El 11 de junio se va a cumplir el 37 aniversario de la desaparición de Joxe Miel Etxeberria, Naparra. Una efeméride que tiene lugar en un momento especial y algo triste para la familia, pues se encuentra muy reciente aun el intento sin éxito de la búsqueda de los restos del militante, cuando tantas esperanzas se habían depositado en esa operación. Pero si nos fijamos en la evolución de los acontecimientos desde una perspectiva temporal no hay razón alguna para el desfallecimiento.

En el año 1999 su hermano Eneko se quejaba amargamente por la sensación de abandono que les rodeaba, incluso de los sectores políticamente más afines. Y hacía extensible su decepción a partidos políticos, organizaciones de derechos humanos, agentes e instituciones por su silencio e indiferencia ante la injusticia y el drama personal por el que estaba pasando la familia. Según Eneko fueron «19 años de sufrimiento y angustia», agravados «por el vacío y olvido» de casi todos. Les dolió de forma especial la manipulación periodística y policial que intentaba atribuir a ETA aquella acción de la que fue objeto la desaparición de Naparra. Ellos no dudaron nunca de la autoría del Batallón Vasco Español (BVE), siglas que para Eneko no escondían solo actuaciones de la extrema derecha sino formas propias de intervención del terrorismo de Estado. El caso Lasa y Zabala no hizo sino confirmarles en sus intuiciones, compartidas por muchas personas en Euskal Herria. No presentaron querella en el Estado español porque «No tenían confianza alguna en la justicia española». Ni en la francesa que archivó rápidamente la denuncia interpuesta.

Sin embargo, ese mismo año recibieron el apoyo y la acogida de algunas organizaciones recientemente creadas por familias víctimas de la violencia del Estado. Acudieron, así, a reuniones, concentraciones homenajes, encierros y otros actos organizados por estas asociaciones. Se presentaron, junto a otras familias, en la ponencia creada dentro de la comisión de Derechos Humanos del Parlamento de Gasteiz, aunque con nulos resultados. Y para evitar la prescripción del caso en el Estado español presentaron una querella ante la Audiencia Nacional (AN). Pero el juez Velasco la archivó en 2004. Fue otra decepción pero no se desmoralizaron y mantuvieron su lucha constante por conocer la verdad, hacer justicia y conservar la memoria de la vida y la muerte de su allegado y otros militantes. Recibieron el apoyo de miembros de las Gestoras pro Amnistía y de la izquierda abertzale y sus reivindicaciones se hicieron cada vez más presentes en los medios de comunicación. A raíz de la desaparición de Jon Anza y la creación de su plataforma de apoyo, a los reclamos populares de «Non dago Jon», se unieron los de «Non dago Naparra», «Non dago Pertur», «Non dago Popo Larre». Indicando la asociación de todas estas desapariciones y la responsabilidad atribuida a los Estados francés y español en ellas. En el año 2008 el Gobierno vasco introdujo a Joxe Miel como víctima de la violencia estatal. Pero lo importante estaba por venir.

En 2013 y como consecuencia de una reunión con un grupo de trabajo sobre desapariciones forzosas, la familia con la ayuda de Egiari Zor presentó una demanda a la ONU. En 2014 esta organización aceptó la demanda y reconoció a Naparra como víctima de desaparición forzosa, instando a España y a Francia a investigar para esclarecer los hechos. Eneko acudió a Ginebra en ese mismo año para ofrecer testimonio sobre el caso. Este reconocimiento internacional supuso un bálsamo para la familia. En el año 2015 vino el reconocimiento institucional con la invitación a intervenir ante el Parlamento navarro. En la sesión todos los grupos políticos sin excepción mostraron respeto a la familia y expresaron su derecho a conocer la verdad, reclamar justicia y recibir la reparación correspondiente. Este acto representó una nueva inyección de moral y un premio a la tenacidad de la familia.

En 2016 la familia de Joxe Miel solicita la reapertura del caso. A través de Iñaki Errazkin se había conocido que una fuente «confidencial» había dado al periodista informaciones precisas sobre el lugar en que estaría enterrado el militante vasco. Concretamente cerca de Mont-de-Marsan. La importancia de esa información radica además en la persona del confidente, pues al parecer se trata de un ex miembro del CESID y antiguo participante de los GAL. De ser cierto lo anterior, significa no solo el vínculo entre las acciones del GAL y la guerra sucia del periodo 1975-1981 sino también la relación entre los mercenarios de extrema derecha y los servicios secretos españoles. De la creencia ya muy generalizada de esos vínculos se habría pasado a su confirmación. Ello apoya aún más la caracterización como terrorismo de Estado a la acción contra el militante vasco, la disipación de las dudas sobre la autoría y la responsabilidad de los Estados español y francés en esa y probablemente en otras muertes de ese periodo. Toda una bomba informativa. El juez Velasco reabre el caso y remite una comisión rogatoria al juzgado de Mont-de-Marsan con la participación del forense Paco Etxeberria. El resto es historia conocida.

La constancia de los familiares de Joxe Miel ha construido camino. Se ha pasado de la nada de antaño al respeto y reconocimiento popular, institucional e internacional del ausente y su familia cada vez más presentes en el corazón y pensamiento de la gente. Alguien dijo que el enemigo de la memoria no es el tiempo sino el olvido. Ellos han conseguido disipar el olvido, concentrar el tiempo y sostener la memoria. Nada está cerrado y las diligencias del caso prosiguen. Esperemos que el apoyo de la familia, los amigos y el pueblo sigan ofreciendo frutos a la verdad, la justicia y al reconocimiento de todos aquellos que dieron su vida por la libertad de Euskal Herria.