El Foro Social pone letra pequeña e impulso civil para traer a los presos

Tras la iniciativa exitosa en la cuestión del desarme de ETA, el Foro Social Permanente lanza una ofensiva para solucionar también la cuestión de las personas presas. Tiene dos partes: la propuesta detallada para una hoja de ruta consensuada entre presos, sociedad e instituciones vascas, y una batería de iniciativas civiles para abrir caminos.

El Foro Social presentó ya en 2013 algunas recomendaciones para encarrilar la cuestión pendiente de las personas presas. Desde entonces el asunto sigue muy enquistado, pero han evolucionado las condiciones y las propuestas, se acaba de culminar el desarme de ETA y en paralelo ha emergido el protagonismo de la sociedad civil. En este nuevo contexto, el Foro Social Permanente vuelve a la carga con una propuesta mucho más concreta y madurada que aquella, con la intención de que sirva de base a una hoja de ruta compartida, y la acompaña de una declaración de compromisos civiles de interlocución a todos los niveles para intentar ir abriendo puertas.

Todo ello se presentó en Iruñea ayer tarde ante unas 200 personas, con el alcalde Joseba Asiron como anfitrión, el facilitador Brian Currin como asesor y el experto en cuestiones de paz Johan Galtung como invitado añadido, con una jugosa charla que cerró el encuentro. Lo importante, con todo, estaba en los dos documentos del Foro Social, que se complementan.

En primer lugar se expusieron las conclusiones del IV Foro Social celebrado en Donostia en marzo, donde se escucharon las aportaciones de diferentes expertos vascos. El producto ha sido una propuesta exhaustiva y extensa para un «consenso suficiente y transversal», sobre tres principios: «La desactivación de las medidas de política penitenciaria que contravienen derechos humanos fundamentales», «el fin de la excepcionalidad penitenciaria para con presas y presos por delitos de motivación política como paso previo al desarrollo de una justicia de carácter transicional» y «la transferencia a la CAV y a Nafarroa de la competencia de prisiones» acompañándola de «un plan de reintegración, temprano e individualizado, de las personas presas».

De los enfermos a la 7/2003

Según desgranaron Juanje Soria y Nekane Altzelai, en el primer bloque se incluyen medidas como la excarcelación de los presos enfermos, el fin del alejamiento, lograr que las personas presas sepan con certeza cuál es la expectativa de duración de su pena (sin prórrogas posteriores impuestas), conseguir que quienes tienen condenas de larga duración puedan ver revisadas las mismas «con una expectativa razonable y factible de excarcelación», acabar con la aplicación sistemática del aislamiento y el primer grado, garantizar a las personas presas una comunicación digna y lograr que puedan estudiar sin restricciones.

En cuanto al fin de la excepcionalidad planteado, se traduce en la anulación de la política de rechazo sistemático a la progresión de grado, la derogación de las medidas excepcionales de la crucial ley 7/2003 de la era Aznar, la concesión de libertad condicional inmediata cuando se hayan cumplido dos tercios o tres cuartos de condena, la derogación de la prisión permanente revisable y la devolución a los juzgados de Vigilancia Penitenciaria naturales de las competencias ahora centralizadas en la Audiencia Nacional.

En el plan se plantea la implicación de las personas presas, «profundizando en los caminos de rechazo individualizado al uso de la violencia, en su compromiso inequívoco con las vías pacíficas y democráticas, y el reconocimiento expreso del daño causado en su caso, como voluntad clara de reparación».

Contactos aquí y allí

El Foro Social Permanente añade a esta plancha de ideas una «aportación desde la sociedad civil». Begoña Huarte y Agus Hernán incidieron en que «debe jugar un papel fundamental en desatascar los bloqueos que impiden que esta problemática se encare desde propuestas razonables, dentro de las oportunidades que ofrece una interpretación flexible de la legalidad penitenciaria vigente, en el nuevo escenario político».

A tal efecto, pondrá en marcha múltiples iniciativas: facilitar todos los marcos de diálogo con instituciones, partidos, sindicatos y otros agentes, con una ronda de contactos «a partir de hoy»; solicitar reuniones con los colectivos de presos y presas en los dos estados; animar a la implicación de personas procedentes del ámbito jurídico que puedan analizar, elaborar o impulsar iniciativas jurídicas para desbloquear y desmontar todo el entramado de medidas y normas de excepción: invitar a sectores específicos con gran peso como los sindicatos, la universidad y la comunidad religiosa para que ayuden a activar «una corriente social mayoritaria»; llevar el tema a la opinión pública del Estado español; y reclamar que continúe la implicación positiva de la comunidad internacional.

Currin avisa: imprescindibles los gobiernos y presionar en Madrid

La opinión de Brian Currin es un aporte fundamental para todo este tipo de iniciativas y el sudafricano no faltó a la cita de Iruñea. Habló, como siempre, sin pelos en la lengua, para dejar claro que con esta propuesta del Foro Social lograr un consenso en Euskal Herria resulta perfectamente factible, pero que luego hará falta que los gobiernos vascos asuman su papel y que todo se traduzca finalmente en una presión efectiva que modifique la cerrazón de Madrid. «Esto que estáis haciendo sienta las bases para que lo que debe ocurrir ocurra, pero será un proceso largo y arduo –subrayó–. Así que mucha suerte y mucha fuerza».

Tras haber analizado el documento del Foro, Currin lo calificó como «aspirativo, por así decirlo», remarcando con ello que se trata de una propuesta en la que todo está por hacer. Indicó primero que conseguir el consenso en Euskal Herria «va a ser un reto», y dio por seguro que no será del 100% pero tampoco puede quedarse en el 51%. Entiende que para seguir avanzando sería muy conveniente una adhesión de en torno al 80%, que ve posible porque al fin y al cabo el planteamiento se basa en cuestiones de derechos humanos.

Luego está «aplicar ese consenso, que es un reto aún mayor. Ese consenso habrá que llevarlo a las instancias gubernamentales y que se adopte de modo formal, porque ahí está el poder realmente».

Y queda un tercer paso, el definitivo: «Habrá que hacer ‘lobby’ en Madrid, porque os guste o no habrá que convencer a Madrid de que hagan lo que tengan que hacer».

No obstante, volviendo al principio del «camino largo y arduo» subrayó Currin que «la clave del éxito está en vuestra capacidad de trabajar juntos». Y coincidió con el Foro Social en que el impulso civil supone un factor «esencial». De hecho, comenzó dando la enhorabuena a esta plataforma porque «está jugando un papel decisivo a la hora de mantener vivo el proceso de paz» en un contexto en que «el Estado español no asume su papel» y ello podía haber desembocado en un desinterés generalizado. «Bien hecho, seguid por favor», pidió a sus miembros.

El primero en tomar la palabra fue el anfitrión, Joseba Asiron, que tampoco perdió ocasión ni de elogiar la labor de este Foro Social ni de criticar la cerrazón estatal en lo que respecta a las personas presas. Para ello parafraseó a Humberto de la Calle, el jefe de la delegación del Gobierno colombiano en la negociación con las FARC: «La justicia ciega no puede obstaculizar el logro de la paz. Hay formas de justicia restaurativa que contribuyen a una más amplia satisfacción de los derechos de las víctimas». Hizo hincapié en que «una verdadera reconciliación debe superar el marco judicial que incide en la venganza y el castigo, y respetar los derechos humanos de todas las personas». Y añadió que por encima de las dificultades evidentes toca seguir perseverando en los esfuerzos y darles carácter compartido: «Difícilmente habrá marcha atrás si los pasos los vamos dando de manera conjunta. La meta a lograr merece sin duda todo este esfuerzo».R.S

«Que París profundice en un camino propio»

Las referencias a los estados son muy escasas en los dos documentos del Foro Social, que están dirigidos muy principalmente a la sociedad e instituciones vascas además de a las personas presas. En la «aportación desde la sociedad civil» se hace un llamamiento al Estado español y específicamente al PP para que «reflexionen y no desaprovechen las oportunidades que recientemente se han abierto». Y se añade esto en referencia al Gobierno francés: «Le solicitamos que persevere en la actitud tomada con el desarme, profundizando en un camino propio, sin injerencias del Gobierno español, buscando soluciones a las personas encarceladas en el Estado francés».R.S.