El doble mecanismo del Estado español para evitar reconocer a víctimas de guerra sucia y abusos policiales se asemeja a una pescadilla que se muerde la cola. Primero Madrid no las incluye en sus leyes argumentando que son casos que no están probados judicialmente (y cuando sí lo están, como Lasa y Zabala, alegando que se trataba de miembros de ETA aunque eso no esté certificado en sentencia alguna). Y cuando, a consecuencia de ello, instituciones como Lakua impulsan una ley propia para repararles acreditando la existencia real de esa violencia, el Estado bloquea esa norma vía recurso al Tribunal Constitucional afirmando que la comisión que lo determina pretende suplantar a los tribunales.

Con todo, el secretario de Paz y Convivencia de Lakua, Jonan Fernández, señaló ayer en rueda de prensa que la situación creada por el recurso «no es un callejón sin salida». Para sostenerlo, hace hincapié en que ni los criterios internacionales ni la Ley de Víctimas del Terrorismo estatal decretan que solo puedan reconocerse y repararse los casos certificados judicialmente. Y aquí llegamos a otro punto elocuente: efectivamente, Madrid ha indemnizado a cerca de 300 víctimas mortales de ETA (sobre unas 850 en total) que no contaban con sentencia judicial firme por falta de culpables o de pruebas, y lo ha acreditado –no podía ser de otro modo– mediante el dictamen de una comisión equiparable a la que se veta en Euskal Herria para estas víctimas de violencia estatal.

Ya en la primera ley estatal de 1999 (en la época de José María Aznar) se estipuló que procedería «el abono de indemnizaciones» cuando hubiera una sentencia firme o cuando, «sin mediar tal sentencia, se hubieran llevado a cabo las oportunas diligencias judiciales o los procesos penales para el enjuiciamiento de los delitos. En estos casos, la condición de víctima, la entidad de los daños sufridos, la naturaleza de los actos o hechos causantes y los requisitos legalmente exigidos podrán acreditarse ante la Administración General del Estado por cualquier medio de prueba admisible en Derecho», dice el texto.

En la nueva ley de 2011 que vino a complementar la anterior se introduce además una mención a los principios del Convenio Europeo en materia de indemnización a las víctimas de hechos violentos, que como recordó ayer Fernández avalan el reconocimiento de estas víctimas aun cuando los autores de los crímenes no hayan sido perseguidos o condenados. «Un gobierno tiene competencia para ello», concluyó. Resulta evidente que para Madrid él sí la tiene, pero Lakua no. Ni Iruñea, cuya norma se recurrió también.

Dos comisiones diferentes

Se da la circunstancia añadida de que el foro que crea la Ley de la CAV para evaluar estos casos tiene un carácter mucho más independiente, técnico y, en consecuencia, objetivo que el que emana de la norma estatal.

La Ley española de 1999 creó una Comisión de Evaluación en la que figuran exclusivamente representantes del organigrama del Gobierno. La Presidencia se encomendó al secretario técnico del Ministerio del Interior y quedó completada con representantes de los ministerios de Justicia, de Economía y Hacienda, de Trabajo y Asuntos Sociales, y lógicamente de Interior.

Nada que ver con la Comisión de Valoración que anticipa la ley aprobada por el Parlamento de Gasteiz el pasado año. La integrarían la persona responsable de Derechos Humanos en el Gobierno de Lakua, dos forenses y un sicólogo nombrados por el Instituto Vasco de Medicina Legal, y seis expertos en la materia (tres nombrados por el Ejecutivo y tres por el Parlamento). Es decir, mientras la comisión estatal depende al 100% del Gobierno español, en la vascongada estaría ligado al Ejecutivo solo el 40% de sus miembros.

En Gasteiz se incluyó como coletilla que la comisión se centraría en valorar los hechos «sin entrar en la consideración penal». Por eso, Fernández se queja de que el recurso «hace decir a la ley lo que no dice para luego tacharlo de inconstitucional. No solo no atribuye a la Comisión ninguna competencia que invada la función de jueces y tribunales, sino que excluye expresamente esa posibilidad». Madrid sin duda lo sabe, porque su Comisión de Evaluación también deja clara esta consideración.

Fernández: «Hay que trabajar esto sin visión agonística»

Un «tropiezo» en una «carrera de fondo». Es así como Jonan Fernández tilda un recurso cuyo contenido exacto ni siquiera conoce aún. Usando la resolución íntegra del Consejo de Ministros de una semana atrás y las filtraciones periodísticas al respecto, el secretario de Paz y Convivencia no negó un «jarro de agua fría», pero lo completó con afirmaciones que restan gravedad al ataque estatal.

Así, apuntó que también costó reconocer a las víctimas de ETA en los años 70 y 80, y añadió que «estos son temas muy trabajosos, aquí y en cualquier parte del mundo. Hay que trabajarlos sin visión agonística, sin desesperarse».

En compañía de la directora general de víctimas del Gobierno de Lakua, Monika Hernando, Jonan Fernández se mostró optimista sobre el final de esta carrera, aunque asume que el TC puede tardar unos dos años en decidir. Prefiere destacar que «contamos con tres activos: la existencia real de las víctimas a las que queremos reconocer y reparar, el apoyo inmensamente mayoritario de la sociedad vasca, y la opinión favorable de las instituciones y organizaciones internacionales de derechos humanos». Y le sumó que «las víctimas deben saber que tienen ya el reconocimiento moral y explícito de la sociedad vasca y sus instituciones». Apunta además que se desarrollará la norma en los puntos no recurridos. Ve factible, por ejemplo, crear la Comisión de Valoración.

Los muertos en la Semana pro-Amnistía, recordados ayer en Bilbo y hoy en Errenteria

La ley recurrida por Madrid atañe al periodo 1978-1999, pero justo un año antes en Euskal Herria se registró la semana más sangrienta tras la muerte de Franco, con siete fallecimientos por ataques policiales a actos que reivindicaban la amnistía. En el 40 aniversario, hoy se celebrará una manifestación de recuerdo en Errenteria (17.30) dentro de la iniciativa ‘‘Euskal Udaberria Kalera’’ y ayer se llevó a cabo una ofrenda floral en Bilbo con referencia especial a Francisco Javier Núñez, uno de los muertos.

Participaron una veintena de personas que han sido electos en estas décadas. Entre ellas Arantza Urkaregi, que remarcó que sigue vigente la necesidad de democratización entonces vetada.

El expreso Josu Amantes «Txirlas» añadió: «Hoy igual que hace 40 años, seguimos diciéndolo: libertad frente a imposición y represión, libertad frente a negación de derechos sociales, civiles y políticos».

Por su parte, el joven Juanjo Molinero añadió que la resolución del conflicto «pasa por terminar ya con toda fuente de nuevos sufrimientos y nuevas víctimas. Los presos y presas políticas vascas deben ser excarceladas y los refugiados y refugiadas deben volver a casa. Hoy como hace 40 años, no hay camino de libertad y derechos sin su libertad».

El intento de negación de estas víctimas de abusos policiales y de guerra sucia también estuvo presente en la denuncia. «La resolución pasa también por el reconocimiento y aceptación del sufrimiento generado, por un relato inclusivo de los relatos existentes, por el reconocimiento y aceptación de todas las víctimas y por un tratamiento de justicia y reparación», dijeron en la Plaza Moyúa, donde está la Subdelegación española.