Aranburu justifica los 93 millones y reclama un acuerdo justo a Madrid

La decisión de abonar 60 millones de euros al Estado, 93 millones menos de los que reclamaba, responde a la defensa de las arcas navarras ante una demanda exagerada de Madrid, que se ampara en un acuerdo prorrogado y lesivo para Nafarroa, según destacó ayer el consejero de Hacienda, Mikel Aranburu, en el Parlamento.

La postura del Gobierno español de no negociar la renovación del Convenio Económico, caducado hace ya dos ejercicios, está en el origen de la decisión adoptada por el Departamento de Hacienda navarro de abonar en el último trimestre 60 millones de euros, a pesar de que Madrid reclama 153 millones en este periodo, según explicó ayer en el Parlamento el consejero Mikel Aranburu.

Aranburu señaló que en el primer trimestre de 2016 el Gobierno navarro instó al Estado a emprender las negociaciones, proponiendo la creación de una subcomisión que comenzara a preparar las bases de un nuevo acuerdo que debería tener vigencia para el periodo 2015-2019. Posteriormente, una comisión debería confirmar ese principio de acuerdo. Sin embargo, Madrid hizo caso omiso al requerimiento y a enero de 2017 todavía no se ha reunido siquiera la subcomisión.

De este modo, Aranburu explicó que en los tres primeros trimestres de 2016 Nafarroa abonó su aportación en base a lo establecido para el quinquenio 2010-2014, pero esta circunstancia dejaba en una posición negativa a Nafarroa, ya que tenía que pagar más de lo que le correspondería.

Ante esta situación, viendo que la prórroga del quinquenio anterior ponía en riesgo la viabilidad financiera de Nafarroa, el Gobierno de Uxue Barkos decidió pagar solo lo que consideraba adecuado según los informes elaborados por la Hacienda navarra, que estiman que se abona entre 100 millones y 250 millones de euros de más cada año. Aranburu explicó que estos informes fueron remitidos a Madrid con la esperanza, frustrada, de que sirvieran para iniciar la negociación.

El consejero explicó que comunicaron a Madrid que iban a tomar esta medida y subrayó que las dos partes son plenamente conscientes de que se trata de una medida provisional, a la espera de que la ansiada negociación establezca la cantidad final de la aportación.

Aranburu recordó que decisiones similares se adoptaron por parte de gobiernos de UPN y reveló que la próxima semana mantendrán una reunión con técnicos del Ministerio de Hacienda. En este sentido, la lehendakari Uxue Barkos señaló, en una entrevista en Euskalerria Irratia, que confía en que su visita a Madrid para asistir a la Conferencia de Presidentes (día 17) y a la feria de turismo Fitur (día 20) sirva para desbloquear la falta de negociación con el Estado sobre el Convenio.

«Esto no es algo que tenga que ver con el nacionalismo. Es una cuestión simplemente aritmética», destacó Aranburu, respondiendo a la crítica formulada previamente por los portavoces de PP y UPN.

La postura del Gobierno fue respaldada por el tetrapartito, que valoró que se defiendan los intereses de Nafarroa frente a una prórroga de un acuerdo que le obliga a pagar más de lo que le corresponde, según destacó Jokin Castiella (Geroa Bai).

Adolfo Araiz (EH Bildu) aplaudió una decisión que «modifica una actitud sumisa de otros gobiernos que decían amén a todo lo que decía el Estado», destacando que se ha intentado evitar una nueva prórroga que hacía pagar de más a Nafarroa.

Además, destacó que si no hubiera habido una sobreaportación al Estado, no se tendríanque haber aportado recortes tan drásticos. «Este es el fondo del asunto», señaló, antes de reclamar una revisión a fondo del sistema del Convenio, que en los últimos años ha incrementado la aportación un 19%.

Laura Pérez (Podemos) acusó al Gobierno del PP de actuar de una manera desleal a Navarra y a UPN de dejar las arcas navarras en una pésima situación. Defendió la actitud del Gobierno navarro en defensa del autogobierno y recordó que la aportación se destina a cuestiones como gastos de Defensa o pagar una deuda de la que reclamó una auditoría. Marisa de Simón (I-E) también denunció que Nafarroa ha pagado de más y que la postura del Estado es perjudicial para las arcas forales.

Críticas de UPN

El portavoz de UPN, Juan Luis Sánchez de Muniáin, acusó al Gobierno navarro de actuar de manera unilateral al romper lo establecido en el prorrogado acuerdo del Convenio, lo que, a su juicio, deja a Nafarroa en una situación de inferioridad a la hora de negociar el nuevo acuerdo. Atribuyó esta posición a «una estrategia nacionalista para enfrentarse al Estado».

Ana Beltrán (PP) también recurrió a una supuesta agenda nacionalista del Gobierno que preside Uxue Barkos, «que está marcada por EH Bildu y por la franquicia de Sortu que es Podemos (sic)».

Claves del Convenio Económico

¿Qué es el Convenio Económico de Nafarroa?

Aunque la denominación de Convenio Económico se remonta a la Ley Paccionada de 1841, dictada por Baldomero Espartero tras la primera guerra carlista, el actual sistema está definido por una ley de 1990 que desarrolla el Amejoramiento del Fuero.

Se trata de la manera con la que se establece la cantidad con la que Nafarroa debe contribuir a los gastos generales del Estado. Sería el equivalente al Concierto de la CAV. La cantidad que Nafarroa debe abonar cada año al Estado se denomina aportación (sería el equivalente al Cupo de la CAV) y se fija en base al 1,6% de la recaudación, ya que se supone que este es el porcentaje que corresponde a Nafarroa de la renta del Estado. Este cálculo siempre ha sido discutido y se considera que responde más a cuestiones políticas que a económicas.

Con esta cantidad, que posteriormente tiene que ser sometida a varios ajustes, Nafarroa abona las competencias que no tiene transferidas, como el Ejército, la Casa Real, prisiones o algunos cuerpos policiales.

Un acuerdo caducado hace ya dos años

El acuerdo del Convenio Económico se renueva cada cinco años. En cada quinquenio se establecen las cantidades exactas que Nafarroa debe abonar, que se basan en el cálculo del 1,6%, pero a las que hay que introducir ajustes como la liquidación del IVA. Los cálculos de la aportación son técnicos y complejos, por lo que se decidió negociarlos cada cinco años y limitarse a hacer pequeños ajustes en los siguientes ejercicios del quinquenio.

Sin embargo, en los dos últimos ejercicios, los de 2015 y los de 2016, se ha funcionado con una prórroga del acuerdo establecido para el periodo anterior, para los años 2010-2014. Antes de que concluyera el acuerdo anterior, habría que haber firmado el siguiente, pero no se ha hecho.

El motivo que se arguye desde Madrid es que el periodo de interinidad del Gobierno español, con un largo periodo de Ejecutivo en funciones y elecciones repetidas no ha permitido crear el clima de tranquilidad necesario para acometer un proceso de negociación.

Desde Nafarroa, se considera que el Estado no tiene prisa para proceder a una nueva negociación del Convenio debido a que el prorrogado establece una aportación superior a la que debería.

Entre 100 y 250 millones de euros de más al año

El Gobierno navarro considera que está obligado a pagar entre 100 y 250 millones de euros de más al año de lo que le correspondería. Esta sobreaportación provoca el ahogamiento de las arcas navarras, que se ven imposibilitadas de atender medidas o programas sociales que reclama la sociedad porque tienen que destinar esta cantidad a pagar al Estado español.

Por poner un ejemplo, ahí va una cifra que el consejero de Educación, José Luis Mendoza, empleó el martes en el Parlamento: para poner en marcha los estudios de Medicina en la UPNA se necesitan entre 15,5 y 18,5 millones de euros, una cantidad de la que se dispondría con comodidad si la aportación al Estado fuera menor. Otro ejemplo: el abono de la paga extra suprimida en 2012 a los funcionarios, de la que UPN hizo bandera, supone 30 millones.

El Departamento de Hacienda de Mikel Aranburu destaca que esta reivindicación de que Nafarroa ha pagado durante años más de lo que le corresponde está sustentada por informes técnicos que han sido enviados a Madrid.

El dudoso papel negociador que ha tenido UPN

Esta cuestión deja en evidencia la capacidad negociadora de UPN en Madrid, de la que ha hecho alarde durante años, y que, en buena parte, se ha empleado como justificación del Régimen del Amejoramiento. Descubrir ahora que UPN firmó acuerdos que lastraban económicamente a Nafarroa es algo que el partido que ahora preside Javier Esparza tiene muy complicado explicar. Yolanda Barcina presumía de mantener una relación privilegiada con el PP, pero esta sintonía no se reflejaba en acuerdos positivos para Nafarroa.

De este modo, UPN se halla en una difícil posición. Por un lado, critica al Gobierno Barkos por lo que considera ruptura unilateral de un acuerdo. La bilateralidad es uno de los mitos del foralismo, dado que presenta estos acuerdos como un pacto entre iguales, a pesar de que ser asimétricos. Y al mismo tiempo, tiene que defender que apoyará a Barkos para conseguir un nuevo acuerdo para Nafarroa, que sea mejor que el anterior.