«No veo la imprudencia en pretender que se defiendan los derechos fundamentales»

Nacida en Tolosa en 1960, preside la sala de lo Social del Tribunal de Justicia del País Vasco y estuvo a punto de saltar a la política en Podemos. En los últimos días sus declaraciones le han enfrentado con Confebask. Es el punto de partida de esta entrevista.

Acostumbrada a lidiar en los tribunales, Garbiñe Biurrun explica sus ideas sin pelos en la lengua, lo que incomoda a ciertos sectores.

En las últimas semanas se han dictado sentencias sobre las indemnizaciones a trabajadores eventuales e interinos aplicando la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Cuáles son sus claves?

Las claves las da la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del 14 de septiembre que se refiere a las indemnizaciones analizando el acuerdo marco que se contiene en la directiva de 1999. Y dice que las personas trabajadoras temporales y las personas trabajadoras indefinidas o fijas tienen que tener las mismas condiciones de trabajo. Dice que dentro de las condiciones de trabajo se tiene que entender comprendida la indemnización por fin de contrato. Y en el caso que planteó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que hizo las cuestiones prejudiciales, dice que una persona trabajadora interina tiene que percibir la indemnización que percibiría un trabajador indefinido.

Nosotros hemos interpretado que lo que ha hecho el TJUE con respecto a la trabajadora interina es extensible a otros tipos de contratación temporal. En nuestro caso teníamos dos asuntos en los que los contratos eran para obra o servicio determinado y consideramos que efectivamente esa misma doctrina del TJUE era aplicable también a este tipo de contrato. Además, en aquella sentencia se refería a una empresa pública, que era el Ministerio de Defensa en el caso que planteó Madrid, y nosotros lo hemos aplicado también a una empresa pública, que era una fundación dependiente del Departamento de Salud del Gobierno Vasco. En otra sentencia nuestra del 18 de octubre, lo hemos aplicado a una empresa privada. Esto jurídicamente es relevante en el sentido de que no hay ninguna duda de que las sentencias y todo el derecho de la UE es aplicable directamente a toda la administración pública por razón de lo que llamamos eficacia vertical del Derecho europeo. Y también hemos considerado que es aplicable a la empresa privada por consecuencia de la eficacia horizontal de las directivas europeas.

El Gobierno de Lakua ha calculado que afectará a un 4% de la plantilla. Parece que tendrá un efecto importante.

Desconozco el dato concreto, pero es lógico porque las administraciones públicas, también en el País Vasco, se han nutrido de mucho personal temporal, notablemente interinos, y sobre todo en los departamentos de Sanidad y de Educación. Hay una parte de temporalidad que es inevitable, evidentemente, porque hay que hacer rotar personas que se ausentan por bajas, vacaciones y surgen necesidades de sustitución, pero en otras ocasiones parece que la Administración podría estar cubriendo puestos de estructura o de necesidad permanente mediante contratación temporal. Esto también le ha preocupado al TJUE, que el mismo día 14 de septiembre dictó otras dos sentencias en materia de contratación temporal en la administración pública.

El TJUE menciona el principio de no discriminación de los trabajadores temporales. ¿Este tipo de sentencias podría tener un valor significativo en la contratación de eventuales y temporales?

Sin duda va a tenerlo. No solamente para el momento de la extinción de los contratos. Yo creo que las administraciones, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, se tienen que plantear cómo van a afrontar la cobertura de las necesidades de trabajo que tienen. Hasta ahora han hecho un uso muy importante de la contratación temporal.

Usted animó a eventuales e interinos a que recurrieran ante los tribunales y fue criticada por Confesbask, que consideró «imprudente» su reacción. Parece que la sentencia no ha sido bien recibida en la patronal.

La verdad que lamento lo que entiendo que es un malentendido, seguramente por mi poco acierto al expresarme. Si tuviera que volver a decirlo diría lo mismo, quizá podría utilizar otras palabras pero creo que estas sentencias han podido abrir los ojos a muchas personas trabajadoras que han visto extinguidos sus contratos de trabajo temporales con una indemnización de cero euros si eran interinos o de doce días de salario por año de servicio si eran otro tipo de contratados temporales, y pueden estar pensando que efectivamente puede corresponderles una indemnización mayor. Sí creo que es bueno, es sano, y democráticamente no solo inevitable sino deseable, que las personas defiendan sus derechos en todos los terrenos. Que los defiendan en la empresa, en la calle, expresándose y también ante los tribunales. El derecho a la tutela judicial efectiva es un derecho constitucional fundamental, me interesa que conste, del que gozan todas las personas. ¿Eso se ha entendido como falta de ecuanimidad y como imprudencia? No veo la imprudencia en pretender que se haga uso, por supuesto adecuado, de los derechos fundamentales. El criterio de nuestra sala se va a mantener hasta que no tengamos alguna razón poderosa para modificarlo.

Otras de las cuestiones que se menciona al hilo de estas sentencias es la posibilidad de que se imponga el contrato único. ¿Qué consecuencias tendría?

El contrato único está siendo anunciado desde hace bastante tiempo y ha sido precisamente una de las cuestiones que han venido barajando algunos partidos políticos en el marco de esas negociaciones para la investidura. Esta sentencia a lo mejor puede terminar de ser una razón más para que se apruebe el contrato único. De todas maneras, y esta es una opinión muy personal, creo que el punto de partida para que se negocie políticamente el contrato único es hoy mejor que hace dos meses. Porque en estos momentos si se va a negociar un contrato único habrá que partir de una realidad, que es que el TJUE y algún tribunal más han dicho que esa igualación en las condiciones de indemnización de temporales y de fijos tiene que ser como la indemnización mínima que van a percibir los fijos por extinguirse su contrato, que son los 20 días de extinción por despido por causas objetivas. Por lo tanto, el punto de partida para esa negociación es un peldaño o dos por encima del que estábamos hace dos meses, en el que probablemente, como esto no estaba dicho, se iba a negociar un poco más a la baja. Si la intención es un contrato único al estilo de lo que se ha comentado hasta ahora, me parece que podrá constituir una pérdida de derechos para todos los trabajadores.

Los últimos años han estado marcados por la crisis, que se ha cebado especialmente con la clase trabajadora: destrucción de empleo, precarización… Mariano Rajoy acaba de ser investido presidente otra vez, lo que no ofrece ninguna garantía de que se vaya a avanzar en derechos sociales...

La situación política y la mayoría parlamentaria no es la que era en 2012, cuando se aprobó el grueso de la reforma laboral. Ya no hay una mayoría absoluta y hay que contar con otras fuerzas. Las fuerzas que han ayudado a la investidura, algunas con el sí y otras con la abstención, no sabemos si están todas en el mismo barco y en la misma dirección en este tema. No lo parece. También es verdad que algunas fuerzas que se han opuesto a la investidura podría estar a favor de estas reformas. El tablero político es mucho más complicado.

En cualquier caso, los tribunales estamos para aplicar las leyes que legítimamente se aprueban en el Parlamento o el Gobierno, pero para aplicarlas dentro de un conjunto normativo importante que obliga a mirar también a Europea, a la OIT, y que obliga a interpretar las normas estatales a la luz de las declaraciones de derechos humanos y todo un conjunto de normas internacionales.

«El Poder Judicial también debe reflexionar y desmontar la excepcionalidad»

La continuidad del PP en Moncloa entorpece abrir vías de solución a presos, desarme o víctimas. ¿Qué cree que se puede hacer desde Euskal Herria?

Veo tres sujetos relevantes. Está el sujeto Gobierno español, que tiene cosas que decidir y lo sabe. Está ETA, que también tiene cosas importantes que decidir y también lo sabe. Y está el sujeto que es la ciudadanía vasca y sus instituciones representativas. Creo que el Gobierno del Estado debe no obstaculizar las decisiones que ETA pueda tomar en materia sobre todo de desarme y disolución. ETA debe tomar decisiones inmediatas en este aspecto porque se lo debe fundamentalmente a la ciudadanía vasca. También creo que la ciudadanía deberíamos hacer el esfuerzo de explicitar algunas de las cuestiones que a ETA puedan preocuparle y puedan dificultarle su final, como por ejemplo la existencia de presos, en algunos casos, además, de dudosa aplicación de la legalidad. Es la ciudadanía la que debe actuar por los derechos de estas personas.

Recientemente el Foro Social ha apelado a las instituciones de Nafarroa y la CAV para que se impliquen dado el bloqueo de Madrid...

Me parece más que razonable. Estamos acostumbrados a vivir situaciones de impasse que pueden eternizarse y no estamos para eso. Estamos para que se vayan dando pasos que permitan un escenario de libertad, de seguridad y sobre todo que podamos avanzar a futuro. Creo que mientras haya cuestiones pendientes como la situación de los presos, algunos de ellos enfermos que deberían estar en libertad o cumpliendo sus penas en sus domicilios, presos alejados sin ningún fundamento ni razón, ni ahora ni en el pasado, y mientras el Gobierno se excuse en el no desarme para evitar resolver estas cuestiones, urge que el desarme y la disolución sean decisiones que se adopten ya.

Usted estaba en la charla de Tolosa por la que se ha puesto en la picota al juez de la AN José Ricardo de Prada. ¿Qué conclusiones saca de ese capítulo?

Pensábamos que era necesario también hacer un relato de lo que ha ocurrido legislativamente y judicialmente. Porque han ocurrido cosas. En esa mesa, el magistrado De Prada se expresó en unos términos que le han traído muchísimas complicaciones porque hay cosas que no se perdonan. Ha sido interesante no solo escuchar sus reflexiones, sino también ver cómo la libertad de expresión no es igualmente respetada según el contenido de lo que se expresa.

Yo creo que hay que reflexionar sobre lo que ha ocurrido, cómo se ha respondido por parte del Estado o cómo ha pretendido luchar contra el fenómeno terrorista, porque además los términos han sido siempre así: la lucha antiterrorista. Uno de los terrenos es el de la lucha a través de la actividad legislativa. Lo ha hecho con reformas legales muy duras por parte de un Poder Judicial que, en mi opinión, ha interpretado las reformas de una manera demasiado complaciente y que ha tomado decisiones de doctrina judicial muy cuestionadas, algunas incluso dejadas sin efecto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Poder Judicial también debe hacer una reflexión sobre por qué se hizo lo que se hizo. Es necesario que se desmonte lo que ha sido aplicación judicial con criterios excepcionales.

Sobre el futuro Gobierno de Gasteiz, ¿ve factible acuerdos de país como los que propone EH Bildu a PNV y Podemos?

Acuerdos de país que aglutinen a muchas ideas distintas y personas distintas, me parecerá siempre bueno. Son momentos en los que dificultades del pasado ya no existen y creo que debe avanzarse. Creo que estos partidos lo saben. Hay muchos terrenos en los que debiera haber acuerdos efectivamente muy amplios.

Declinó la oferta para encabezar la lista de Podemos. ¿Es un no definitivo a entrar en política?

No sé si será definitivo. Yo dije no en un momento concreto y sigo teniendo las mismas razones personales, profesionales y sociales a las que aludí. Fue una decisión que me costó mucho tomar.I.O.