Después del traslado de los restos de los golpistas Mola y Sanjurjo de la cripta/mausoleo sita en el mal llamado «Monumento a los Caídos», cobra actualidad el futuro de todo ese espacio y esa edificación.

Lo que nos ofrece una oportunidad histórica para debatir y participar en un proceso cívico de construir nuevos contenidos para la memoria pública. O dicho de otra forma, tenemos la ocasión de poner en pie un proceso social para generar una simbología aceptada por la mayoría, en ningún caso impuesta, que sirva al futuro de nuestra sociedad y que ayude a reparar el daño causado por el golpe militar fascista y la dictadura franquista. Todo lo cual invita a pensar y debatir de forma abierta y participada en torno a alternativas que vayan más allá de un único posicionamiento ultimatista asentado en el tirar o no tirar.

El debate sobre qué hacer con ese espacio y ese edificio es preciso situarlo en una discusión más general y amplia de cómo regenerar la memoria democrática de nuestra ciudad, como parte de su patrimonio colectivo. Así habría que levantar un proyecto que conectase el pasado con el presente y mostrase los crímenes del golpe de 1936, y los de la dictadura franquista y los de la Transición…, pero también reflejase la oposición de la ciudadanía y su lucha por la recuperación de las libertades democráticas arrancadas y la justicia social negada. Se trataría de convertir la memoria del antifranquismo, la memoria democrática, en un recuerdo productivo, un instrumento de socialización que contribuya a formar a la ciudadanía.

Desde este punto de vista no debería existir un único lugar de memoria en la ciudad, sino un Proyecto de Memoria de los Derechos Humanos de la Ciudad de Pamplona, que abarcaría más cuestiones que el levantamiento del 36, la guerra, y el franquismo, extendiéndose a todas las conculcaciones de los derechos humanos, señalizando diversos lugares (Ezkaba, antigua cárcel, muro de la Ciudadela….) todos ellos conectados, y en donde el conjunto del espacio formado por la Plaza de la Libertad y el edificio actual podrían resignificarse, proyectando otra visión muy distinta a la actual: el de un espacio abierto a la ciudadanía, a su participación e iniciativas, encaminadas a ejercer el derecho civil a la memoria democrática.

Evidentemente, lo anterior exigiría en relación al edificio de «los Caídos» poner fin a la utilización que el arzobispado y la Hermandad de los Caballeros de la Cruz hacen del espacio sacralizado que aún permanece en la cripta. Que se cumpla, de una vez por todas, la ley de Memoria Histórica que desde el año 2007 prohíbe los actos de exaltación de los golpistas y se ponga fin a todo tipo de prácticas ilegales de apología del genocidio y de los crímenes de lesa humanidad cometidos.

Todo lo anterior debería hacerse necesariamente en el marco de un proceso participativo, democrático, trasparente y ciudadano, en donde se garantice el ejercicio del pensamiento crítico, con libertad y con más argumentos, que nos posibilite aprovechar esta ocasión para conseguir que nuestra sociedad vaya zanjando con su pasado en coordenadas de verdad, justicia y reparación. Se trata así de garantizar que las generaciones que no lo vivieron conozcan perfectamente nuestro pasado reciente, desde un punto de vista crítico y democrático, de rechazo a los crímenes del franquismo, a la impunidad del régimen del 78 y a la conculcación de los derechos civiles y ponga en valor la lucha en la calle de parte de la ciudadanía por conseguir la regeneración democrática, todo ello como garantía de no repetición.

Aprovechemos este debate para conseguir que nuestra ciudad, como Gernika –«Ciudad de la Paz»–, Gasteiz y otras muchas, transmita a través de sus símbolos, lugares y edificios, esa parte del patrimonio democrático que queremos preservar y enriquecer.