«El proceso que está por abrirse con el ELN no puede ser exprés, de paz barata»

Carlos Alberto Ruiz Socha es asesor jurídico de la delegación de paz del ELN con autorización del Gobierno colombiano y de Noruega, uno de los países garantes. En 1998 y 2000 participó en los encuentros llevados a cabo en Maguncia (Alemania) y Ginebra (Suiza) entre esta guerrilla, el Gobierno y representantes de la sociedad civil para explorar vías de solución al conflicto armado.

Antes de poner rumbo a Quito, donde este martes se instalará la mesa de conversaciones entre el ELN y el Gobierno de Santos tras la liberación del excongresista Odín Sánchez y el indulto a dos presos, el abogado Carlos Alberto Ruiz Socha participó en Bilbo en una conferencia sobre la construcción de la paz. En entrevista con GARA, el asesor jurídico de la guerrilla –autorizado por el Gobierno colombiano y apoyado por Noruega, uno de los países garantes– remarca la importancia de abordar las causas del conflicto, porque «no se trata solo de hablar del tránsito de la guerrilla a la legalidad con garantías y seguridad jurídica, sino de acordar una mínima agenda de lo que llamaríamos la deuda social con los sectores más pobres». Ruiz Socha también ejerció de asesor de las FARC-EP en La Habana.

Las reuniones mantenidas a principios de enero en Quito lograron destrabar el proceso y fijar una nueva fecha para la instalación de la mesa de conversaciones, en suspenso desde el 27 de octubre. ¿Qué ambiente se vivió durante esas jornadas?

Hubo un ambiente positivo, de cordialidad, de respeto por la diferencia y de voluntad por ambas partes de llegar a un acuerdo que destrabara la situación. Era la primera vez que el jefe de la delegación del Gobierno, Juan Camilo Restrepo, se veía con la del ELN. Hubo un talante de diálogo y de ánimo constructivo. El ELN claramente flexibilizó su posición renunciando a postular a los dos comandantes que había propuesto inicialmente y proponiendo, en su lugar, a dos presos lisiados de guerra que caben dentro de la categoría de «delito político» que el Gobierno pedía. También apartó temporalmente la discusión sobre el derecho humanitario. No polemizó y facilitó la fase pública.

Usted también ha ejercido de asesor jurídico de la delegación de paz de las FARC-EP en La Habana. ¿Qué diferencias y similitudes ve entre ambas mesas?

Ambas insurgencias han manifestado una voluntad de superar el conflicto armado por la vía dialogada, señalando la necesidad de abordar sus causas políticas, económicas y sociales, y a sabiendas de que un conflicto tan profundo no se supera de la noche a la mañana. No se trata únicamente de hablar del tránsito de la guerrilla a la legalidad con garantías y con seguridad jurídica, sino de acordar una mínima agenda de lo que llamaríamos la ‘deuda social’ con los sectores más pobres. Eso quedó plasmado en la Agenda de 2012 entre el Gobierno y las FARC y aunque, tras la renegociación por la victoria del «No», hubo muchos recortes a las aspiraciones que se habían formulado, hay un conjunto de compromisos que el Estado debe cumplir. En ese sentido, el ELN considera prioritario hablar de lo que está pasando con los sectores sociales que sufren las consecuencias de un modelo económico y social excluyente. Ambas insurgencias están motivadas por esa idea de transformación social. Las diferencias están impuestas por los tiempos y algunas concepciones. Obviamente, el modelo de diálogo con las FARC no contaba con la sociedad civil como actor protagónico. En el caso del ELN, los diálogos contarán no solo con las dos partes contendientes sino que en la agenda está estipulado que habrá un papel protagónico de las organizaciones sociales. Esa es una primera diferencia, porque en La Habana no estaba concebido así. El propósito de la Agenda con el ELN es ir consensuando una serie de medidas que vayan generando un nuevo clima de entendimiento, porque el ELN ha expresado que solo bajo nuevas circunstancias hablará del tema de las armas. Dicho esto, destacaría que ambos procesos son complementarios. El país tiene que interesarse y luchar por la implementación de lo acordado en La Habana y por articular los diagnósticos y propuestas que surjan de la mesa con el ELN.

La participación de la sociedad es uno de los ejes del diálogo de Quito. Sin embargo, el plebiscito del 2 de octubre registró un récord histórico de abstención, situándose en el 62%. ¿Cómo se pretende activar a una sociedad cuando menos apática?

Sin lugar a dudas, hay una inmensa cantidad de personas que se sienten apáticas e indiferentes. Lo han sido frente a la guerra y existe el riesgo de que lo sean frente a la paz. Es cierto que la abstención puede ser reflejo de esa apatía, pero también de un cansancio que no necesariamente es apatía. Se sienten defraudados por la clase política, por sus rutinas y mecanismos. Existe una cultura que ha banalizado y menospreciado el dolor del conflicto. A una parte de la población no le interesa qué camino se va a tomar, ni en la guerra ni en la paz. Esa apatía generalizada no será vencida de la noche a la mañana, pero puede que en la medida en que los sectores organizados convoquen a otros sectores arrinconados por la cultura de la indolencia y por el analfabetismo político se sientan interpelados y, paulatinamente, participen.

En 2018 habrá elecciones presidenciales en Colombia, los procesos de cambio en los países de la región no atraviesan por su mejor momento, la Casa Blanca ha afirmado que revisará el acuerdo con las FARC… ¿Cómo se vive desde dentro esta complicada coyuntura?

El ELN ha valorado esas dificultades, pero la peor apuesta sería cerrar toda posibilidad porque el entorno es negativo. Aunque es arriesgado lo que se abre, hay mucha fuerza y esperanza por parte de los sectores organizados y también de gobiernos y corrientes progresistas de la región que se identifican con el proceso. Se van a debatir temas difíciles pero, si hay voluntad, serán abordados con rigor para buscar un entendimiento básico, no un cambio radical. Lo que no puede ser, y en eso he sido crítico respecto al proceso de La Habana, es una paz barata que se limita a un proceso de resolución del conflicto armado, en el caso de las FARC parcialmente, porque la extrema derecha sigue atentando contra los movimientos populares. En lo que llevamos de año, han asesinado a ocho líderes sociales. En 2016, fueron 117. Estamos ante una campaña de exterminio.

No percibo una paz positiva en el sentido de que aún no se han producido transformaciones sociales creíbles y fehacientes. No ha supuesto una redistribución básica; en Colombia los sectores pudientes no han sacrificado en lo más mínimo sus expectativas de negocio –más bien han aumentado–. Aun así, es una paz por la que debemos trabajar. Así como el proceso con las FARC duró casi cinco años, el que está por abrirse con el ELN no puede ser un proceso exprés, de paz barata. Debe ser lo más acelerado posible; no se trata de cuánto tiempo dure, sino de que refleje una voluntad real de cambio, y no de engaño.

El Gobierno de Santos es consciente de que puede avanzar mucho pero que, seguramente, quedará una parte pendiente. El ELN tiene una visión a medio y largo plazo y es consciente de que no se negocia con un Gobierno sino con el establishment. No es el mejor momento por los factores internacionales, pero es el que ha tocado.

El ELN ha expresado en reiteradas ocasiones su disposición a dialogar con Álvaro Uribe.

El propio Santos ha invitado al Centro Democrático a ser parte de la delegación gubernamental y el ELN acepta que haya un representante de Álvaro Uribe. Es una fórmula que ya ha ensayado. Personalmente estuve en los diálogos celebrados en Maguncia en 1998, y dos años más tarde en Ginebra, entre el ELN y la sociedad civil. ¿Quiénes estaban ahí? Entre otros, el empresario Sabas Pretelt de la Vega –ministro de Interior de Uribe–. Allí se planteó que el diálogo debía ser entre todo el arco de la sociedad civil y que dentro de ella están empresarios, ganaderos, latifundistas con concepciones de extrema derecha, sindicalistas y defensores de derechos humanos con propuestas de transformación social, porque si realmente se quiere llegar a un consenso sobre los cambios básicos que requiere el país, hay que dialogar con quienes detentan el poder, sea Santos, Uribe, Vargas Lleras... para saber cuáles son sus expectativas y qué están dispuestos a ceder. Esto agrega complejidad al proceso pero también nitidez. La esperanza es que cedan en algo, porque puedes firmar un acuerdo como en La Habana, pero si los poderes fácticos no están dispuestos a ceder en algo, va a ser muy difícil y van a impedir que Santos cumpla. Y si no se abordan los problemas básicos, a la vuelta de diez años tendremos otras expresiones de resistencia más o menos organizadas.

Con la experiencia acumulada a lo largo de casi dos décadas, ¿qué expectativas tiene frente a este nuevo proceso?

Dignificar la política no significa un trato cordial entre las partes contrarias, sino atajar la corrupción o la muerte por hambre de niños. No es decente que se esté asesinando por pensar distinto, por organizar a las comunidades o que estemos haciendo un recuento de niños muertos de hambre: 100 en la Guajira, 70 en el Putumayo y otros tantos en el Chocó, y que nada pase mientras los recursos se pierden en las redes de la corrupción. Debe haber demostraciones de que efectivamente existe un interés por solucionar los problemas básicos de la población más empobrecida. Se trata de que los sectores mayoritarios que han estado excluidos de los beneficios sociales y económicos tengan la posibilidad de plantear sus diagnósticos y que vean cómo sus derechos empiezan a ser respetados gradualmente. Deben de tener la certeza de que ahora sí se les está atendiendo en lo más básico. Eso significaría que estamos en otra dimensión.