Este año se cumplirán diez años desde la última vez. Era invierno como ahora, víspera de Navidad. Como las otras quince víctimas, no había cometido ningún delito. Pero en su caso, además, ni siquiera había entrado en una prisión. Tampoco nada especial se le había perdido en Teruel. Solamente viajaba para ver a Unai, el novio de su hija. Se llamaba Nati Junco, pero pudo ser cualquiera.

Su vida quedó truncada por la dispersión, aunque en los medios no pasó de la categoría de accidente de tráfico. Esa versión oficial coló fácil. En diciembre de 2007, en plena ofensiva de ETA tras la frustrada negociación con Zapatero, en el aniversario de la T-4, no hacía falta argumentar más. Conviene pensar si hoy día esa misma muerte ¿seguiría sin responsables? ¿dejaría callados a los políticos? ¿continuaría en la sección de sucesos?

Teniendo en cuenta que la dispersión ha matado a 16 personas en 28 años, es casi un milagro estadístico –bendito milagro– que en las incontables vueltas al mundo dadas en esta década todos los familiares y amigos hayan vuelto a casa pronto o tarde, mejor o peor. Porque ha seguido golpeando a todo tipo de personas, desde familias enteras como la compañera e hijos de Mikel Egibar a una txupinera de Bilbo o una parlamentaria navarra. ¿Cómo va a ser «un problema solo de la izquierda abertzale» si muchos de quienes lo padecen no lo son? Nadie se salva de este macabro juego político del que, paradójicamente, nadie quiere sentirse responsable, como si la dispersión en sí fuera un accidente, un percance, una fatalidad, y no el producto trágico de decisiones humanas violentas, inmorales, imposibles siquiera de reivindicar. Ni entonces, ni mucho menos ahora.