Excepción compartida

La democratización no es un proceso histórico inevitable. Aunque puedan existir excepciones locales, la desigualdad ha aumentado en el mundo, y los poderes públicos están más sometidos a las grandes corporaciones privadas que a la voluntad popular. Y todo ello, en un contexto en el que las libertades están cercenadas de forma arbitraria, tanto por la inseguridad vital como por la securocracia que supuestamente viene a aminorarla.

Los límites de la política representativa actual son evidentes. Yuval Harari en una obra reciente, “Homo Deus”, describe certeramente la situación: las estructuras políticas humanas son meros sistemas de procesamiento de datos, y sus condiciones están cambiando radicalmente. La democracia representativa basada en partidos, inventada en el XIX, no puede recopilar y procesar los datos relevantes del siglo XXI con suficiente rapidez, y los votantes no conocen las lógicas subyacentes a esos datos.

La conclusión principal es que el input de los gobiernos democráticos se convierte en un reality show en el que la emoción, suficientemente cocinada por los grandes medios, configura el voto del ciudadano-consumidor: «hoy expulsamos de la casa a... Fulanito/a». Una «casa» institucional en la que nada se decide realmente y que solo contempla los patéticos esfuerzos de sus «habitantes» para no ser defenestrados por la audiencia. Y si para mantenerse vivo hay que mentir y manipular, ahí tenemos “House of Cards” para empaparnos en el nuevo paradigma «post-truth». Tan viejo, por otra parte: la política entendida como intriga palaciega. La lectura cutre de Maquiavelo.

En cuanto al output, las políticas públicas se limitan a una mera administración de la riqueza colectiva menguante, compensada malamente con la contención de los daños sociales más sangrantes, de modo que se aminore el riesgo de una revuelta cada vez más improbable. Y si algo falla, el aparato securocrático asegura el control de la población: La red te conecta, pero también te atrapa, te localiza, te neutraliza.

Este es el mundo que desea el nuevo despotismo tecnocrático-financiero: ni el pueblo ni nuestros representantes electos decidimos nada, porque nada sabemos, y aun sabiéndolo, nada podemos. Y, desgraciadamente, en muchas ocasiones, nada queremos, más allá del ámbito privado.

Sin embargo, contra el simulacro de la (falsa) decisión individual que el sistema nos ofrece en tanto «empresarios del yo», sigue habiendo gente que se organiza, actúa de forma colectiva y quiere saber, para luego decidir... En este sentido, las excepciones más potentes a la lógica sistémica llegan de las comunidades que luchan por su soberanía: Cataluña, Escocia, Euskal Herria...

En nuestros países pujan lógicas populares decisionistas cuyo suelo común, más que el cálculo estratégico, es el deseo de trabajar juntos por un país y un mundo mejores. Sin embargo, la movilización social proactiva no puede retornar a lo ya conocido. Las nuevas dinámicas, por un lado, se basan en la construcción diaria de alternativas, y, por otro, resitúan la relación entre la ciudadanía, la organización y la institución. Y este es el quid de la política: acertar con el papel que toca cumplir a cada una de las tres instancias mencionadas.

Pero toda estrategia debe partir de la reflexión reposada, del viejo análisis de coyuntura: ¿estamos en un momento constituyente o toca re-acumular fuerzas y esperar tiempos mejores?

Los ciclos de movilización en ocasiones concluyen sin impacto institucional aparente. La necesidad de contener la insurrección vasca posibilitó la autonomía territorial a finales de los años setenta, aunque la parábola del «árbol y las nueces» estaba ya caducada a principios de los noventa. A partir de entonces, los intentos de concretar institucionalmente la relación de fuerzas fallaron, tanto por la pugna interna entre abertzales –había que demostrar al adversario que la vía propia era la mejor–, como por la inadecuada lectura de la situación por parte de los dirigentes que tenían la responsabilidad de cerrar el ciclo. Culpar al enemigo por su cerrazón autoritaria es absurdo, por obvio. Es la historia ya conocida de Argel, Lizarra y Loiola. No puede hoy pedir paciencia quien no la tuvo entonces.

España se va a reformar, pero no en el sentido esperado hace cuatro años. Desde aquel «Ocupar el Congreso» de 2012 a la segunda victoria amplia del PP, el harakiri del PSOE y la neutralización de Podemos por medio del regeneracionismo Lerrouxista, el impulso progresista ha perdido pujanza, y la remodelación constitucional se vislumbra meramente epidérmica. Sin embargo, los momentos de cambio son esencialmente inciertos –por eso se intenta atar la reforma antes de iniciarla–, y, sin duda, el proceso político catalán añade incertidumbre a corto plazo. Por eso, habría que aprovechar la ocasión.

Los sectores que optan por la negociación inter-élites y desconfían de la activación social pueden conformarse con una renovación del pacto autonómico que blinde algunos aspectos del autogobierno. Pero incluso haciendo valer de forma insolidaria el «seny» vasco frente a la «rauxa» catalana, en ausencia de movilización, no está garantizada la consecución del elemento clave en esta fase –el derecho a decidir–, que solo si es recogido de forma operativa en el nuevo estatuto puede garantizar una relación bilateral justa.

Por otro lado, existen opiniones que contraponen la defensa y consecución del derecho a decidir a la lógica constituyente y el independentismo de carácter social, defendiendo que las alianzas para lo primero obstaculizan avanzar en las dos dinámicas más audaces. Sin embargo, las coyunturas de cambio sistémico son bastante más complejas, y los procesos de polarización y radicalización no se pueden prefigurar según categorías simples: aquí, contrapoder, allí, neoliberalismo. Las iniciativas socio-políticas amplias de carácter autodeterminista pueden derivar fácilmente en praxis constituyentes, y el grado de compromiso de las fuerzas soberanistas en dicha activación social determinará el alcance social del proceso.

Y aquí llegamos a la segunda cuestión: ¿Qué papel toca a la ciudadanía, a las organizaciones y a nuestras instituciones?

El tamaño de la actual ventana de oportunidad no depende de la mayor o menor ambición o coherencia de los actores políticos individualmente considerados, sino de la sinergia entre las propuestas soberanistas sociales e institucionales. El alcance de los procesos de cambio socio-político es proporcional a la indeterminación derivada de la existencia de hojas de ruta distintas a las diseñadas desde las élites. Y ello es impensable sin un fuerte empoderamiento popular. En este momento, no se percibe una agitación colectiva suficiente para condicionar la reforma que se avecina. Y esto no se soluciona con una manifestación más o menos.

En este sentido, posiblemente el mayor ejercicio de empoderamiento ciudadano de los últimos años se está produciendo en el marco de la iniciativa Gure Esku Dago. A finales de este año más de cien pueblos de la CAV y Navarra habrán celebrado consultas soberanistas. Organizar una consulta no es cosa baladí: hay que crear una asociación ad hoc, recoger firmas, aprender qué es el derecho a decidir, montar campañas de comunicación, preparar infraestructura material y personal en el día D... Y no contentos con eso, muchos pueblos han puesto en marcha un proceso participativo para elaborar la pregunta de la consulta. Todas estas iniciativas suponen un empoderamiento ciudadano que mandata a nuestros representantes.

En un panorama global caracterizado por la incertidumbre, con un Estado que va a tener que abrir un proceso de reforma aunque seguramente muy limitado, con el primer Gobierno navarro de la era moderna que asume realmente la pluralidad de su comunidad y una institucionalización neonata en Iparralde, quizás sea momento de pensar y actuar como pueblo y no facilitar el «divide et impera» que tan bien conjugan en Madrid. En otro caso, llegará sin duda una oferta relativamente asumible por los sectores regionalistas cosmopolitas y neoliberales, y el soberanismo volverá a jugar a la contra, teniendo que trasladar su demanda a la próxima generación.

Resumiendo en cabeza ajena: lo que hoy preocupa a España no es la radicalidad de ciertos gestos de la CUP, sino la relativa solidez de su acuerdo con los sectores catalanistas socialdemócratas y liberales. Y no olvidemos que en el tortuoso trayecto a la decisión soberana, la agenda social no ha dejado de reforzarse en Cataluña, todo depende del grado de implicación de los espacios progresistas. Hay muchas formas de confluir en Maltzaga, y si a diferencia de las intentonas históricas, esta vez se llega de abajo a arriba, el avance democratizador será indudable. Por eso, a lo mejor es hora de ir llenando la piscina. Y hasta de zambullirse en ella, a ser posible en comandita, cogidos y cogidas de la mano. Hoy, la excepción vasca será compartida, o no será.