos y más para que el proceso siga» y que «habrá que escuchar» cuáles son las propuestas del Centro Democrático de Uribe.

¿Qué factores han propiciado el «no» en el plebiscito?

En primer lugar, una pésima comunicación por parte del Estado colombiano, de los contenidos, de los avances que ha habido en estos años en el proceso de paz; el mantenimiento a ultranza de la propaganda de guerra que, si bien ha sido una herramienta muy útil para el Estado para debilitar a las FARC, finalmente se ha vuelto en contra de los propios intereses del Gobierno. Es muy contradictorio pedir a la sociedad un apoyo explícito a un acuerdo con un colectivo cuando a la vez éste es presentado como sujeto sin ningún tipo de valor humanitario. Obviamente, es una política errónea y eso ha posibilitado que se expandan mensajes abiertamente falsos sobre el contenido de los acuerdos. Una brutal distorsión de los mismos ha provocado una importante movilización del voto de sectores urbanos, es decir, de quienes no han padecido la guerra y están manifestando una voluntad vengativa y demasiado poco afán de reconciliación y reconstrucción del país y, desde luego, una imposibilidad de reconocer responsabilidades propias.

¿En algún momento se temió la victoria del «no»?

Sí, claro. Tanto se temió que durante tres años las FARC se opusieron contundentemente a una decisión que siempre ha sido unilateral del Gobierno. Se trata de una decisión que tomó directamente el presidente mucho antes de que se abordara el punto de la agenda en el que se incluía esta temática. Las FARC han insistido en que la paz, como derecho fundamental, no está sometida a ningún dictamen ciudadano, es un derecho fundamental que el Estado tiene que garantizar en todas las condiciones por ser consustancial a la dignidad humana. Lo que las FARC han venido manteniendo es que era muy arriesgado convocar un plebiscito si se mantenía la propaganda de guerra. Al día siguiente de la firma, la Fiscalía arremetía contra las FARC con todo tipo de amenazas sembrando una desconfianza inapropiada para el proceso.

Durante tres años, las FARC se habían opuesto al plebiscito como mecanismo de refrendación. Por ello, sorprendió que el 23 de junio, en el marco del anuncio del acuerdo sobre el fin del conflicto, dijeran que habían acordado con el Gobierno dejar esta cuestión en manos de la Corte Constitucional.

Después de tres años oponiéndose al plebiscito y vista la obcecación unilateral del Estado, las FARC dijeron que iban a hacer un esfuerzo para que no pareciera una discrepancia en un momento en el que estaban alcanzando acuerdos. Entonces le dieron un apoyo crítico al plebiscito, mejor dicho, no se opusieron, eso sí, advirtiendo de que el resultado podía ser el que desgraciadamente ha sido.

No habiendo necesidad de someter los acuerdos a una refrendación popular, ¿por qué el presidente Juan Manuel Santos se ha jugado su capital político en una carta tan arriesgada?

Probablemente, Santos ha sido consciente de que la sociedad urbana colombiana estaba muy dividida y ha llegado a la conclusión de que para legitimar los acuerdos y sus decisiones era conveniente políticamente una consulta popular. Creo que es el argumento más plausible. También puede haber otro tipo de elementos: que a través del plebiscito se haya reproducido un enfrentamiento político entre los dos grandes bloques políticos que hay en Colombia, el que se articula en torno al Partido de la U del presidente Santos y el Centro Democrático de Uribe. Mucha gente que ha votado no lo ha hecho pensando en el contenido del acuerdo de paz sino en intervenir en ese enfrentamiento político entre ellos.

¿Podría interpretarse este resultado como un doble voto de castigo a Santos, que no goza de altos índices de popularidad, y a Timochenko?

Si algo ha quedado de manifiesto a lo largo de la presidencia es que los niveles de aceptación ciudadana de la gestión de Santos son muy bajos. Medidas políticas que ha tomado este Gobierno claramente en contra de los intereses de la mayoría, por ejemplo, la privatización de Isagen, distribuidora de energía eléctrica, evidentemente, pueden haber tenido un coste para el Gobierno. Respecto al protagonismo de Timochenko, si ese protagonismo ha existido y eso ha provocado un rechazo, desde luego no ha sido por una voluntad de las FARC porque han venido funcionando de una forma muy descentralizada. No cabe duda que por parte de los partidarios del «no» se ha intentado centrar la campaña en el papel de Timochenko y en su presencia omnipresente en el proceso. Pudiera ser, no lo descarto, que efectivamente parte de los resultados a favor del «no» se deban a que los partidarios del «no» han conseguido introducir esa matriz de opinión.

¿Cómo salen las FARC de este laberinto político?

Las FARC habían previsto este escenario, sobre el cual han discutido y rediscutido. Por eso, de una forma muy temprana, nada más conocerse los resultados, pudieron hacer una declaración oficial fijando su posición. Es por ello que están muy conjurados los riesgos de disidencias internas a consecuencia del resultado del plebiscito. La posición discutida y aprobada en los Llanos del Yarí es la defender la validez del Acuerdo.

Los plazos han corrido muy rápido desde el 24 de agosto en comparación con los casi cuatro años que han durado las conversaciones y ha faltado pedagogía de paz, precisamente en momentos fundamentales.

Es cierto que entre julio y agosto se pisó el acelerador, pero también es cierto que los grandes temas de discusión ya habían sido resueltos favorablemente. A ambas partes les interesaba acabar el proceso lo más rápidamente posible. Al Gobierno de Santos, para presentar un éxito y centrar más esfuerzos en las tareas de gobierno y en el siguiente proceso con el ELN, y a las FARC, porque una vez tomada la decisión irrevocable de dar por concluida la rebelión que iniciaron en 1964, lo que les interesa es hacer el tránsito a la vida política lo más rápidamente posible. Eso de no ser ni organización guerrillera ni fuerza política, para una organización con vocación política, no tiene ningún sentido. No creo que a consecuencia de ese cierre del proceso se haya impedido hacer pedagogía, porque ésta debería de haber empezado mucho antes. Las FARC llevan más de dos años planteando medidas concretas sobre pedagogía de paz dirigida, sobre todo, a los medios de comunicación conforme a los protocolos que al respecto construyó la Unesco. Desgraciadamente, el Gobierno no le ha prestado la debida atención. La experiencia acredita que ojalá se hubiera abordado esa política con seriedad y con más tiempo.

¿En qué queda el proceso?

En un impasse político que esperemos se resuelva lo más pronto posible. Ahora mismo, hay una congelación del proceso de implementación. No creo que haya ni mucho menos una renuncia al contenido de los acuerdos pero sí hay una paralización del procedimiento de implementación que debería de haber empezado. Lógicamente, mientras se aclare el panorama, las FARC tendrán que suspender el proceso de dejación de armas que ya empezaron, sin tener obligación, el pasado día 30 y observar cómo avanzan las nuevas conversaciones. Estoy convencido de que las FARC van a hacer todos los esfuerzos y más para que el proceso continúe.

Yo creo que nadie va a ser tan inconsciente de desaprovechar esta ocasión histórica de dar por resuelto un conflicto de más de 50 años. La gestión política de esta situación debería de iniciarse tras escuchar claramente cuál es la posición de los defensores del «no» y del Centro Democrático sobre el contenido exacto de los acuerdos. Aún no conozco una propuesta concreta de ellos más allá de lo que han ido diciendo deshilvanadamente unos y otros dirigentes.

El Acuerdo Final ha sido presentado como pionero por su enfoque de género y por crear una Jurisdicción Especial para la Paz, y como una guía para la resolución de otros conflictos. ¿Sigue siendo así?

Afortunadamente, el modelo construido ahí va a quedar al margen de lo que ocurra. Ojalá se pueda implementar para comprobar su eficacia o no. En todo caso, el modelo tiene una trascendencia porque es la primera vez que de forma consensuada dos contradictores en el campo de batalla, sin la presión añadida de la comunidad internacional, acuerdan por voluntad propia examinar las responsabilidades de todas las partes ante un mecanismo judicial.

¿Cuáles son las mayores mentiras que ha escuchado?

La mentira absoluta de que el proceso iba a traer un régimen castro-chavista a Colombia, de que el Estado había negociado el disfrute de impunidad con las FARC, la del importante gasto fiscal y subida de impuestos que iba a suponer la reincorporación de los exguerrilleros...

Después de tantas horas invertidas, ¿cómo se siente?

Triste. Me parece inconcebible que un pueblo desaproveche una ocasión para no solo hacer la paz, sino para modernizar el país, para insertarlo con normalidad en la comunidad internacional y para que Colombia deje de ser la excepción de la región.