Las pensiones se siguen recortando en Madrid

Coincidiendo con el comienzo de año, el Gobierno español suele revisar y actualizar precios y fijar otro tipo de referencias económicas. Esta vez optó por dar una de cal y otra de arena en el último Consejo de Ministros de 2016. Decidió subir el salario mínimo un 8%, una cifra que puede parecer generosa pero, aplicada a un salario raquítico y muy lejos de los estándares fijados por la Carta Social Europea, se queda en poco más que una decisión propagandística. Por otro lado, la actualización de las pensiones vuelve a ser la mínima que permite la ley, el 0,25%. La escasísima subida aprobada por el Gobierno, combinada con un crecimiento muy superior del precio de la cesta de la compra, provocará una importante pérdida de poder adquisitivo a todas las personas que viven gracias a una pensión.

Aunque no ha tenido tanta repercusión, con el cambio de año la edad de jubilación también ha subido un mes y ya está en 65 años y cinco meses. De esta forma, los recortes puestos en marcha durante la crisis que siguió al estallido de la burbuja inmobiliaria van reduciendo la parte de riqueza que se dedica a garantizar las pensiones. Fueron los acreedores internacionales los que impusieron el cambio en el cálculo de las pensiones con el fin de asegurarse que la parte de la riqueza que se dedicaba a devolver las deudas no se viera mermada. El Gobierno del PP no ha dudado en cumplir con los prestamistas aunque perjudique de manera notoria a las personas con menos capacidad y recursos. Siempre con los poderosos. Para algunas cosas no tiene techo de gasto, como por ejemplo para el rescate de las autopistas quebradas, mientras en otros casos los límites son estrictos y además se fijan por ley.

Lo terrible del caso es que la ciudadanía de Euskal Herria continúa sin tener el más mínimo control sobre las pensiones y sin poder decidir sobre la parte de la riqueza que pretende dedicar a pagarlas. Una decisión soberana básica en cualquier modelo de bienestar que se proponga.