El Juzgado de Azpeitia que investiga si Bidegi pagó en 2015 a las constructoras de la AP1 más de 30 millones de euros por trabajos inflados o no realizados se ha dado de bruces con el regate de la Ertzaintza, que alega no disponer de capacidad técnica suficiente para resolver los interrogantes trasladados.

En abril de 2015, tras la admisión de las querellas presentadas por la Diputación de Bildu, el Juzgado encomendó al Área de Delitos Económicos de la Ertzaintza un informe pericial sobre la presunta falsificación de documentos públicos y malversación de caudales públicos, en su condición de Policía Judicial. Un año después, el 15 de abril de 2016, este Área presentó un atestado que, lejos de cumplir el encargo, se escuda en incapacidad técnica e intenta trasladar las cuestiones claves a otras instancias como la Intervención General del Estado.

Desde la introducción, la Ertzaintza avisa ya al Juzgado de que en el atestado «detalla las necesidades complementarias que serían necesarias incorporar, para dar respuesta a las partes técnicas que el presente instructor no puede valorar».

Tras dejar pasar el verano, el 28 de octubre del pasado año la misma Área de la Ertzaintza presentó en el Juzgado de Azpeitia un escrito aún más rotundo. «Ya que no se ha recibido información adicional, se da por concluida la labor encomendada».

La inhibición de la Ertzaintza hizo que la acusación popular ejercida por junteros de EH Bildu insistiera en febrero de este año en la necesidad de esa pericial, algo que el Juzgado no pone en cuestión en modo alguno. El magistrado suplente que lleva provisionalmente el asunto por ausencia del titular acaba de reflejar en un auto (17 de junio) que considera a la Ertzaintza como el único cuerpo policial con atribución para realizar esa pericial. No obstante, dada la situación creada, apunta la posibilidad de que sea emitida «por perito titular con conocimientos técnicos en la materia objeto de la prueba, y no por un cuerpo policial, sea cual sea y sin prejuzgar la capacidad de sus miembros».

Paradójicamente, esta cuestión no había trascendido hasta que el portavoz parlamentario del PNV en Gasteiz, Joseba Egibar, la esgrimió en un Pleno celebrado el 19 de marzo, en el que acusó a EH Bildu de «pedir auxilio a la Guardia Civil». Los autos judiciales muestran que efectivamente esta opción ha sido sopesada en el Juzgado ante la falta de respuesta de la Ertzaintza, pero el magistrado la ha descartado incidiendo en que el único cuerpo policial con competencia para ello es el autonómico.

Dos ejemplos: tierra y cemento

Para reflejar la posición adoptada por la Ertzaintza ante la petición judicial, cabe tomar como ejemplo el primer episodio de la serie de denuncias, y quizás por ello el más conocido. La primera querella tuvo como catalizador el descubrimiento de que Bidegi había pagado 3,4 millones por el traslado al depósito de Basagoiti-2 de 900.000 metros cúbicos de tierra (aproximadamente el volumen del estadio de Anoeta) que en realidad no estaban allí. En un primer momento tal circunstancia no se negó, pero posteriormente en la contrapericial de defensa de los imputados se alegó que esta tierra sí había sido movida pero se había depositado en puntos intermedios o bien usada como relleno en las zonas de la obra de la AP1.

Ante ello, la Ertzaintza recoge los datos aportados por una y otra versión y sus elementos de credibilidad, admitiendo por ejemplo que los querellados no han documentado esos supuestos movimientos intermedios. Sin embargo, al final no emite un diagnóstico concluyente sino que sitúa la pelota en el tejado de otra instancia: la Intervención General de la Administración estatal, que sostiene que es quien debe estudiar el contrato de la obra y dictaminar a qué parte le correspondía costear esos traslados no probados.

Otro ejemplo es la sospecha de que en túneles de la AP1 se inyectaron 1.060 metros cúbicos de cemento pero se pagaron 3.950. El atestado de la Ertzaintza recoge este dato, pero también el argumento de la defensa de que «en Apotxaga existía mucha porosidad, motivo por el que muchas de las inyecciones se perdían». Y como colofón plantea que «se necesitaría que un experto en la materia definiese el método más adecuado para medir el espesor del hormigón realmente liquidado». De ello se desprende que la Policía Judicial ni siquiera ha hecho lo que sí hicieron en su día las ingenierías (Ingeotyc, Euskontrol) a las que Diputación encargó un informe: catas en los túneles para comprobar el grosor del hormigón realmente inyectado. La complejidad del caso y la falta de respuesta de la Policía Judicial han hecho que, antes incluso de este último auto, el Juzgado ya anunciara la prórroga del periodo de instrucción cinco años más. Ello facilita tiempo para investigar detalladamente, pero no despeja dudas sobre la voluntad de hacerlo.

Mientras, el Juzgado sí va realizando otras actuaciones, como unir a la causa un informe ampliatorio de Ingeotyc sobre los túneles del tramo Eskoriatza-Arrasate, en que la anterior Diputación de Araba (del PP) avaló las sospechas de la de Gipuzkoa (de Bildu). Se incorpora a petición de la acusación popular.

 

Cronología del caso Bidegi

JUNIO DE 2011

Dos años después de acabarse las obras de la AP1 (Eibar-Gasteiz) y en vísperas del relevo en Diputación, Bidegi y las UTE firman la liquidación final. En el tramo Eskoriatza-Arlaban, por ejemplo, se les pagan 40 millones más.

NOVIEMBRE DE 2014

La Diputación liderada por Bildu presenta la primera querella por el caso, que es admitida a trámite en Azpeitia inmediatamente ante la constatación de indicios delictivos. Lo mismo ocurre con una ampliación posterior y con una segunda querella por otro tramo. Son imputadas cinco personas: el entonces director técnico de Bidegi y responsables de las UTE e ingenierías de cada tramo de la AP1. La cantidad investigada inicialmente es de 3,4 millones pero acaba superando los 30.

MARZO DE 2015

Las Juntas Generales de Gipuzkoa cierran una comisión de investigación sin tiempo apenas de desarrollo por la inminencia electoral. El PNV sostiene en todo momento que se trata de una «denuncia falsa» de Bildu.

ABRIL DE 2015

El Juzgado encarga a la Ertzaintza, en su condición de Policía Judicial, un informe pericial sobre las principales cuestiones denunciadas. Después de las primeras tomas de declaración, la instrucción empieza a ralentizarse.

JUNIO DE 2015

Tras la reconquista de la Diputación por parte del PNV, esta institución pasa de querellante a defensora de los imputados. Cambia los abogados y encarga un informe exculpatorio, que registra en enero de 2016.

ABRIL DE 2016

La Ertzaintza presenta su pericial sin resultados concluyentes y situando la pelota en otros tejados. Seis meses después, declara concluida su labor.

JUNIO DE 2017

Haciendo balance, el Juzgado cuenta con dos dictámenes contradictorios (presentados paradójicamente ambos por Diputación), que puede considerar como de parte, y con uno encargado a la Ertzaintza que no aclara nada. Este peritaje queda pendiente y la instrucción se prorroga cinco años más.