Continúa en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Barakaldo el procedimiento por el fiasco millonario de Alonsotegi Eraikiz en el que se acusa a ocho consejeros de la extinta sociedad pública de delitos de prevaricación administrativa y malversación.

La clave del proceso judicial está en determinar si hubo delito en la gestión de esta sociedad urbanística que al ser disuelta en abril de 2011, poco antes de las elecciones municipales, dejó una deuda al Ayuntamiento de 4,1 millones. Al refrendarse la asunción de los compromisos de Alonsotegi Eraikiz, sus administradores presentaron al Pleno municipal un balance de cesión que reflejaba un saldo ficticio de 15.980.000 euros.

Un nuevo informe encargado por el Consistorio a la firma Afianza –a raíz de una petición de EH Bildu– analiza los pagos efectuados a partir de la disolución hasta la actualidad, en relación a los activos y pasivos, que suman 2,6 millones de euros. En esa cantidad se incluyen los 30.050 euros que el Ayuntamiento abonó, en setiembre de 2016, a los tres propietarios de terrenos a los que la sociedad no había pagado. Los auditores realizan también una valoración económica de la suspensión de la liquidación por gastos de urbanización en el «caso Basaldi», que fijan en algo más de 3,3 millones.

Una de las principales conclusiones es que la entidad tenía en diciembre de 2010, poco antes de emprenderse el proceso de disolución, un valor de 476.000 euros, que coincide con el fijado por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP), lejos de los 15.980.000 euros que se reflejó en el balance de cesión. Es decir, se generó una pérdida patrimonial que supera los 15 millones.

Ese dato nada tiene que ver con el que aportan los responsables de Alonsotegi Eraikiz que son investigados. La tesis que esgrimen desde la defensa, sustentada en una auditoría elaborada a raíz de ser imputados, es que reconocen la deuda de 4,1 millones de euros a la que contraponen unos supuestos bienes generados por valor de 12,8 millones. Según su teoría, el saldo para el Consistorio es positivo –lo cifran en 8,7 millones–, añadiendo que algunos de los bienes son de «gran liquidez» y podrían convertirse en dinero «a corto plazo».

El TVCP y la interventora

Lo cierto es que ese informe de parte trata de contrarrestar otros en los que se advierte de las consecuencias de una gestión repleta de irregularidades, que ha repercutido negativamente en las arcas locales, convirtiendo a Alonsotegi en uno de los municipios más endeudados de Bizkaia. Así, el TVCP, en su informe de fiscalización publicado en 2015, certificó la nefasta administración, identificando tras la revisión de los registros contables y de los bienes inscritos existencias por valor de escasos 476.000 euros. Se trataría de los terrenos del campo de fútbol de Basteita, el antiguo centro de salud y un local en la calle Errota nº 2.

Antes, en abril de 2011, la interventora municipal emitió un informe de reparo en el que alertó de la sucesión de irregularidades que le llevaban a no pronunciarse a favor de que el Ayuntamiento asumiese activos y pasivos de la sociedad urbanística al ser disuelta.

El juzgado de Barakaldo cita a declarar a los ocho investigados

A pesar de las maniobras dilatorias de los abogados de las defensas que han llegado a contar con el respaldo de la fiscal, mañana están citados a declarar en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Barakaldo dos exalcaldes de Alonsotegi, los jeltzales Gabino Martínez de Arenaza Arrieta (1999-2007) y Aitor Santisteban Aldama (2007-2011), y quien fuera consejero y gerente de Eraikiz, Irkus Palacio Garai, o el también consejero y arquitecto al servicio del Consistorio Alberto Zulueta Goienetxea. Contra estas personas, principales responsables de la trama, existe una querella presentada por ediles de EH Bildu.

También han sido llamadas por el juez las consejeras Iratxe Larringan Oña, Ainhoa Varona Cal, Álvaro Ibarrola Altuna y Secundino Gómez Rueda, este último concejal del PSE que participó entonces en el órgano de gobierno de Alonsotegi Eraikiz.

Los corporativos soberanistas presentaron la denuncia en junio de 2014 pero no fue hasta un año después cuando se acordó la declaración de los imputados. Las defensas han ido interponiendo recursos de reforma y apelación que han ido demorando la toma de declaración de los ocho investigados durante cerca de dos años. En abril pasado, después de que se hubiera fijado el orden de las declaraciones, la Fiscalía también solicitó la suspensión, que fue desestimada de nuevo por el juzgado. A.G.