La investigación del «caso Bidegi» (pagos públicos de más de 30 millones de euros por trabajos supuestamente no realizados en la AP1) puede terminar alargándose hasta 2022, tras la decisión del Juzgado de Azpeitia, tomada a petición de la Fiscalía. Ambas instancias entienden que la complejidad técnica del asunto requiere esta prórroga de cinco años.

Los junteros de EH Bildu que se personaron como acusación ante la inacción de la actual Diputación de Gipuzkoa lo dieron a conocer ayer en rueda de prensa, y concluyeron que «con ello se demuestra que este es un asunto muy serio y que las dos querellas interpuestas por el anterior Gobierno foral tienen fundamento y tienen una base jurídica sólida».

La prórroga del plazo de instrucción había sido argumentada por la Fiscalía por «la necesidad de practicar una pericial imparcial que sirva para clarificar los hechos, pericial que, a nuestro juicio, dada su complejidad y el carácter multidisciplinar que la misma ha de tener, puede dilatarse años».

El auto judicial que ha aceptado esta prórroga matiza que no hay una pericial pendiente, sino dos: la reclamada por la Fiscalía desde setiembre de 2016 y la propuesta por los junteros de la izquierda independentista este pasado mayo.

Sobre la primera pericial hay una cuestión muy llamativa. Y la destapó la acusación de Joseba Egibar (PNV), en tribuna parlamentaria, de que EH Bildu estaba invitando a intervenir a la UCO de la Guardia Civil en este caso. Como confirmaron a preguntas de los periodistas los junteros Iban Asenjo, Judith García y Jon Albizu, lo que ocurre es que el trabajo había sido encomendado a la Ertzaintza pero este cuerpo ha alegado que no tiene capacidad técnica para llevarlo a cabo, de modo que los electos de EH Bildu han demandado que lo haga el órgano competente, sin concretar más.

La disyuntiva de fondo es «investigar o no investigar», resumió García. Y Asenjo mostró su sorpresa por que una Ertzaintza que se presenta como «policía integral» no pueda realizar esa diligencia judicial, que básicamente consistiría en comprobar si los trabajos pagados por Bidegi en la AP1 se hicieron o no.

Cabe recordar, por ejemplo, que la querella sostiene que el hormigón inyectado en los túneles es sustancialmente menor que el realmente facturado y pagado en la liquidación de junio de 2011, seis días antes de la llegada al cargo de Martín Garitano. La Diputación de EH Bildu encargó un peritaje que lo constató a través de la realización de catas en esos túneles.

Cinco imputados

Las querellas fueron presentadas por la Diputación que lideraba Garitano entre 2014 y 2015, primero por un tramo de la AP1 y luego por otro. Las sospechas de pago indebido de dinero público a las constructoras por parte de Bidegi suman ya más de 30 millones de euros.

Tanto una como otra querella fueron admitidas a trámite por el Juzgado de Azpeitia y empezaron a tramitarse con celeridad, pero todo ha encallado al llegar a la pericial independiente que se presume como clave. Hay cinco personas imputadas: el ex director técnico de Bidegi Agustin Zugasti y cuatro responsables de la UTE y la ingeniería de cada tramo.

Diputación no se posiciona sobre la prórroga ni informa del caso

La Diputación de Gipuzkoa se querelló por el caso cuando era dirigida por Bildu, pero con la llegada al poder del tándem PNV-PSE ha pasado a ejercer el papel contrario. Los junteros de EH Bildu apuntaron ayer dos datos significativos de su posición actual. Por un lado, que no se haya informado de esta prórroga de cinco años, con lo que se mantiene una política de silencio sobre el «caso Bidegi» radicalmente contraria a la anterior, cuando la diputada Larraitz Ugarte compareció cada vez que había novedad. Por otro, más ilustrativo aún, que la representación letrada de la Diputación no tomó posición alguna sobre la petición fiscal para prorrogar la instrucción. Mientras los junteros de EH Bildu lo apoyaron e imputados como Zugasti lo rechazaron, la institución foral dio la callada por respuesta. Confirmada esta prórroga, el portavoz, Imanol Lasa, se limitó a considerar ayer que lo ven normal.

En una valoración política del momento actual, Judith García instó a dejar de tratar el caso «con ligereza, queriendo desviar la atención y actuando con victimismo. Este comportamiento no es compatible con el rigor y la seriedad que exige un presunto desvío de dinero público».

Tanto el diputado general Markel Olano (que también lo era cuando se produjo la liquidación sospechosa de la AP1) como el alcalde de Donostia, Eneko Goia (entonces diputado de Infraestructuras), siguen teniendo pendiente declarar como testigos, a la espera de las diligencias pendientes.