Este mes de mayo se cumple en Filipinas el primer aniversario de la elección de Rodrigo Duterte como presidente.

Desde entonces, la campaña de represión contra las drogas se ha llevado por delante los derechos humanos. Por un lado, se contabilizan más de 9.000 muertes violentas, muchas de ellas ejecuciones extrajudiciales a cargo de la policía y matones a sueldo. No es de extrañar dado que Duterte apoya públicamente la detención y homicidio de personas sospechosas de consumo o venta de drogas.

Estás personas además también podrían enfrentarse a la pena de muerte, dado que se está debatiendo su reintroducción en el Parlamento filipino, con el argumento de luchar contra la delincuencia y para delitos relacionados con el tráfico de drogas.

Esto es particularmente lamentable porque desde la abolición de la pena de muerte en Filipinas en 2007, este país era muy activo en foros internacionales trabajando para conmutar sentencias de muerte de ciudadanos filipinos en el extranjero.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos. Se trata de un castigo irrevocable, impuesto y administrado a través de sistemas de justicia vulnerables a la discriminación y el error. No hay indicios concluyentes de que tenga efectos disuasorios contra la delincuencia.

La deriva política en Filipinas desgraciadamente va, no solo en contra de las normas internacionales de derechos humanos, sino que además de su propia historia.