«Es sorprendente que ni tú ni el entorno político de las personas que están presas hayan realizado una lectura crítica de las vulneraciones de derechos humanos producidas por ETA, pese a saber que esa lectura crítica tendría una influencia directa en la modificación de la política penitenciaria». Son palabras del lehendakari de la CAV, Iñigo Urkullu, en la respuesta escrita a las misivas enviadas por decenas de represaliados vascos que pedían al PNV y a los ejecutivos de Gasteiz e Iruñea que actúen para acabar con el alejamiento.

En su escrito, el dirigente jeltzale reconoce que «una nueva política penitenciaria requiere articular un proceso de acercamiento de los presos a las cárceles más cercanas a su lugar de residencia», así como aplicar el Reglamento Penitenciario a los presos y presas gravemente enfermos. «Además, es de esperar que el Gobierno español impulse una política activa para resocializar a los presos, ya que es un principio de la Constitución», añade Urkullu.

Muestra su confianza en que «la sociedad vasca y las instituciones defiendan las reclamaciones humanitarias de los familiares de los presos». Y afirma que «a las instituciones vascas les corresponde reclamar una política penitenciaria diferente ante las instituciones del Estado y defender la transferencia de las competencias penitenciarais». «Del mismo modo, el Gobierno Vasco debe desarrollar políticas activas para fomentar la reinserción social y política», admite. Pero en la misiva se añade que eso «también requiere de un cambio de actitud por parte de la mayoría de los presos y de su entorno político». «Seria importante que el entorno político de los presos haga una valoración crítica sobre las vulneraciones de derechos humanos provocadas por ETA en el pasado», indica en aparente alusión a Sortu.

Sortu: «Palabras huecas»

El partido de la izquierda abertzale replicó a Urkullu con un comunicado titulado «Consejos vendo y para mí no tengo». Sortu recuerda en él que ya asumió responsabilidades en un acto celebrado en 2012 en el Kursaal y añade que EPPK hizo autocrítica ya diciembre de 2013.

«Más allá de palabras huecas y exigencias partidistas, hace falta que cada cual asuma sus responsabilidades para poder cimentar una base sólida para la consecución de la paz y la convivencia», manifiesta Sortu tras incidir en que el PNV «promovió y amparó» el alejamiento de los presos y presas vascas.

EH Bildu insiste en que la transferencia de prisiones es «urgente y necesaria»

Tras la visita a Catalunya para analizar la cuestión, Jone Goirizelaia destacó ayer en Gasteiz que la transferencia de las competencias penitenciarias es «necesaria y urgente». «Es algo que, además de estar en la agenda, tiene que estar en el trabajo diario de este Parlamento», señaló la parlamentaria de EH Bildu, que insistió en la necesidad de hacer «algo diferente a lo que vamos a heredar», en alusión a las normas impuestas por Madrid.

«Hay que hacer una política penitenciaria nueva, hay que diseñarla desde Euskal Herria y para Euskal Herria, y hay que hacer ese diseño antes de que se dé la transferencia. Hay que tener pensado cémo lo vamos a afrontar», añadió haciendo hincapié en la necesidad de romper el «binomio» existente entre delito y cárcel.

A su juicio, se deben adoptar «medidas alternativas, ya que la prisión debería ser el último recurso. Hay que tener en consideración los derechos humanos y su respeto, algo que no puede estar por encima de la seguridad. Y hay que dar entrada a las organizaciones de derechos humanos», citó, tal como ocurre en Catalunya, que en 1984 obtuvo la transferencia de prisiones. «Allí han conseguido que las organizaciones de derechos humanos y las organizaciones sociales colaboren y participen de esa política penitenciaria; y lo han conseguido a través de mecanismos que permiten a esas organizaciones entrar en las prisiones y trabajar con las instituciones», explicó la electa abertzale, que esta semana ha viajado a Barcelona junto a sus compañeros Julen Arzuaga y Larraitz Ugarte.

Los parlamentarios de EH Bildu defenderán hoy ante la Cámara de Gasteiz la creación de una ponencia en el seno de la Comisión de Trabajo y Justicia, «a fin de evaluar, reflexionar y llevar a cabo la elaboración de un informe sobre la política penitenciaria a aplicar tras la transferencia de prisiones». La coalición quiere que la sociedad civil tenga un papel relevante en dicha ponencia.I.S.