Cinco años después, tres imputaciones agridulces

Mañana se cumplirán cinco años desde que la Ertzaintza mató en Bilbo a Iñigo Cabacas. Ocurrió en el transcurso de una carga policial gratuita e injustificada, tal y como lo acreditan las pruebas documentales presentadas durante el proceso de instrucción. La jueza encargada de investigar el caso cerró ayer finalmente esta fase del proceso y decretó el inicio de la fase de vista oral. Es decir, la que acabará en un juicio en el que, si nada cambia con los recursos, se sentarán en el banquillo de los acusados tres agentes: los tres mandos responsables de las tres furgonetas antidisturbios que acudieron al callejón de la calle María Díaz de Haro.

Igual que a lo largo de toda la instrucción, la decisión de la jueza queda lejos de las reclamaciones de la acusación particular ejercida por los padres de Cabacas, que ven cómo las posibilidades de aclarar la muerte de su hijo y de establecer las responsabilidades a lo largo de la cadena de mando de la Ertzaintza se evaporan auto tras auto. El pacto de silencio corporativo sellado por los agentes implicados no se ha encontrado con ningún obstáculo por parte de la Justicia, que se ha negado una y otra vez a imputar al mando conocido como Ugarteko, que insistió en «entrar con todo» en la zona pese a que la información de los agentes sobre el terreno aseguraban que la situación estaba bajo control. También es preciso denunciar la actuación de los responsables políticos de la policía de la CAV, que premiaron al máximo mando de la comisaría, Jorge Aldekoa, ascendiéndole a jefe supremo de la Ertzaintza.

Con todo, pese a la negativa jurídico-política a depurar las responsabilidades a lo largo de la cadena de mando, la tenacidad de la familia Cabacas ha conseguido llevar la muerte de su hijo a juicio. No es poco viendo que tenían todo en contra. Un logro evidentemente agridulce que evita, al menos de momento, que la legítima reclamación de verdad, justicia y reparación quede totalmente sepultada.