El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil ha fijado el próximo día 4 el inicio del juicio sobre presuntas irregularidades en la financiación de la campaña electoral de Dilma Rousseff de 2014. Su compañero de fórmula era el actual presidente, Michel Temer, al frente de la Presidencia desde agosto cuando Rousseff fue destituida tras un polémico juicio político.

El TSE evaluará si en la campaña electoral conjunta de Rousseff y Temer se infringió la ley y se cometió fraude en la contratación de servicios con el uso de dinero de origen ilícito.

La defensa de Temer pretende que el jefe de Estado sea juzgado por separado de Rousseff para evitar que su mandato sea anulado en caso de condena.

El proceso comenzó a raíz de una petición del entonces opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), que, tras perder las elecciones presidenciales de octubre 2014, solicitó la anulación del mandato de Rousseff y de Temer por irregularidades en la campaña.

Paradójicamente, el PSDB es actualmente aliado de Temer y cuenta con varios ministerios en el Ejecutivo.

El TSE aceptó la solicitud del PSDB y desde 2015 investiga la supuesta irregularidad en la campaña electoral.

En ese marco, las autoridades escucharon las declaraciones realizadas por exejecutivos de la constructora Odebrecht, acusada de corrupción, y del propio expresidente del grupo Marcelo Odebrecht, condenado por corrupción. Odebrecht confirmó que discutió apoyo para las campañas del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) en 2014 con el propio Temer, quien entonces presidía esa formación, pero precisó que no trató de cifras. El juez instructor del caso, Herman Benjamin, dio por terminada la instrucción del caso y entregó su opinión jurídica sobre si Rousseff y Temer incumplieron las leyes electorales. Aunque el sumario está bajo secreto, medios brasileños filtraron que Benjamin ha recomendado la anulación del mandato y la inhabilitación política por ocho años, ante las sospechas de que se usó dinero ilícito procedente de la corrupción para pagar gastos de campaña. Si los siete jueces del TSE respaldan la opinión del juez instructor, supondría el fin del mandato de Temer, que aún podría recurrir al Supremo Tribunal Federal (STF), la más alta instancia judicial de Brasil.

En caso de que sea destituido, la Cámara de Diputados deberá nombrar un presidente interino hasta la celebración de elecciones presidenciales en 2018. Este nuevo juicio agitará aún más la política brasileña, salpicada por escándalos de corrupción.