El mismo tribunal que condenó a Arnaldo Otegi, Sonia Jacinto, Arkaitz Rodríguez, Miren Zabaleta y Rafa Díez Usabiaga, encabezado por la polémica Ángela Murillo, ha denegado la rebaja de grado a este último, ex secretario general de LAB, que es el único que sigue cumpliendo condena de prisión tras la excarcelación de sus cuatro compañeros al agotar la pena.

En el peor de los casos, Díez, que está encerrado en Santoña (Cantabria), saldría libre el 31 de agosto de este año. Sin embargo, su defensa ha recurrido inmediatamente al Supremo esta denegación, insistiendo en que la reforma legal que determinó rebajas de grado de condena para delitos «menos graves», en los que no apareciera utilización de métodos violentos, resulta plenamente aplicable a este caso. Y es que en la sentencia únicamente se imputan a Díez tres reuniones, una visita a Ipar Euskal Herria, una rueda de prensa, cuatro documentos en los que no hay mención violenta alguna... Pese a ello, el tribunal que les condenó en 2011 ha decidido mantener intacta la pena, sin más argumentación que la reproducción prácticamente literal de los argumentos entonces expuestos.

Así las cosas, la defensa ha recurrido en casación ante el Tribunal Supremo. Expone por un lado las conclusiones del Pleno no jurisdiccional del Alto Tribunal que en noviembre confirmó esta opción de la rebaja de grados de condena, si bien determinó que cada caso fuera analizado de forma particular, sin fijar un criterio de aplicación genérico. Y por otro incluye el reciente auto del propio Supremo aceptando la rebaja a la donostiarra Oihana Agirre, condenada por el caso de Gestoras pro-Amnistía. La reducción de ocho años a cinco años y diez meses ha supuesto su excarcelación inmediata en diciembre pasado.

El Supremo ha aceptado, en el primer auto que emite tras el citado Pleno no jurisdiccional, que en las actividades de Oihana Agirre «no consta ninguna actuación violenta, siendo su actividad de carácter representativo, actuando como portavoz, interviniendo en ruedas de prensa y convocando manifestaciones y movilizaciones en las que participaba de modo destacado, aunque sin que conste su intervención en ningún tipo de altercado. Son actividades relevantes, pero pacíficas», apostilla, por lo que le rebaja la condena en dos años y dos meses.

Más recientemente aún se ha producido la excarcelación de Maitane Linazasoro, condenada por pertenencia al movimiento juvenil independentista y detenida en un «muro popular» en Donostia, lo que hace indicar que el Supremo también ha dado la razón a su petición de rebaja de grado, si bien los argumentos aún no se conocen.

Desde que se produjo esta reforma legal, se ha traducido en reducción de pena o petición fiscal (en casos aún no juzgados) a más de 50 ciudadanos vascos.