Transferencia penitenciaria: un gran paso en lo humano, social y político

Es posible que alguno se sienta confundido al ver que la izquierda independentista se ha embarcado a defender la transferencia de prisiones a estas alturas de la película y no entienda muy bien el por qué. Y creo que este tema tan delicado, con tantos matices a nivel humano y distintas implicaciones políticas requiere de una explicación. La de la transferencia penitenciaria no es una cuestión nueva. Lleva encima de la mesa de los correspondientes gobiernos autonómicos los últimos 35-40 años, toda vez que la cuestión de la transferencia de la competencia de gestionar el sistema penitenciario se recoge en el correspondiente Estatuto de Autonomía del País Vasco (Art. 10.14 que habla de organización, régimen y funcionamiento de centros penitenciarios y de inserción social) y el Amejoramiento del Fuero de Nafarroa (art. 58.1 a, que menciona expresamente la ejecución penitenciaria).

Por tanto, en un país donde todo el mundo se jacta de hablar de cumplimiento de la legalidad vigente, de la Constitución española como tótem inamovible y demás retahíla jurídica, la ciudadanía de la CAPV y de Nafarroa siguen sin tener desarrollada su norma máxima y los gobiernos autonómicos han sido incapaces de arrancar de Madrid la plena ejecución de competencias que aún están por transferir (más de 30 en la CAPV, que se dice rápido).

Allá por el año 2004 tuve el honor de participar, en el seno de un equipo multidisciplinar de la UPV-EHU, bajo la dirección de los profesores Cesar Manzanos Bilbao e Ignacio Muñagorri Laguía, en la elaboración de una propuesta de ejecución penal para la CAPV (se abordaba también la cuestión de Nafarroa), a petición del Gobierno Vasco. Era una propuesta completa que estaría de plena actualidad y que se hizo contando con la participación de víctimas de delitos, personas presas, funcionarios de prisiones, trabajadores sociales y asociaciones que trabajan en este ámbito. Estas fueron sus premisas: 1) No queremos transferencia de prisiones si de lo que se trata es de reproducir el sistema penitenciario español y todas sus taras. 2) Queremos un sistema de ejecución penal donde el régimen cerrado sea una excepción de corta duración y se aborden las causas de los delitos, del concepto de seguridad ciudadana desde otra óptica y parta del reconocimiento de que la prisión no es sino un depósito de personas que el sistema excluye de sus esferas. 3) Partiendo de los perfiles de las personas y de sus trayectorias de vida es necesario adecuar los itinerarios de inserción de manera específica (mujeres, inmigrantes, enfermos mentales…). 4) Se abordaba de manera específica que todas las presas políticas fueran reunificadas en la prisiones de Langraitz (Zaballa) e Iruñea. Esta propuesta además era muy realista, pues tenía en cuenta que la legislación penal y penitenciaria seguiría estando en manos del Estado español, pero que aún así, es posible, a través de la interpretación de la legislación plantear un sistema de ejecución penal radicalmente distinto (el trato dado a Galindo frente a Ibon Iparragirre es un claro ejemplo de ello). Por desgracia esta propuesta se quedó en el cajón, durmiendo el sueño de los justos.

Tras trece años en los que las instituciones vascas y navarras han hecho dejación de sus funciones, parece que finamente se están moviendo cosas en materia de transferencia penitenciaria. Si es un nuevo bluf o el inicio de algo sólo el tiempo lo dirá, pero parece que sí. El Secretario de Estado Jose Antonio Nieto dijo en primavera que la transferencia de prisiones está más cerca y algunos dirigentes del PNV también han hablado de ello en pleno proceso de negociación presupuestaria española.

Paradójicamente, a día de hoy, la consejera de Justicia es incapaz de saber cuántas personas con residencia en la CAPV se encuentran en prisión y son por tanto susceptibles de ser traídas a Euskal Herria y por ende, la capacidad del mapa penitenciario vasco en ese escenario. Pero por si acaso, no plantean oposición al proyecto de macrocárcel de Zubieta, que a todas luces parece otra más de la lista de innecesarias.

En este contexto, la izquierda independentista ha decidido asumir con responsabilidad este tema. Porque una vez más, los amantes de la sacrosanta bilateralidad como mucho abordarán el coste que supone la transferencia para las instituciones autonómicas y no la reforma integral que se necesita y es viable a pesar de no poder legislar ni las penas de los delitos ni su ejecución, ni de poder disponer a día de hoy de un juez de vigilancia penitenciaria que no esté en Madrid en el caso de los presos y presas políticas vascas. En el parlamento se ha exigido un debate público sobre modelo penitenciario que ha sido vetado por el PNV-PSE-PP. Además, se ha decidido conocer de primera mano el sistema penitenciario catalán, único transferido de la geografía española. Catalunya dispone de la transferencia desde el año 1982. Un equipo del parlamento vasco estuvo hace unas pocas semanas conociendo el devenir y la situación actual de la política penitenciaria catalana. Se reunió con el director de las Instituciones Penitenciarias Catalanas y el Consejero de Justicia, pero también con el Sindic (el ararteko catalán), jueces de vigilancia penitenciaria y asociaciones que trabajan en este ámbito. Además, pudo ver el centro penitenciario de Lledoners y ver in situ la aplicación de la transferencia.

De esta experiencia pude extraer las siguientes conclusiones. En primer lugar, la transferencia penitenciaria es importante porque te permite dotarte de herramientas de Estado que si bien tienen limitaciones por la falta de capacidad de legislar, es un avance con respecto a tener un sistema de prisiones gestionado desde España en tu propio territorio. Nosotros no podemos renunciar a adquirir todas las herramientas posibles para funcionar de manera independiente a la espera de un día D de independencia. La independencia se debe alcanzar con la mayor preparación posible.

Una segunda conclusión es que lo podemos hacer mucho mejor. El sistema penitenciario catalán, con todas las limitaciones legislativas y dificultades para realizar una transformación brutal en tan corto periodo, está encaminado en una dirección infinitamente más respetuosa con los derechos humanos y con los objetivos de reinserción marcados por la ley. Los programas de reinserción, el cierre de la prisión de la Modelo, una prisión totalmente obsoleta e inhumana, el reciente debate sobre la eliminación del régimen de aislamiento y las medidas propuestas con un amplio consenso político y social, el sistema de salud insertado en el ámbito penitenciario… son muestras de que se pueden hacer las cosas mucho mejor. Siempre se dice que un Estado puede medir su grado de democracia por su sistema penitenciario y es una frase que bien se puede aplicar a Catalunya y España. Aquí debemos obtener la transferencia para un sistema cuyo máximo objetivo no sea el punitivo.

Finalmente, hay una tercera cuestión, que es de máxima urgencia. Un informe del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo dado a conocer esta semana sostiene que el 74% de los entrevistados está a favor de que los presos políticos vascos sean traídos a prisiones vascas. Se han acabado las excusas y las dilaciones indebidas. La transferencia debe ser una herramienta útil para acompañar desde las instituciones vascas la reciente decisión adoptada por el colectivo de presos políticos vascos. Es el momento de abordar estas tres exigencias: fin de la legislación de excepción, transferencia penitenciaria a la CAPV y a Nafarroa eta Euskal Presoak Euskal Herrira.

En definitiva, hay que conseguir que la agenda institucional tenga la transferencia en materia penitenciaria como ojetivo de la legislatura. Tres años, no más.