Un mes ha pasado del devastador alud que arrasó con la vida de 29 turistas en un hotel de Italia, país que está sufriendo durante los últimos años las graves consecuencias de diferentes riesgos naturales (terremotos, inundaciones, aludes etc.) en los cuales han fallecido decenas de personas y se han producido perdidas de millones de euros que han desestabilizado la economía gran parte del país.

La historia de Rigopiano ya la habíamos vivido en Francia (1979, Isère, 39 muertos; 1999, Montroc, 12 muertos); Austria (1999, Galltür, 31 muertos) y Andorra (1996, Arinsal, 0 muertos). Ejemplos análogos, con similares consecuencias en la mayoría de los casos.

Todos sabemos que en el planeamiento urbanístico es imprescindible considerar las zonas afectadas por riesgos naturales, así lo dicta la Ley del Suelo. Un profesor de la Universidad de Barcelona resalta hace años que tenemos un conocimiento científico solvente, tenemos cartografías temáticas adecuadas y tenemos normativas que regulan la ordenación del territorio. Pero pocos son los que creen en los jóvenes especialistas, pese a estar perfectamente cualificados para realizar trabajos económicos que pueden salvar vidas y ahorrar millones de euros a las arcas de nuestras administraciones.

En el futuro, en las próximas semanas, nuestra administración y cargos electos deben de asumir que las políticas preventivas son indispensables para mitigar el riesgo. Y es necesario tomar decisiones firmes y valientes y no esperar a que llame a nuestra puerta el desastre o que un juzgado procese a los técnicos municipales por hechos que podrían ser constitutivos de un delito de homicidio imprudente.

Rigopiano, Donostia, Ondarru, Bergara… un mismo problema, diferentes consecuencias.